| De
manera temporal, hasta que se decida
el fallo final |
Suspenden
las cartas que piden
verificar estatus de trabajadores |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
 |
La
demanda está sustentada en que
el envío de cartas a los empleadores
para que verifiquen el estatus legal
de sus trabajadores afectaría incluso
a ciudadanos y residentes legales.
Foto: Adrian Meshad
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Millones de trabajadores en todo el país
que temían perder sus puestos de trabajo
al no poder probar que están autorizados
para trabajar legalmente en Estados Unidos
podrán continuar tranquilos con sus
labores, por lo menos de forma temporal,
luego de que un juez federal suspendiera
la puesta en marcha de un plan del gobierno
para castigar a los empleadores que contraten
indocumentados.
El juez federal Charles Breyer, luego de
diez días de haber bloqueado provisionalmente
la medida con el propósito de analizar
la demanda presentada por la confederación
sindical AFL-CIO y la Unión Estadounidense
de Libertades Cívicas (ACLU), la Cámara
de Comercio y otras organizaciones empresariales
y sindicales coincidió con los demandantes
al considerar que el envío de cartas
de verificación de elegibilidad para
trabajar tanto de la Administración
del Seguro Social conjuntamente con la del
Departamento de Seguridad Interior (DHS,
por sus siglas en inglés) afectaría
tremendamente a los trabajadores, muchos
de ellos residentes legales y ciudadanos
estadounidenses.
El plan original establecía que a
partir del mes de septiembre los empleadores
recibirían cartas “no match” o
de “no correspondencia” en las
cuales notifican que los nombres declarados
en sus nóminas no coinciden con los
números de Seguro Social presentados.
La regulación también incluye
una serie de pasos que debe seguir el empleador
para corregir la información en sus
planillas en un plazo de 90 días,
de lo contrario deberían despedir
a sus empleados que no puedan cumplir con
el requisito para evitar recibir elevadas
multas y estrictas sanciones.
"
Los demandantes han demostrado que se verán
afectados de una manera irreparable si le
permite al DHS implementar la nueva norma",
escribió Breyer al bloquear la medida.
El juez señaló que esta decisión
temporal tendrá vigencia hasta que
la Corte decida el fallo final.
Reacciones
Por su parte el secretario del Departamento
de Seguridad Interior, Michael Chertoff,
anunció en un comunicado estar “decepcionado
con la decisión de la Corte y que
se encuentran revisando la decisión
con el Departamento de Justicia y están
examinando todas sus opciones, incluso la
apelación”.
“
El presidente Bush fue claro el pasado mes
de agosto al decir que estamos haciendo todo
lo administrativamente posible para asegurar
nuestras fronteras y hacer cumplir la leyes
de inmigración. La reciente resolución
del juez es otrto recordatorio de por qué necesitamos
que el Congreso apruebe una reforma comprensiva
de inmigración”, agregó Chertoff.
Ante la decisión del juez Breyer no
se hicieron esperar las reacciones de las
organizaciones pro inmigrantes quienes aplaudieron
el fallo temporal.
“
La decisión del juez Breyer de detener
al Homeland Security de usar las cartas ‘No-Match’ para
hacer cumplir leyes de inmigración,
es una victoria la cual detendrá la
discriminación innecesaria en contra
de trabajadores y la cual también
detendrá el caos en nuestra economía.
La corte reconoce que al implementar políticas
de aplicación sólamente basadas
en bases de datos antiguos y no muy precisas,
no arreglarán nuestro sistema de inmigración
roto.”
“
La idea de hacerle la vida imposible a estos
trabajadores al hostigarlos con el uso de
cartas ‘no-match,’ redadas y
otros tipo de hostigamientos, es no sólo
inhumano, sino también irracional”,
manifestó Héctor Figueroa,
Secretario-Tesorero de la Local 32BJ que
representa a más de 85,000 trabajadores
de servicio a propiedades, la mayoría
de ellos inmigrantes, en Nueva York, Nueva
Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Maryland,
Virginia y Washington, DC.
| Después
se mata en una escuela de Cleveland,
Ohio |
Alumno
abalea a 5 personas
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Una
de las alumnas heridas durante el tiroteo
en la escuela SuccessTech Academy,
de Cleveland (Ohio) es llevada hacia
una ambulancia, el miércoles
10. Foto: Tony Dejak / AP
|
Joe Milicia
Cleveland, Ohio / AP
Un estudiante suspendido de 14 años
abrió fuego en una escuela secundaria
el miércoles 10, hirió a cuatro
personas y posteriormente se mató,
dijeron las autoridades.
Un condiscípulo en la SuccessTech
Academy reveló que Asa H. Coon, suspendido
dos días antes por pelear, había
formulado amenazas frente a estudiantes y
profesores la semana pasada.
"
Está loco. Amenazó con provocar
una explosión en nuestra escuela.
Amenazó con acuchillar a todos",
dijo Doneisha LeVert. "No le dimos importancia",
añadió.
Coon estaba armado con dos revólveres
calibre 38, y la policía encontró un
bolso deportivo con municiones y tres cuchillos
en un baño, dijeron las autoridades.
Los padres estaban furiosos porque habían
ingresado armas en una escuela dotada de
detectores de metales, que según los
estudiantes se usaban de manera intermitente.
“
Mamá, me dieron un balazo”
Después del tiroteo, los consternados
adolescentes utilizaron sus teléfonos
celulares para llamar a sus padres, la mayoría
para tranquilizarlos informándoles
que se encontraban ilesos, pero al menos
uno de ellos con una noticia aterradora: "Mamá,
me dieron un balazo".
Coon había sido suspendido el lunes
8 por pelear, dijo Charles Blackwell, presidente
de la asociación de estudiantes y
padres de la escuela.
Añadió que el alumno entró a
la escuela, que funciona en un edificio reciclado
de cinco pisos, y atravesó gradualmente
los dos primeros pisos, de oficinas administrativas,
hasta el tercero, donde hay aulas.
"
Nadie sabe cómo entró",
indicó Blackwell.
El alcalde Frank Jackson dijo que tres jóvenes
y dos adultos resultaron heridos. Los adolescentes
están en "buenas condiciones,
estables", señaló, y los
adultos no se encuentran tan bien.
La policía reportó que había
tomado el control de la SuccessTech Academy
y que el único sospechoso se había
suicidado.
Las víctimas
El alcalde anunció que dos varones,
de 14 y 17 años, estaban heridos,
al igual que dos adultos, de 42 y 57, y una
adolescente de 14 años que se tropezó y
se lastimó la rodilla cuando intentaba
salir corriendo de la escuela.
El adulto de 57 años es un profesor
y se encuentra fuera de peligro, dijo Eileen
Korey, portavoz del Centro Médico
Metro Health. Indicó que el estudiante
de 17 años se encuentra estable, y
que el estado de los otros pacientes era
reservado.
Los estudiantes se colocaron frente al edificio,
muchos de ellos llorando, abrazándose
y llamando por teléfono. Otros le
gritaban a los periodistas y a las cámaras
de televisión que los dejaran en paz.
| Por
resolución antiinmigrante |
Demandan
al condado
de Prince William
|
Mitizi
Macias
Washington Hispanic
 |
César
Perales (izq.), presidente de PRLDEF
señaló que la ordenanza
destroza las bases de la vida en América.
Junto a él, Eduardo Ferrer,
representante de Howrey LLP. Foto:
Adrián
meshad
|
Dieciséis individuos en representación
de sus menores hijos y el Comité de
Trabajadores de Woodbridge presentaron oficialmente
una demanda contra el condado de Prince William,
su Junta de Supervisores, el Ejecutivo del
condado y el jefe de la policía con
el propósito que se declare inconstitucional
una resolución aprobada el pasado
10 de julio que busca negar servicios a los
inmigrantes indocumentados y otorga poderes
a la policía para que verifique el
estatus legal de los individuos que sean
detenidos.
La demanda está representada por Howrey
LLP, El Fondo de Educación y Defensa
Legal de Puerto Rico (PRLDEF, por sus siglas
en inglés) y el Comité de Abogados
de Washington por los Derechos Civiles y
Asuntos Urbanos.
“
Esta ordenanza, la cual expresa los peores
instintos de sólo unos pocos en el
condado está destrozando las bases
de la vida comunitaria. A los niños
latinos se les debería enseñar
que pueden confiar en la policía y
no temerles porque se pueden llevar a sus
padres”, expresó César
Perales, presidente y consejero general de
PRLDEF.
La demanda fue presentada en la Corte del Distrito
del Este de virginia y señala que la
resolución que se pretende implementar
por la Junta de Supervisores es una violación
a la Constitución de Estados Unidos,
los estatutos federales y a las leyes de Virginia.La
demanda también sostiene que esta medida
generará discriminación y viola
la cláusula que exige protección
por igual para todos bajo lo estipulado por
en la Constitución.
“
Esta resolución demuestra un ánimo
perturbador hacia lo inmigrantes que contradice
lo que es América, una nación
de inmigrantes. Esta resolución promueve
la discriminación racial y está causando
un gran temor e intranquilidad entre ciudadanos
y residentes que viven en el condado de Prince
William”, expresó Laura Varela,
directora del proyecto de derechos civiles
e inmigración del Comité de Abogados
de Washington.
El proceso
El pasado martes dos de octubre se logró que
la Junta de Supervisores aplazara la votación
para decidir cuáles serían los
servicios que se negarían a los indocumentados
en el condado señalando que necesitaban
más tiempo para estudiar y analizar
el impacto de la puesta en marcha de la regulación.
Este resultado fue tomado como una victoria
parcial entre la comunidad inmigrante en el
condado que bajo el liderazgo de la organización
sin fines de lucro, Mexicanos sin Fronteras
han estado luchando desde que se presentó por
primera vez la resolución para lograr
su anulación.
Como parte de la campaña de rechazo
a esta propuesta antiinmigrante el pasado martes
nueve de octubre se realizó un paro
de labores y una caravana por las calles principales
del condado para expresar el sentir de una
comunidad trabajadora que se siente perseguida
y hostigada.
“
Durante todo este tiempo la Junta ha tomado
decisiones que no responden a lo que realmente
piensa y siente el pueblo de Prince William.
Nosotros seguiremos luchando y presentaremos
una demanda oficial contra el condado si las
autoridades se niegan a escuchar y respetar
nuestros derechos”, manifestó a
Washington Hispanic, Ricardo Juárez,
representante de Mexicanos sin Fronteras durante
la audiencia pública el pasado martes
nueve de octubre donde se logró aplazar
hasta el próximo 16 de octubre la decisión
final de la Junta de Supervisores del condado
de Prince William.
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