Por: María Elena Salinas

María Elena Salinas

Parecía una solución sencilla. Si el gobierno federal no logra resolver los problemas provocados por el resquebrajado sistema migratorio, entonces las ciudades tomarían la ley en sus propias manos aprobando ordenanzas locales que les harían tan difícil la vida a los indocumentados que se irían de allí. Así es como decenas de municipios a través del país intentaron resolver el lío. Sin embargo, ahora algunas de esas ciudades están reconsiderando su estrategia.

Entre aquellos que están dando marcha atrás a sus leyes contra los inmigrantes está el municipio de Riverside, en Nueva Jersey. Fue el primero en el estado en aprobar una legislación que multaría a quienes emplearan o proporcionaran una vivienda a inmigrantes indocumentados. Pero su ley nunca pudo ser implementada. No sólo fue retada en las cortes por grupos de derechos civiles, sino que las autoridades locales no tardaron en darse cuenta que el costo social, económico y legal de seguir adelante con su ordenanza podría ser mayor que sus ventajas. Riverside empezaba ser conocida como una ciudad racista.

Se cree que la mitad de los casi de ocho mil residentes de Riverside eran indocumentados, mayormente de Portugal y del Brasil. Echarlos de la ciudad llevó al cierre de varios negocios y causó la escasez de trabajadores elegibles en ciertas industrias. No valía la pena, decidieron, gastar miles y miles de dólares en defender lo que parecía indefendible, arriesgar el presupuesto de la ciudad y caer en la bancarrota. Después de todo, Riverside podría enfrentar el mismo destino que Hazleton, Pensilvania.

En Hazleton, los esfuerzos para multar a los negocios que emplearan a trabajadores indocumentados y a los propietarios que alquilaran residencias fueron declarados anticonstitucionales en las cortes, no una sino dos veces. Otras ciudades, como Farmers Branch (Texas) y Valley Park (Missouri) también han tenido que revisar algunas de sus posiciones en contra de los inmigrantes, luego que fueran cuestionadas legalmente.

Más recientemente, en el condado de Prince William (Virginia), la junta de supervisores tuvo que diluir su decisión de negar todos los servicios a los indocumentados y convertir a sus policías en virtuales agentes de inmigración por dudas sobre su legalidad. Su postura provocó una serie de protestas de distintos sectores. Activistas pro inmigrantes y grupos de derechos civiles convocaron a un paro laboral por un día para mostrar lo mucho que el condado depende de la mano de obra de los inmigrantes y hasta entablaron una demanda para declarar las medidas inconstitucionales.

Las autoridades allí se han dado cuenta que sus nuevas ordenanzas vendrían a un precio tan elevado que podrían verse obligados a aumentar los impuestos. Al igual que en otras ciudades donde se han aprobado leyes antiinmigrantes, los negocios en el Condado de Prince William han sufrido los efectos de las mismas y muchos residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses de origen hispano han expresado indignación por el nivel de tensión racial que se palpa en el ambiente.

A principios de este mes el gobernador de Colorado, Bill Ritter, reconoció que muchos inmigrantes legales han abandonado su estado debido a las severas leyes antiinmigrantes aprobadas el año pasado. La industria agrícola ha sido particularmente afectada al perder la mitad de sus trabajadores. Los agricultores allí podrían perder hasta 60 millones de dólares en los próximos dos años, según el buró de agricultores de Colorado. La solución, según Ritter, es una reforma federal de inmigración.

Hay tantos ejemplos de las siniestras consecuencias de las leyes antiinmigrantes como hay medidas diseñadas para acabar con los trabajadores indocumentados. Si la intención era deshacerse de ellos, pues en algunos casos lo están logrando. Nadie quiere, sean legales o no, tener que aguantar los rechazos, el hostigamiento, las amenazas y la persecución. Pero estos esfuerzos están resultando ser contraproducentes y están creando la sensación de un estado de sitio contra una diversa comunidad multiétnica que contribuye mucho más de lo que le quita al país. La ola antiinmigrante podría comenzar a dar un giro cuando quienes la apoyan se den cuenta de que los inmigrantes son el alma de este gran país y que el tratar de eliminarlos tendrá un alto precio.

(*) Conéctese a www.mariaesalinas.com. (c) 2007 by Maria Elena Salinas