| Empresario
Jorge Mufarech reactiva denuncia en DC |
Red
de corrupción de Fujimori sigue
activa en Perú, denuncian en OEA
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Jorge
Mufarech Nemy muestra en el Club Nacional
de Prensa, en DC, los titulares de la prensa
de su país, a los que califica de "campaña
demolición" contra su persona.
Foto: Adrián Meshad/ Washington Hispanic
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Nelly Carrión
Washington Hispanic
La Comisión de Derechos
Humanos de la OEA empezó a ver el jueves
19, en una audiencia, el caso presentado por
el empresario, Jorge Mufarech Nemy, contra el
Estado peruano, para determinar su admisibilidad
y pasarla a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Se trata de un caso que se considera “muy emblemático” pues,
según los analistas políticos, representa la situación
de muchos peruanos que están atravesando por los rezagos de lo que dejaron
el ex presidente de ese país, Alberto Fujimori, y su asesor Vladimiro
Montesinos, en el aparato del Estado.
En esta entrevista, el acusador –con 45 años como empresario-,
da a conocer la dramática experiencia que vivió y sigue viviendo
en el Perú, y señala que el sistema no se ha reorganizado, a
pesar de los esfuerzos realizados por los ex mandatarios Valentín Paniagua
y Alejandro Toledo.
El fondo de la denuncia es que “el aparato del Estado con el cual gobernó Toledo
es el mismo de Fujimori… Toledo cambió ministros pero toda la
gente de Fujimori permanece en el sistema”.
Washington Hispanic: ¿Por
qué usted reactiva una denuncia contra
el Estado peruano que hizo hace seis años,
si ese caso ya fue solucionado a su favor?
Jorge Mufarech: En primer
lugar, gracias por la entrevista. En segundo
lugar, nunca fue solucionado. Eso fue lo que
el Estado peruano le ha dicho a la OEA,
engañando y dando información
falsa. Nosotros hemos tenido acceso a esa informacion
recientemente. Por eso hemos reactivado la
denuncia sobre esta persecución, que
presentamos a la OEA en el año 2000
a raíz de una denuncia que me hizo Carmen
Higaonna, entonces Superintendente Nacional
de Aduanas.
W.H.: Pero, ¿cuál
sería el interés de ligarlo a la
corrupción?
J.M.: Es muy simple. Cuando
denuncié la corrupción en la época
de Fujimori, yo presenté pruebas, con
documentación acreditada, de que en
la Aduana se estaban evadiendo impuestos y
que entraba contrabando, que había corrupción
y que existía una mafia en la Aduana.
Yo renuncié al cargo de ministro, al
que llegué por invitación de
Fujimori, cien días después de
asumir el cargo.
W.H.: ¿Y
por qué renunció?
J.M.: Porque ya era insoportable
e imposible convivir con un gobierno que protegía
a ese corrupto. Pero apenas pasaron dos días
hasta que hicieron un operativo marino que
consistió en inmovilizar 800 embarcaciones,
nacionales e internacionales, que en ese momento
estaban navegando en toda la costa del Perú.
Se dijo que yo tenía dos yates que habían
ingresado de contrabando. Era sólo un
yate, con un bote de goma que tenía
atrás, que ellos le decían el
segundo yate. Y era falso. Pero el yate que
no ingresó navegando sino por el puerto,
en un trailer desde donde se lo bajó,
pasó la aduana, pagó sus impuestos
y quedó inscrito en la capitanía
del puerto. Sin embargo, la señora Higaonna,
que era la jefa de Aduanas, ni siquiera se
tomó el trabajo de verificar esos datos
y de frente hizo el operativo. Se movilizó a
dos mil personas, más o menos, de las
aduanas, ministerios públicos, Marina
de Guerra, tripulantes de dos fragatas…
W.H.: Como
si usted fuera un delincuente…
J.M.: ¡No, un delicuente
no! ¡Ni al más grande narcotraficante
de la historia del mundo le hicieron eso! Una
de las fragatas misileras se colocó en
la madrugada delante de mi yate, frente a la
costa de Santa María, con 200 a 300
marineros a bordo. Desde una de las fragatas
llegó un helicóptero, cuyo personal
se fue descolgando al bote de goma. Todo filmado,
porque ellos pensaban que iban a descubrir
un yate de contrabando. ¡Y por el yate
se había pagado todos sus impuestos!
No les quedó otra cosa que pedir disculpas.
W.H.: ¿Le
pidieron disculpas, entonces?
J.M.: Bueno, se armó una
campaña periodística en contra
del gobierno. Y se disculparon con todos… menos
conmigo. Eso fue a los dos días de mi
renuncia. A los cinco días hacen
otro operativo, el de denunciar a un carro
Jaguar usado, del año 1992, ingresado
en el año 1999 y que, según el “Blue
Book” estaba valorizado entre 10 y 15
mil dólares. Lo importan con cinco años
de uso, ¿y qué sucede?, que inventan
una factura falsa.
W.H.: ¿Una
factura falsa sobre el Jaguar?
J.M.: Mire, le han dado cuatro
mil vueltas al Jaguar. Al carro lo valorizaron
en 18 mil dólares, la supervisora lo
puso en 27 mil, y mis hijos pagaron esos 27
mil dólares, porque yo no estaba manejando
el tema. Como este auto lo usaba mi esposa
para ir a Chile, porque mis hijos estudiaban
allá, pues se lo traen. El problema
es que, cuando yo ví que pagaron 27
mil dólares, les dije, “oigan, ¿por
qué mejor no lo devolvieron, si ese
carro en el Perú vale 30 mil dolares,
con todo? ¿Cómo van a pagar 17
mil dólares sólo por aduanas,
más 1.500 de transporte y 1.500 a la
supervisora?, ¡están locos!”.
Uno de mis hijos me dijo, “papá,
ya estaba el carro acá, si lo devolviamos
iba a ser un problema”. Yo me encontraba
con mi madre, que estaba mal de salud, y cuando
mi hijo me repitió “papá,
ya se hizo, en Chile no se podia vender”,
dije, “bueno, está bien”.
W.H.: ¿Allí termina
la historia…?
J.M.: No, porque de repente,
un día salen con la noticia de que había
una factura de 40 mil dólares (por el
Jaguar), una factura que ha quedado comprobado
que era falsa. Las autoridades chilenas demostraron
que la factura legal emitida en Chile por las
autoridades que exportaron el carro decía
18 mil dólares. Entonces, ¿cómo
no voy a estar envenenado yo? A mi mujer la
hacen ir a declarar ante e fiscal. A mis hijos
los han llevado hasta el Congreso…
W.H.: ¿Le
fabricaron una denuncia?
J.M.: En un sólo día.
El fiscal le pasa al juez, el juez al fiscal
superior, el fiscal superior al vocal de la
sala superior. Y todo en un día. No
hay sellos, lo hicieron todo a mano y en los
tres días de plazo que yo tengo para
ver el expediente ya había sido denunciado
en el primer dia, porque lo hicieron para poder
tacharme como miembro del Congreso en ese entonces.
W.H.: ¿Y
tenían sustento legal para hacerlo?
J.M.: Sí, porque había
una ley que sacaron contra Alan García,
como se lo dije un día. Le dije, “oiga
Alan, la bala que dispararon contra tí me
cayó a mí”. Esa ley la
hizo ‘Popy Olivera’ contra Alan
García, pero nunca lo pudieron acusar
fiscalmente y utilizaron después esa
ley inconstitucional –felizmente la derogaron
después-, contra mí. Me denunciaron
fiscalmente y con eso pusieron la tacha. La
tacha la formuló la señora Nora
Flores, a quien yo había denunciado
en la Aduana como la corrupta que había
trabajado todas las donaciones de Fujimori.
Entonces fabrican esas denuncias para tacharme.
Una vez que me tachan consiguen el objetivo,
me sacan de la línea política.
W.H.: ¿En
que situación se encuentra en el Perú el
caso del Jaguar?
J.M.: Legalmente está resuelto,
por la Corte Suprema, con cinco votos a cero,
el 5 de diciembre del año 2000. Por
eso me presenté en 2001.
W.H.: Entonces, ¿cuál
es el problema?
J.M.: Eso es lo que me preguntó un
día el presidente Alejandro Toledo: “oye, ¿por
qué te molestan si hay tanta gente que
se robó millones de la época
de Fujimori y están en la calle? ¿Por
qué se meten contigo por cinco mil dólares
que no pagaste de impuestos?”. “Cuidado
Alejandro –le repliqué-, yo pagué impuestos
demás y a mí no me vengan a decir
ahora que evadí impuestos”. El
tribunal fiscal determinó que yo había
pagado todos mis impuestos, ordenó a
la Aduana que anulen todas las multas y yo
pagué demás.
W.H.: Lo
que llama la atención es que se trata
de un caso juzgado, resuelto archivado…
J.M.: Archivado, no se puede
tocar más.
W.H.: ¿Por
qué entonces los medios de prensa se permiten
continuar esa campaña?
J.M.: Es que yo he chocado
con ellos.
W.H.: ¿Lograron
su objetivo sus acusadores?
J.M.: Hasta el año
2001, cuando Alejandro Toledo me invitó nuevamente
a postular, entonces postulé, saqué la
tercera votación en el Congreso y desde
ahí comencé a investigar todas
las redes de corrupción y me encontré con
todos los enemigos poderosos, porque yo solamente
choco con grandazos, no me meto con chiquitos.
W.H.: ¿Cuál
es la finalidad de la denuncia que usted vuelve
a presentar contra el Estado peruano en la OEA?
J.M.: Queremos demostrar que
la red de corrupcion de Fujimori sigue, está activa,
y que en esa red siguen trabajando jueces,
fiscales, procuradores…
W.H: ¿Quiere
decir que según usted la corrupción
no terminó con Fujimori?
J.M.: Yo
he denunciado actos de corrupción en
la época de Fujimori, pero también
lo he hecho en la época de Toledo, porque
hemos investigado en el Congreso y nos encontramos
una figura central en todo este caso y es José Ugaz
Sánchez Moreno, un hombre que ha estado
inclusive varios años en Estados Unidos,
en Washington. El es uno del propietarios de
un estudio de abogados en Perú vinculado
a investigaciones cuando él era procurador
del Estado.
Así se llevaron
los “vladi-videos”
El empresario Jorge Mufarech señala que hay una actitud de eliminarlo
de toda investigación en su país debido a que él investigó cómo
se robaron los comprometedores videos de las maletas del ex presidente Alberto
Fujimori.
W.H.:¿Cómo
salieron esas maletas?
J.M.: ¿Como
salieron, no? ¡Cómo se las llevaron!
El procurador Ugaz es el que recibió la
orden del juez Vargas Infante para realizar
el allanamiento en la casa de Montesinos. Ugaz,
en vez de devolver las maletas inmediatamente,
se queda con las 130 y tantas maletas y cajas
en Palacio de Gobierno y ahí es donde
han desaparecido videos de jueces y empresarios.
Con eso asumimos que está chantajeándose
a mucha gente. Ugaz es abogado de El Comercio
y es un hombre de Fujimori desde el año
92 y después lo nombra como procurador
para que investigue también a Montesinos.
Y cuando lo mandan a hacer el allanamiento
a la casa de Montesinos, quien dirige el operativo
es Fujimori. Y hoy Fujimori está a puertas
de poder regresar a Perú nuevamente.
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| Entrega de premios Letelier–Moffitt del Instituto de Estudios Políticos |
Duros tiempos para la lucha por los derechos humanos |
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La actriz y activista, Vanessa Redgrave, hizo entrega simbólica del Letelier–Moffitt Human Rights Award a Maher Arar, ciudadano canadiense víctima de abusos a los derechos humanos.
Álvaro Ortiz/Washington Hispanic |
Felipe Lagos
Washington Hispanic
Este no ha sido un buen año para los activistas de derechos humanos. Es poco creíble que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, la que lucha por la democracia y la libertad, tenga una política que justifique y aliente no sólo la existencia de cárceles secretas, sino la tortura como método válido para obtener información de inteligencia en la llamada “guerra contra el terror” (como ejemplo, sólo hay que ver la reciente ley sobre tribunales militares firmada por el Presidente Bush).
Sin embargo, aún quedan estadounidenses que se preocupan por los derechos fundamentales de las personas. Así se pudo comprobar en la entrega de premios de Derechos Humanos Letelier–Moffitt, que el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) lleva a cabo cada año para honrar a personas e instituciones que toman las banderas de la justicia y el cese de los atropellos políticos.
El premio lleva los nombres de dos miembros de IPS, el diplomático chileno Orlando Letelier y la estadounidense Ronnie Moffitt, víctimas en 1976 de un atentado explosivo ordenado por el servicio secreto del ex dictador Augusto Pinochet, ocurrido en pleno Embassy Row de Washington, D.C.
Este año, en su ceremonia número 30 realizada en el National Press Club, el centro de estudios distinguió a Maher Arar y al Centro de Estudios Constitucionales con su premio internacional; y a la Campaña de Renovación de la Costa del Golfo, por su trabajo con las víctimas del huracán Katrina en el plano doméstico.
Los premiados
La historia del ciudadano canadiense Maher Arar estuvo en todos los periódicos hace algunos meses. En 2002, fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York impidiéndosele entrar al país. Arar fue deportado a Siria, donde fue torturado en múltiples ocasiones.
Posteriormente, al no encontrársele vínculos con grupos terroristas, fue dejado en libertad.
Este año, un informe canadiense concluyó que la detención de Arar fue totalmente arbitraria, culpando a los servicios estadounidenses y de Canadá por el error.
El gobierno norteamericano aún no ha limpiado el nombre de Arar, por lo que no pudo conseguir visa para recibir el premio de IPS.
El premio fue entregado en forma simbólica por la destacada actriz y activista de derechos humanos, Vanessa Redgrave, quien dijo estar orgullosa en la forma que Arar había levantado su voz para hacer presente esta injusticia.
Arar agradeció su premio a través de un video grabado con anterioridad, donde relató brevemente sus días de cautiverio. “Cuando me dijeron que iba a Siria, me quise matar, porque sabía que allí se practica la tortura. Cuando me sacaron la venda de los ojos y vi los carteles con la imagen del presidente sirio, supe que lo peor estaba por llegar. Mi vida cambió desde ese momento para siempre”, dijo antes de quebrarse emocionalmente.
Asimismo, el Centro de Derechos Constitucionales recibió el premio por su trabajo defendiendo a los detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba. Su presidente, Michael Ratner, dijo que si se tuvo que esperar 30 años para que los responsables por el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt fuesen llevados a la justicia, su grupo de trabajo estaba dispuesto a esperar otras tres décadas para identificar y juzgar a los que están cometiendo violaciones a los derechos humanos hoy en Guantánamo.
En el plano doméstico, la Campaña de Renovación de la Costa del Golfo obtuvo el premio Letelier–Moffitt por su constante apoyo a las víctimas del Huracán Katrina.
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