| Inquilinos
habitan viviendas en ruinas |
| Concejal
de DC saca a la luz
deplorable situación de edificio |
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| El
concejal Jim Graham pidió autorización
a un juez para ingresar al edificio y revisar
los apartamentos que fueron cerrados con
candados. Foto Adrián Meshad/Washington
Hispanic. |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
Al llegar a la puerta del edificio localizado
en el 1773 de la calle Lanier NW, Washington
DC, no sabíamos si entrar o esperar afuera
porque a simple vista el edificio no ofrecía
garantías. La puerta principal estaba
sujeta con una guía telefónica
de páginas amarillas para que no se cerrara
totalmente, cuando de pronto apareció un
inquilino, quien amablemente nos dijo que podíamos
entrar. Así lo hicimos, pero nuestra sorpresa
fue al encontrar un edificio de apartamentos
en situación deplorable en el corazón
de Washington DC. Humedad y pintura corroída
por todas partes, tuberías rotas, pisos
y techos que se caían a pedazos, sistema
de calefacción inservible, vidrios y marcos
de puertas y ventanas completamente rotos era
el ambiente al interior del edificio.
Pero, lo peor es que no se trata de un edificio
abandonado sino de un lugar que alberga unidades
de vivienda las cuales están ocupadas
en un 50 por ciento.
Por esta razón y en defensa de la integridad
de los inquilinos esta semana el concejal Jim
Graham del Distrito I, jurisdicción a
la cual pertenece el edificio, decidió tomar
cartas en el asunto y defender los derechos de
los residentes.
“
Notificamos al dueño y quedamos en reunirnos
el pasado miércoles para inspeccionar
el edificio. Lejos de cumplir con la cita, encontramos
los apartamentos desocupados cerrados con candados”,
cuenta a Washington Hispanic, el concejal Jim
Graham, quien desde un comienzo ha demostrado
su interés por mantener viviendas a bajo
costo en el Distrito y evitar el desplazamiento
de residentes. De inmediato, el concejal solicitó a
un juez de la ciudad que le permitiera ingresar
a los apartamentos sin la autorización
del dueño. La petición fue aceptada
el viernes 21 de octubre y el lunes a primera
hora con la orden del juez en la mano el concejal
Jim Graham logró ingresar y revisar personalmente
los apartamentos.
“
El propietario quería esconder este desastre
a los inspectores de la ciudad, pero no lo podíamos
aceptar. Lo único que ha querido hacer
el dueño es presionar a los inquilinos
para que desocupen, para ello ha hecho sus vidas
deplorables”, dijo Graham.
Según el presidente de la asociación
de inquilinos, Ted Pawlik, los problemas empezaron
cuando en el 2001 el dueño trató de
aumentar el precio del alquiler de los apartamentos. “Nosotros
apelamos a ciertos beneficios como inquilinos
y no pudo subirnos el alquiler. Por esta razón
el dueño dejó de dar mantenimiento
al edificio y poco a poco el problema se hizo
peor. Su intención es desalojarnos y lo
ha logrado en parte porque este edificio tenía
27 unidades de vivienda ocupadas y actualmente
sólo permanecen habitadas un total de
13”, manifestó Pawlik.
En estos momentos están a la espera de
que el inspector de la ciudad revise los apartamentos
para luego iniciar el proceso de compra del edificio
por parte de la asociación de inquilinos.
Ellos están trabajando de la mano con
Mi Casa, una organización sin fines de
lucro dedicada a ayudar a personas de ingresos
limitados a comprar su vivienda.
“
No somos pobres, pero tampoco estamos en condiciones
para comprar un condominio si el dueño
decide venderlo por unidades. Somos un clásico
ejemplo de lo que está sucediendo en DC
donde los dueños de edificios que albergan
a personas trabajadoras como nosotros, por años,
ahora quieren desalojarnos para vender a un precio
mucho más elevado del que podrían
vendernos a nosotros”, expresó Pawlik.
| Gobierno
pide disculpas por falsa acusación |
Dan
millón de dólares por
abuso a familia hispana
|
Victor
Caycho
Washington Hispanic
Al
borde de las lágrimas
encontramos, tres años atrás,
el 15 de enero de 2002, a un trabajador salvadoreño,
Miguel Velásquez, quien tenía
una confusión de sentimientos cuando
reveló su caso a través de
Washington Hispanic.
Durante una entrevista exclusiva ofrecida junto
a su esposa estadounidense Alice, en su apartamento
de Suitland, Velásquez confesó sentirse
entre triste e indignado. Triste, porque le
habían arrebatado la custodia de su
hija Liliana, desde cuando ella tenía
apenas cuatro meses de edad.
 |
| Miguel
Velásquez y su esposa Alice posan
con sus hijas Liliana (derecha) y Thalia,
cuando recuperaron la custodia de ellas,
en enero de 2002. El padre había sido
acusado falsamente de abuso infantil. Foto:
Archivo Washington Hispanic |
Pero
al mismo tiempo, dijo que le brotaba la cólera y la indignación por el
abuso que pesaba sobre él, “por
el hecho de ser hispano”, tras haber
sido acusado falsamente de maltratar a su adorada
hija, hasta el punto de haberle quebrado sus
pequeños huesos.
“
Fue una acusación absurda, sin nombre,
donde se combinaron la negligencia médica
y la discriminación por parte de algunos
funcionarios”, nos dijo en esa oportunidad.
Tres años después, todo ha cambiado
para la familia Velásquez. El 14 de
octubre pasado, el gobierno federal, a través
de los abogados civiles de la procuraduría
de Maryland, acordó pagar cerca de 1
millón de dólares a los esposos
Miguel y Alice, en compensación por
los daños y perjuicios ocasionados.
Según el acuerdo, el gobierno federal
entregará 400.000 dólares a Miguel,
una suma similar a Alice y los 150.000 dólares
restantes que se reservarán para
Liliana.
En nombre del gobierno de Estados Unidos,
el Juez de la Corte del Distrito de Baltimore,
Richard D. Bennett, ofreció disculpas
públicas a la familia, que hoy vive
en la ciudad de Martinsburg, localizada
en Virginia Occidental.
“
No importa el dinero, lo importante es que
me siento mucho mejor ahora que mi nombre ha
quedado limpio de esa acusación”,
afirmó Miguel Velásquez, junto
a su esposa Alice. Ambos tienen tres hijos,
dos mujercitas –Liliana y Tahlia-, de
seis y cuatro años de edad, respectivamente,
y el menor, Korbin, de un año.
El extraño caso
La familia enjuició al estado por el
abuso de algunas autoridades, la negligencia
médica en una dependencia del hospital
naval de Bethesda y la evidente discriminación
racial por parte de algunos funcionarios.
El dramático caso salió a luz
en calidad de primicia en nuestra primera página
de la edición del 18 de enero de 2002.
En 1999, cuando la pequeña Liliana tenía
2 meses y medio de nacida, sus padres, el salvadoreño
Miguel Velásquez y su esposa Alice,
originaria de Indiana, la llevaron a un chequeo
médico en el mencionado nosocomio.
Ellos estaban alarmados porque la niña
mostraba una extraña protuberancia en
uno de sus huesos. El médico que los
atendió les dijo que no se preocuparan
pues se trataba de unos depósitos
de calcio.
Como no encontraron satisfactorio ese
diagnóstico,
la pareja llevó a Liliana para que le
practiquen un examen de Rayos X, pero al retornar
al consultorio se encontraron que los esperaba
personal militar, el cual sin mayores explicaciones
encerró a Miguel en un cuarto
aislado.
“
Yo no sabía lo que estaba pasando pues
todo se decía en inglés; pero
cuando logré salir, una hora después,
encontré a mi esposa llorando y me dijo
que le habían encontrado fracturas a
la niña”, recordó Miguel
en sus declaraciones a Washington Hispanic.
Después lo volvieron a encerrar, “mientras
personal médico y administrativo me
preguntaban a gritos qué le había
hecho a su hija”.
La discriminación
“
Creo que sólo porque era hispano me
trataban así”, añadió.
Horas más tarde, trasladaron a Liliana
al hospital Walter Reed, pero a Miguel no lo
dejaron acompañarla y él siguió a
la ambulancia en su coche. Pero al llegar ya
estaban esperándolo varios oficiales
de la policía de Alexandria así como
personal de Servicios Sociales de ese condado.
Meses después, gracias a la intervención
de una “hermana” de la iglesia
mormona, a la que ellos pertenecen, se enteraron
que la pequeña Liliana sufría
de una rara enfermedad denominada “osteogenesis
imperfecta”. Cuando hablaron con los
médicos, al parecer ellos recién
se enteraron de la existencia de esa enfermedad.
Dicho mal provoca las fisuras de los huesos,
por causas que todavía están
en investigación.
Mientras tanto, en el Walter Reed la tragedia
continuó para Miguel Velásquez,
pues siguieron interrogándolo en inglés,
no aceptaron intérpretes e insistían
en que confiese haber golpeado a su hija.
Después de cinco días de interrogatorios
lo llevaron a la Corte de Alexandria, donde
el juez determinó que no se había
cometido abuso infantil, pero como no encontraban
explicación a su enfermedad dictaminaron
que la bebé no pudiera retornar al
hogar.
La batalla judicial fue prolongada, pero
finalmente “triunfó el
sistema legal”, como afirmó el
juez Bennett el 14 de octubre, tras fallar
el acuerdo de indemnización a favor
de la familia Velásquez.
Como en aquella oportunidad, Miguel Velásquez,
rodeado de su esposa y sus tres hijos, se mostró complacido
porque el calvario había terminado y
expresó su esperanza de que “en
adelante, ninguna otra familia latina sea víctima
de abuso y discriminación en este país”.
| Gobernador
de VA espera recomendaciones |
Tejada
entre los designados
para implementar el “Real ID”
|
Mitzi Macias
washington Hispanic
 |
| Walter
Tejada, miembro de la junta de Arlington expresó a
Washington Hispanic que su presencia en el
grupo de trabajo representa un balance para
garantizar una implementación justa
de la ley. Foto Adrián Meshad/Washington
Hispanic. |
El miembro de la junta del condado
de Arlington, Walter Tejada, fue designado por
el gobernador de Virginia, Mark Warner, para integrar
el grupo de trabajo que deberá evaluar la
implementación de la ley conocida como el “Real
ID”. Esta ley aprobada el pasado mes de mayo,
establece estandarizar las licencias de conducir,
y exigir como requisito previo una constancia que
certifique la presencia legal en Estados Unidos
para poder solicitar el documento.
El grupo de trabajo está integrado por un
total de 13 personas, entre las que se encuentran
dos hispanos, Walter Tejada y Tanya M. González,
el enlace hispano de la ciudad de Richmond. Este
equipo de trabajo deberá estudiar los costos
e impactos de la implementación de la ley,
la calidad de servicios que ofrece el Departamento
de Motores y Vehículos de Virginia (DMV,
por sus siglas en inglés), además
la seguridad y la privacidad de todas aquellas
personas que soliciten o lleven consigo una licencia
de conducir.
“
Integrar este grupo es un reto difícil,
porque el clima en Virginia es netamente antiemigrante.
Por esta razón mi rol consiste en dar un
balance al interior del grupo de trabajo para implementar
la ley de una manera justa perjudicando lo menos
posible al inmigrante y evitar que sea víctima
de algún tipo de discriminación”,
explicó a Washington Hispanic, Walter Tejada.
Por ejemplo entre los logros del miembro de la
junta de Arlington está que consiguió que
se aprobara que en las licencias de conducir no
aparezca la palabra “Extranjero” como
un distintivo. En lugar de eso, logró que
se aprobara que la diferenciación se realizaría
a través de la disposición de un
número. “Tuve que pelear y pedir que
la medida llegue a las manos del abogado del gobernador,
que finalmente dispuso que se otorgara un número.
Esta es una forma más digna de identificación”,
aseguró Tejada.
Por otro lado Walter Tejada también señaló que
trabajará para que se incluya entre las
recomendaciones la aceptación de la Tarjeta
Consular como documento de identificación
al momento de solicitar una licencia de conducir.
Por su parte la mayor preocupación del gobernador
es de qué manera enfrentará el estado
el impacto económico. Se estima un costo
aproximado de 700 millones a un billón de
dólares a nivel nacional. El Congreso ha
propuesto aproximadamente 100 millones de dólares
en fondos para ser distribuidos entre los estados.
“
Desafortunadamente el Congreso aprobó una
ley sin realizar una consulta apropiada a los estados.
Ahora Virginia y otros estados deberán supervisar
muy de cerca las nuevas regulaciones y desarrollar
estrategias para poder cumplir con la ley”,
señaló Mark Warner.
Antes de ser aprobado el “Real ID”,
el estado de Virginia ya había dado los
primeros pasos para restringir el acceso a las
licencias de conducir al establecer mayores y más
estrictos requisitos, como son la prueba de presencia
legal y verificación del número de
seguro social.
Ahora este grupo de trabajo, presidido por el comisionado
del DMV, D.B. Smit, también tendrá que
evaluar cuál será la mejor forma
de implementar el “Real ID” y presentar
un reporte al gobernador con todas sus recomendaciones
el próximo 31 de diciembre.
Se estima que el “Real ID” sea implementada
por completo en todos los estados durante los próximos
tres años. Por lo pronto los trámites
para solicitar una licencia de conducir son los
establecidos en cada estado.
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