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En Guatemala
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Un vendedor de caramelos guatemalteco camina junto a un bus incendiado durante una protesta contra el incremento del precio de transporte, en San Juan Sacatepequez, Guatemala. Foto: REUTERS/Daniel LeClair.
Incendian buses en protesta por alza en precio de transporte



Dos buses incendiados, 12 destruidos y al menos diez personas intoxicadas fue el saldo de una protesta en el municipio de San Juan Sacatepéquez, al Oeste de Ciudad de Guatemala, cuyos pobladores se manifestaron este martes contra un aumento en el precio del transporte público.

Los intoxicados, entre ellos algunos periodistas, fueron atendidos en el lugar por los bomberos, luego de que agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC) utilizaron gases lacrimógenos para disolver la manifestación en la que los inconformes se lanzaron sobre los buses y les prendieron fuego o los golpearon.

Los transportistas del departamento de Guatemala (central), amparados en un aumento del precio del diesel como consecuencia de la escalada en los precios internacionales del petróleo, acordaron unilateralmente la semana pasada incrementar 50 centavos de quetzal (unos siete centavos de dólar), el precio del pasaje, que era de tres quetzales ($0,42).

Este incremento se da únicamente para las rutas de los municipios del departamento de Guatemala hacia la capital pero no en las rutas interurbanas (dentro de la capital).

El presidente de Guatemala, Óscar Berger, aseguró la noche del lunes que esperan que los transportistas bajen el precio del pasaje a su tasa anterior para así poder buscar una solución que no afecte la economía de los guatemaltecos.

Entre tanto, representantes del Ejecutivo mantienen reuniones con los transportistas capitalinos para encontrar una solución al problema. Hasta el momento los autobuseros han rechazado la propuesta del Gobierno de otorgarles un incremento de 10 millones de quetzales ($1,2 millones al subsidio de 18 millones de quetzales ($2,3 millones) que las autoridades entregan al sector entre octubre y diciembre.

El representante de los transportistas, Luis Gómez, explicó que solicitarán al gobierno que les incremente en 15 millones de quetzales ($1,9 millones) en el subsidio pero, si no es aceptada su propuesta, aumentarían nuevamente el precio del pasaje en las rutas que aún no lo han hecho.

Según Gómez, si no se logra una solución satisfactoria suspenderían el servicio de transporte urbano, aún cuando están seguros de que eso representaría perder el subsidio del gobierno guatemalteco cuya entrega está pendiente.
Diversas protestas de menor intensidad se han registrado en distintos municipios guatemaltecos desde la semana pasada, en protesta contra el aumento del pasaje.

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Fiscalía acusa al presidente nicaragüense de delitos electorales
Recae otra acusación contra Bolaños



La Fiscalía de Nicaragua pidió a la policía investigar si el presidente Enrique Bolaños cometió delitos electorales durante la campaña de elecciones municipales que se decide este 7 de noviembre, informó el miércoles 27 una fuente oficial.

Las pesquisas buscan determinar si el mandatario realizó proselitismo político a favor de su partido Alianza por la República (Apre) durante un evento televisado el pasado 18 de octubre, anunció la fiscal electoral Blanca Salgado. La investigación fue solicitada por un ex aliado del gobierno Leonel Teller e incluye a los ministros del gobierno que hicieron campaña a favor de Apre durante la transmisión televisada.

Según Teller, en su intervención el mandatario llamó a los nicaragüenses a no votar por los candidatos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), ni del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) con los que mantiene un conflicto de intereses.

" Votemos por lo que sea, pero que sea en contra del amarre, pacto, o como se llame de los dos caudillos (opositores). Ni por los candidatos de uno, ni por los candidatos del otro", dijo Bolaños en alusión al PLC y el FSLN, principales contendientes de los comicios municipales del 7 de noviembre.

Teller denunció además, que algunos ministros, exhibieron durante el acto sus diez dedos frontalmente, para pedir a la gente que votara al séctor 10 de APRE, una agrupacion política del gobierno. La ley electoral establece que la persona que utiliza bienes propiedad del Estado para hacer propaganda política o que se aprovecha de sus funciones para presionar a sus subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse, será sancionado con arresto de uno a dos años.

Esta es la segunda investigación que la Fiscalía abre contra Bolaños por delitos electorales. La primera pesquisa se realizó en el 2002 cuando un juez capitalino ordenó investigar a Bolaños y su vicepresidente José Rizo por presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2001.

El 28 de octubre del 2002 la Fiscalía formalizó la acusación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pidió al Congreso que se pronunciara sobre la inmunidad de ambos dignatarios para abrir un proceso, pero el caso aún no ha sido resuelto.

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