Por
Larry Lucas
Nuevamente, el miembro del Consejo del Distrito
de Columbia David Catania ha demostrado que no
reconoce el valor de los medicamentos. El Sr. Catania
ha presentado una propuesta de ley que podría
atentar contra la relación médico-paciente.
Queda pendiente ante el Consejo del Distrito de
Columbia su Propuesta de Ley de Recetas Seguras
de 2007 (Safe Rx Act of 2007), la cual contiene
una amplia gama de provisiones que podrían
afectar la calidad del cuidado médico en
el Distrito de Columbia.
Es la provisión del “consentimiento
informado” de esta legislación lo
que atenta contra la relación médico-paciente.
Sencillamente, el Sr. Catania, no debería
interferir con la capacidad de los médicos
para trabajar con sus pacientes y decidir qué medicamentos
son mejores para ellos. Despues de todo, la decisión
de recetar medicamentos está basada tanto
en el conocimiento científico y clínico
del médico como en su familiaridad con el
paciente.
Esta propuesta también entraría en
conflicto con la ley de Medicaid, la cual permite
la cobertura de usos farmacéuticos aprobados
por la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA por sus siglas en inglés) o patrocinados
por compendios médicos reconocidos.
Por otro lado, la propuesta de ley del Sr. Catania
requeriría la licenciatura de los propagandistas
o representantes médicos de las companías
farmacéuticas y cuyo trabajo es explicar
a los médicos la información acerca
de los medicamentos y cómo estos funcionan.
Esta provisión de ley tiene el potencial
de interferir con la educación de los proveedores
de salud al crear cargosos requisitos. Estos representantes
médicos entrenados
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técnicamente, y algunos
de los cuales son profesionales de la salud,
ya tienen prohibido discutir información
no incluída en las etiquetas de los productos
aprobados por la Administración de Drogas
y Alimentos. Además
de esto, los representantes y las compañías
a las que representan están sujetos a
leyes “contragolpes” (anti-kickback)
y a otras provisiones criminales y civiles aplicadas
por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos.
De hecho, hace más de cinco años,
la organización de Investigación
Farmacéutica y Manufacturera de América
(Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America; PhRMA por sus siglas en inglés),
decretó una guía para asegurar
que la comunicación entre compañías
de investigación farmacéutica y
los médicos permanezca enfocada en las
necesidades de los pacientes.
La ley propuesta por el Sr. Catania con relación
a los datos que guardan los médicos recetantes
ignora la importancia de estos datos para detectar
el uso inapropiado de medicamentos (recreativos),
y para asegurar que muestras gratuitas de medicamentos
sean distribuídas a médicos con
pacientes que necesiten estas medicinas en particular.
Además, esta propuesta pasa por alto el
hecho de que restringir el acceso a este tipo
de datos hace más difícil para
las compañías el proveer informes
rápidos de productos farmacéuticos
retirados del mercado, y podría obstaculizar
el reporte de posibles efectos secundarios a
la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA).
(*) Larry Lucas es el vice-presidente de
la organización
de Investigación Farmacéutica y
Manufacturera de América (PhRMA).
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Inmigración
y crimen: una falsa relación |
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Por:
Benjamin E. Johnson / NewsUSA
Los funcionarios de gobierno locales, estatales
y federales suelen ignorar el hecho de que el
aumento de la inmigración no genera mayores
tasas de criminalidad. En consecuencia, el público
a menudo termina siguiendo leyes basadas en mitos
y estereotipos, y los inmigrantes se convierten
en chivos expiatorios de muchos problemas sociales
de la nación.
Uno de los prejuicios más generalizados
sobre los inmigrantes es que tienen más
probabilidades de cometer crímenes predatorios
que los estadounidenses. Falso. De hecho, los
inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer
crímenes o terminar tras las rejas de
una cárcel que los estadounidenses.
Desde comienzos de la década de 1990,
la inmigración ilegal e indocumentada
a Estados Unidos alcanzó máximos
históricos, mientras que las tasas de
crímenes violentos y crímenes relacionados
con la propiedad disminuyeron drásticamente.
Entre los hombres de 18 a 39 años, que
representan la gran mayoría de la población
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de
las prisiones, la tasa de encarcelamiento de
los estadounidenses es mucho mayor que la de
los individuos nacidos en el extranjero, según
el Bureau of Justice Statistics y el Departamento
de Justicia de Estados Unidos.
Durante los últimos diez años,
se produjo una inmigración indocumentada
de gran escala a Estados Unidos. Esto creó problemas
administrativos y fiscales considerables para
los gobiernos locales y estatales, y agravó los
problemas de las escuelas superpobladas y la
falta de acceso al cuidado de la salud en las
comunidades donde viven los inmigrantes. Sin
embargo, no aumentaron las tasas de criminalidad.
No obstante, el mito aún existe e incluso
floreció en el clima de miedo posterior
a los ataques del 11 de septiembre, en el cual
el terrorismo y la inmigración indocumentada
van de la mano. Este miedo es uno de los principales
fundamentos de las disposiciones establecidas
en la Ley Patriota de Estados Unidos de 2001,
que permite el arresto, el encarcelamiento y
la deportación de quienes carecen de la
ciudadanía sin revisión judicial. |
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