Por: María Elena Salinas

Hemos escuchado sus historias desgarradoras. Hemos visto sus rostros con lágrimas en los ojos. Pero apenas ahora tenemos una mejor idea de como miles de niños han sido afectados por la detención y deportación arbitraria de sus padres durante las redadas de inmigración.
Un exhaustivo informe publicado por el Consejo Nacional de La Raza y el Instituto Urbano muestra como los niños pagan el precio más alto por el actual debate migratorio y por las prácticas de mano dura que han intensificado las autoridades de inmigración.

Miles de inmigrantes indocumentados han sido arrestados y deportados durante el último año, pero los investigadores del estudio se concentraron en tres ciudades donde se realizaron redadas masivas en los sitios de trabajo. Estuvieron en Greeley, Colorado; Grand Island, Nebraska; y New Bedford, Massachussets. Entrevistando a decenas de personas lograron obtener una visión de primera mano sobre las repercusiones de las redadas.

Uno de los hallazgos más importantes fue la enorme cantidad de niños que han resultado afectados. Por cada dos adultos arrestados un niño quedó atrás. Entre los 900 adultos arrestados, estaban los padres de más de 500 niños. Dos terceras partes de esos niños son ciudadanos de Estados Unidos y una cantidad similar son menores de 10 años de edad.

Después de la reacción inicial de indignación por la separación de las familias, agentes de inmigración empezaron a liberar a algunos de los detenidos que son padres solteros por razones “humanitarias”, pero muchos fueron retenidos durante una noche o por varios días. Algunos fueron enviados a centros de detención en otros estados. En ocasiones los arrestados no tuvieron acceso a teléfonos y ni pudieron hacer los arreglos pertinentes para el cuidado de sus niños.

El impacto a corto plazo -según el estudio- es que familiares cercanos y organizaciones comunitarias tuvieron que arreglárselas para asumir en parte el cuidado de los niños y lidiar con la falta de alimentos, pañales y ropa para los menores. El impacto a largo plazo es más inquietante. Tanto los niños como quienes los cuidaban temporalmente, enfrentaron dificultades económicas y el trauma psicológico causados por los arrestos y por la incertidumbre de no saber si los padres volverán y cuando.

El estudio se concentró en niños, según el informe, porque “ellos tienen el mayor derecho de reclamar la protección de la sociedad, especialmente cuando son ciudadanos y están integrados a sus escuelas y comunidades”. Para muchos de ellos, Estados Unidos es el único país que han conocido.

Nora Sandigo no podría estar más de acuerdo. La empresaria nicaragüense convertida en activista de inmigración se ha convertido en una máquina de lucha por los derechos de los niños que corren el riesgo de quedarse solos como consecuencia de las redadas. Sandigo ha estado defendiendo los derechos de los inmigrantes desde que fundó la organización comunitaria Fraternidad Americana en 1989, en Miami.

Pero ahora más que nunca lleva un peso grande sobre sus hombros. A ella le ha sido otorgada la custodia legal –como Guardia por Extensión- de más de 600 niños hijos de inmigrantes indocumentados de distintas partes del país. Se calcula que alrededor de 5 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen por lo menos un padre indocumentado.

Sandigo está dispuesta a pelear para evitar la separación de estos niños de sus padres por cualquier frente. Se reunió recientemente con miembros del Comité Hispano del Congreso y logró que se comprometieran a presentar un proyecto de ley que intente bloquear las deportaciones y les otorgue a los padres indocumentados de niños nacidos en Estados Unidos una visa por cinco años renovable hasta que sus hijos estadounidenses los puedan reclamar.

Pero eso no es todo. Ella ha llevado su lucha hasta el más alto tribunal de la nación. Una demanda legal fue presentada ante la Corte Suprema a nombre de cientos de niños alegando que sus derechos civiles, humanos y constitucionales han sido violados por la detención y deportación de sus padres y exigen una moratoria en las redadas.

Por fortuna existen organizaciones e individuos en este país que están velando por los derechos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Pero un país que mantiene como su meta central educativa el no dejar atrás a ningún niño, necesita darse cuenta de cómo sus políticas y prácticas migratorias no sólo están dejando atrás a millones de niños inocentes sino que además están poniendo en riesgo su futuro y bienestar.

(*) Conéctese a www.mariaesalinas.com. (c) 2007 by Maria Elena Salinas