Por: Harry M. Reid (*)

Hace pocas semanas el presidente Bush nominó al Juez Samuel A. Alito para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos. Felicito al Juez Alito por este importante honor, y prometo que los Demócratas del Senado ayudaremos a asegurar un proceso de confirmación digno y minucioso.
Conforme examino el proceso de confirmación con una mente abierta, incluso en esta etapa temprana, tengo un número de preocupaciones significativas que quiero compartir con mis colegas.

Primero, esta selección del presidente no fue el producto de una consulta con los Demócratas del Senado. En dos ocasiones anteriores, el presidente Bush invitó al senador Leahy y a mí persona a la Casa Blanca para discutir el futuro de la Corte Suprema. Sentí que el presidente escuchó seriamente nuestros puntos de vista, y me pareció que entendió que el trabajo de llenar vacantes judiciales es una responsabilidad constitucional que él comparte con el Senado.
Pero esta vez, en lugar de una invitación a la Casa Blanca, recibí nada más que una llamada telefónica de protocolo, casi una hora antes de que el presidente anunciara su nominación. Es más, el presidente sí consultó sobre la nominación del Juez Alito, pero no conmigo o con el Senador Leahy. De acuerdo a reportes de la prensa, la Casa Blanca consultó ampliamente con los activistas conservadores para asegurar que el presidente Bush no los defraudará con su elección. Sitios web conservadores recibieron la noticia sobre la nominación de Alito antes de que cualquier Demócrata del Senado fuera informado.

El consultar no es solo una cortesía. Es una forma en la que el presidente puede asegurar que los candidatos para puestos vitalicios en la Corte Suprema reciban un apoyo amplio y bipartidista en el Congreso.

La segunda razón por la cual tengo preocupaciones tempranas sobre esta nominación es que ésta representa un abandono del principio de que la Corte Suprema debería estar conformada por individuos altamente calificados de diferentes procedencias, con diferentes experiencias y herencias.

Es muy sorprendente que el presidente Bush haya escogido a un hombre para reemplazar a Sandra Day O’Connor, la primera de sólo dos mujeres que han sido nombradas para la Corte Suprema. Hoy, a diferencia de hace 24 años cuando la misma O’Connor fue nominada, más de la mitad de las estudiantes de leyes de la nación son mujeres. Hay un incontable número de mujeres en los tribunales, en puestos de elección popular, en firmas de abogados, y sirviendo como decanas de escuelas de leyes. No puedo creer que el Presidente haya buscado a lo largo de la nación y que no haya podido encontrar a una mujer calificada para su elección. Quizás no fue capaz de encontrar una nominada calificada que a la vez satisfaga al ala de extrema derecha del Partido Republicano.

Al mismo tiempo, y por tercera vez, el presidente Bush rechazó la oportunidad de hacer historia nominando al primer hispano a la Corte. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los hispanos de todo Estados Unidos para ver a alguien nominado a la más alta corte de la nación que comparta su herencia étnica y sus experiencias comunes?

Todos coinciden que Sam Alito es un hombre decente y que sus colegas lo estiman. Ha dedicado toda su carrera legal al servicio público, y merece admiración por eso. A lo largo del proceso de confirmación yo trabajaré para asegurar que el Juez Alito sea tratado con civismo y respeto. Pero no es irrespetuoso pedir una revisión justa y con la mente abierta cuando se trata de la visión de un nominado sobre la Constitución y su compromiso con los valores esenciales de los Estados Unidos como igualdad, privacidad y justicia. Tengo confianza de que el Comité Judicial del Senado, bajo el hábil liderazgo de los senadores más antiguos, de Pensilvania y Vermont, harán una labor maravillosa de iluminar el historial y las opiniones del Juez Alito. El resto del Senado, y el resto de la nación estarán prestando atención.

(*) Líder Demócrata del Senado; representa al estado de Nevada.

El 60 aniversario del juicio contra los nazis

Por Deborah Cole
El histórico proceso de 21 dirigentes nazis que se abrió hace 60 años en Nuremberg fue el primer juicio a ex gobernantes de un país por crímenes de guerra y de lesa humanidad e hizo evolucionar el derecho internacional.

Un año más tarde, en diciembre de 1946, el derecho aplicado a Nuremberg se convirtió en derecho internacional –bajo el nombre de los "principios de Nuremberg"-, que inspiraron recientemente la creación de la Corte Penal Internacional.
Los jerarcas del régimen nazi debían responder, en ausencia de Adolfo Hitler, a tres cargos: "crímenes de lesa humanidad", "crímenes de guerra" y "crímenes contra la paz".

A la demanda de Estados Unidos, potencia ocupante en el sur de Alemania, la ciudad de Nuremberg fue elegida para ser sede de las audiencias, debido al símbolo que representaba el recuerdo de las concentraciones del partido nazi.

En la apertura del juicio, en noviembre de 1945, las medidas de seguridad fueron excepcionales. El tribunal estaba conectado a través de un subterráneo a una sala especial, donde los detenidos eran vigilados las 24 horas del día, lo que no impidió que el número dos del régimen nazi, Hermann Goering, se suicidara envenenándose el 15 de octubre de 1946, la víspera de su ejecución.