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Con participación del voto latino

Elecciones decisivas


Norma Rivera, de origen salvadoreño, es un ejemplo del compromiso de los hispanos durante la jornada electoral. El año pasado pidió permiso en su trabajo para ejercer su derecho al voto en las elecciones realizadas en Virginia. Foto Archivo/Adrián Meshad.




Después de intensas campañas a nivel nacional, regional y local para promover el voto hispano en las elecciones del próximo martes 7 de noviembre, nos encontramos ya en la cuenta regresiva para ser testigos del verdadero impacto del sufragio latino en el destino político de Estados Unidos. Este 7 de noviembre, no sólo se decidirá en manos de quién reposará el próximo Congreso sino también se podrían reafirmar líderes políticos hispanos a nivel local como en el estado de Maryland, donde aspiran a la reelección Ana Sol Gutiérrez, William Campos, Víctor Ramírez. Del mismo modo, esperan ser electos Joselyn Peña para delegada estatal y Nancy Navarro para la Junta de Educación de Montgomery. Entre los puestos políticos de mayor jerarquía que se elegirán este 7 de noviembre están el próximo alcalde de Washington D.C. , al gobernador de Maryland y un Senador, así como una vacante para Senador de Virginia, donde el voto latino también puede marcar la diferencia, si se comprometen a participar activamente en el proceso electoral.

Según investigaciones en Estados Unido,s hay cerca de 44.6 millones de hispanos de los que se calcula que sólo 5.7 millones están inscritos para votar. Otras proyecciones señalan que poco más de 17 millones son elegibles para el sufragio.

A nivel local, la delegada Ana Sol Gutiérrez señaló que la participación de los latinos en las elecciones primarias “fueron una verdadera vergüenza”. Como ejemplo, dio a conocer las cifras que corresponden a su jurisdicción (Distrito 18 de Montgomery, que incluye Wheaton, Silver Spring, Kensington, y Chevy Chase), donde la participación de un total de 7,646 latinos inscritos para votar sólo alcanzó el 26 por ciento. “Esto significa que tres de cada cuatro hispanos que pudieron votar decidieron simplemente no asistir a las urnas”, señaló en un comunicado Gutiérrez.

“Para las elecciones generales, no podemos quedarnos en casa o en nuestros trabajos ignorando las consecuencias  tan serias y dañinas que implica continuar con el Congreso actual,” dijo la delegada.


Gutiérrez también expresó que sólo a través del voto los latinos pueden expresar su rechazo a aquellos candidatos que han promovido una política anti inmigrante a todo nivel.

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En su propósito por establecer medidas antiinmigrantes

Denuncian a la ciudad de Manassas por
violar ley de privacidad de escolares latinos


Cuatro familias, tres de ellas de origen latino, denunciaron esta semana a la ciudad de Manassas por haber violado la Ley del Derecho de Privacidad de Familia (FERPA, por sus siglas en inglés), en su afán por investigar la conformación de las familias que viven bajo un mismo techo y ejecutar su cuestionada y discriminatoria provisión de planificación urbana que pretendía limitar el número de ocupantes de una vivienda.

Las familias representadas por la firma de abogados Beveridge & Diamond P.C. y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos de Washington presentaron formalmente sus quejas ante el Departamento de Educación de Estados Unidos, con el propósito de detener este tipo de acciones y que la ciudad de Manassas reciba una sanción.

“No buscamos soluciones a título personal, pero queremos que se le ponga un alto a la ciudad en sus intentos por aplicar medidas antiinmigrantes en especial contra la población hispana”, dijo a Washington Hispanic Michael Caesar, coordinador de proyectos del Centro por la Igualdad de los Derechos (ERC, por sus siglas en inglés),  organización que descubrió las violaciones cometidas por la ciudad de Manassas.

El hallazgo de esta práctica ilegal se realizó en el proceso de investigación de las actividades discriminatorias en el tema de la ocupación de las viviendas iniciado por el ERC.

La acusación señala que la ciudad de Manassas divulgó documentos estudiantiles confidenciales a los inspectores de la ciudad para hacer cumplir las leyes de planificación urbana que pretendían implementar y que gracias a la intervención oportuna de un juez quedaron sin efecto.

“Ellos buscaban la información de los escolares con apellidos latinos con la intención de hallar escolares con diferentes apellidos, pero que habitaban el mismo domicilio. Esta información la utilizaban para enviar a los inspectores de vivienda y zonificación para que supervisen quiénes ocupaban la vivienda”, explica Michael Caesar.

Según FERPA, las instituciones educativas que reciben fondos federales tienen prohibido divulgar documentos estudiantiles o información que pueda ser usada para identificar a un individuo o una familia, sin obtener permiso de los padres.

“Los residentes de Manassas confían en que sus representantes gubernamentales los protejan, cumplan la ley y sean honestos. Los padres quieren que cualquier información sobre sus hijos se mantenga confidencial como la ley requiere. Estos actos son inapropiados pues la información ha sido utilizada de manera deplorable. Ahora el alcalde y sus seguidores están tratando de convencer, sin ninguna vergüenza que los verdaderos culpables son las víctimas de los errores de los funcionarios. Los ciudadanos de Manassas tienen el derecho de estar indignados”, expresó el rabino Bruce E. Kahn, director ejecutivo del ERC.

Policía local rechaza entrenamiento del ICE
Esta semana, el concejo de la ciudad de Manassas aprobó una resolución a través de la cual los oficiales de los Centros de Detenciones de Adultos recibirán un entrenamiento del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ejecutar la ley de inmigración.

En un primer momento, los concejales buscaban que la decisión también se aplique al interior de la policía local, pero las fuerzas del orden local decidieron rechazar la iniciativa.
“Esta decisión no afectará a la policía local porque la institución ha señalado que mantiene muy buenas relaciones con la comunidad inmigrante y no quieren perjudicar su trabajo para combatir el crimen”, expresó a Washington Hispanic, el administrador de la ciudad, Lawrence D. Hughes.

Hughes también agregó que el objetivo de esta iniciativa es identificar a los criminales de nuestras comunidades y que estos pueden ser “documentados o indocumentados”.
Las autoridades de la ciudad de Manassas tratarán también de convencer a las autoridades de Manassas Park y del condado de Prince Williams para implementar su iniciativa en toda el área en mención.

Esta decisión movilizó de inmediato a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, como Mexicanos sin Fronteras que manifestaron a Washington Hispanic que no se quedarán con los brazos cruzados. Por lo pronto, han pedido una reunión con el jefe de la policía del condado de Prince Williams y preparan una manifestación comunitaria en las próximas semanas.

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Manifestantes hacen retroceder a la policía mexicana

Gran batalla en calles de Oaxaca


Manifestantes voltean un vehículo frente a efectivos de la Policía Federal mexicana, a quienes finalmente obligaron a retroceder frente a la Universidad Benito Juárez, el jueves 2.
Foto: Henry Romero / REUTERS

Al cierre de esta edición, y tras seis horas de choques con gases, bombas incendiarias y chorros de agua, la Policía Federal mexicana (PFP) fue obligada por miles de manifestantes y vecinos de Oaxaca (sur) a replegarse del punto donde horas antes habían desmontado una estratégica barricada opositora.

El repliegue de la policía se produjo ante la llegada de grandes grupos de colonos a la zona de la ciudad Universitaria, lo que provocó la retirada de las fuerzas del orden.

El movimiento de izquierda que ha mantenido en jaque a la ciudad mexicana de Oaxaca (sur del país) perdió el jueves 2 su última gran barricada, desalojada por la policía federal (PFP), a la que acusan de incurrir en excesos y ante el cual lanzan un "S.O.S a todos los pueblos del mundo".

Cientos de elementos de la PFP desalojaron la última de las cuatro grandes barricadas de la opositora Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que mantenía bloqueada una importante vía cercana a la Universidad Benito Juárez, la principal del estado, lo que desencadenó una guerra de piedras, cócteles molotov y gases.

La acción de la PFP motivó al instante algunos roces a distancia con jóvenes encapuchados que lanzaron objetos y bombas incendiarias, pero, unas dos horas después los choques, subieron en intensidad, con un saldo de decenas de heridos en ambos lados.

Sangriento choque
Unos 200 jóvenes, aparentemente estudiantes, se agruparon en las cercanías de la universidad, prendieron fuego a vehículos pesados y desencadenaron una auténtica lluvia de piedras, bombas incendiarias, petardos y distintos objetos contra los policías, que retrocedieron y respondieron con gases lacrimógenos y piedras.

La PFP mantiene, desde el domingo 29, un despliegue de 4.500 hombres en Oaxaca, estado sacudido por una ola de descontento social en reclamo de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

Algunos miembros de la APPO y grupos simpatizantes se mantienen en el interior de la Universidad, donde utilizan la radio como principal fuente de comunicación y coordinación.

La PFP no tiene facultades legales para ingresar al campus universitario y sólo podría hacerlo por orden judicial o ministerial.

SOS al mundo
Previo a este operativo, la APPO acusó a las fuerzas federales de violar las garantías individuales de los simpatizantes del movimiento, ante lo cual pidió ayuda al mundo.

"La APPO lanza un S.O.S. a todos pueblos de México y pueblos del mundo" para que "lancen un llamado urgente al gobierno federal para que cese la represión", dijo la directiva del movimiento, en una reunión con el arzobispo de la ciudad la noche del miércoles 1. El jueves la Iglesia Católica aceptó mediar en el conflicto.

La APPO aseguró tener una lista de 79 detenidos, distribuidos en cárceles de todo el estado. Los familiares de algunos de ellos denunciaron tras hablar con sus parientes que estos sufrieron detenciones arbitrarias, torturas e incomunicación.

Además, los opositores acusaron a las fuerzas de seguridad de efectuar al menos 64 "allanamientos de morada", al entrar en casas sin portar uniforme ni insignias, para hacer detenciones, y de haber instalado "seis retenes ilegales" en todo el estado con el mismo objetivo.

La APPO, cuyo control en Oaxaca queda reducido a barrios de la periferia y vialidades secundarias de la ciudad, teme también que se desencadene una ola de represalias por parte de grupos de choque del partido del gobernador, el Revolucionario Institucional (PRI).

"Sabemos que sí están preparando (represalias) incluso los propios grupos paramilitares que desde siempre ellos han manejado (...) y pretenden agredir a este movimiento", denunció el portavoz de la APPO, Florentino López.

Caen presuntos victimarios de
camarógrafo estadounidense
Los presuntos responsables de la muerte del camarógrafo estadounidense Bradley Will, durante los disturbios en Oaxaca, fueron detenidos y presentados ante las autoridades judiciales, informó el jueves 2 el gobierno de ese distrito mexicano.

"Se logró establecer la presunta responsabilidad de Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello en el hecho", informó en un comunicado la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, al dar cuenta de las investigaciones de la muerte de Bradley, el pasado viernes 27 de octubre en un tiroteo en Oaxaca.

Santiago Zárate es regidor (legislador local) de una comunidad oaxaqueña y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el gobernador Ulises Ruiz, cuya renuncia es exigida por el movimiento social de izquierda de la Asamblea del Pueblo de Oaxaca (APPO).

Aguilar Coello es jefe de escoltas del regidor del PRI.

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Casos estremecen a Montgomery

Arrestan adolescentes
con pistolas y bomba

Dos escolares de 13 y 14 años de edad fueron encontrados con una pistola y su correspondiente munición el viernes 27 de octubre, en el interior de la escuela donde ambos estudian, en Bethesda (Maryland). Y el martes 31, un maestro logró arrebatar, antes de explotar, una bomba casera de las manos de otro alumno, cuando se disponía a abordar el ómnibus escolar, esta vez en Rockville.

Estos hechos hicieron colmar la paciencia de los miembros del Concejo del Condado de Montgomery, quienes se reunieron de inmediato para contemplar la aplicación de medidas de prevención en toda la jurisdicción.

El mismo martes, dicho gobierno local acordó urgir a las Escuelas Públicas del Condado “a desarrollar un plan de acción para la preparación, uso y conocimiento público de un Reporte de Seguridad Escolar, como un camino para uniformar y diseminar la información acerca de serios incidentes que ocurran en el sistema escolar”.

Gran preocupación
Los casos protagonizados por los mencionados escolares causaron gran preocupación entre las autoridades policiales y educativas.

El primero sucedió el viernes 27 de octubre y determinó que efectivos del Segundo Distrito del Condado arresten a un escolar de 13 años de edad residente en Silver Spring, y a otro de 14 años que vive en Rockville. Ambos fueron acusados como delincuentes juveniles por los cargos de llevar un arma mortífera dentro de una propiedad escolar y siendo menores de 21 años de edad, por poseer munición, venta ilegal y transferencia de un arma de fuego y por conspiración.

Los dos menores, cuya identidad se guarda en reserva, por razones obvias, fueron internados en el centro Alfred D. Noyes.

La investigación determinó que ellos llegaron hasta la escuela Foundation, ubicada en el 5701 de Grosvenor Lane, en Bethesda. Un maestro descubrió el arma y la respectiva munición en el estuche para útiles escolares de uno de los alumnos.

Los detectives verificaron que el escolar de 14 años llevó la pistola y las balas desde su casa y la entregó al de 13 años, para que lo tenga ese fin de semana. Posteriormente, la policía encontró otras cuatro armas de fuego y munición en la casa donde vive dicho adolescente.

“Botella-bomba”
El martes 31, alrededor de las 2:30 p.m., se descubrió un hecho aún más insólito, luego de que afortunadamente un maestro de la escuela Mark Twain, de Rockville, vio que uno de los alumnos llevaba un objeto sospechoso cuando se aprestaba a ingresar al bus escolar.

Entonces se acercó y observó que tenía una botella oculta, que alcanzó a arrebatarla. En ese momento, el material químico en el interior de la botella empezó a accionar y el profesor alcanzó a arrojar el artefacto momentos antes de que estallara.

Agraciadamente, no se registraron daños personales, pero, un portavoz de los bomberos de Montgomery dijo que la bomba casera hubiera podido causar lesiones a los estudiantes que estaban dentro del vehículo escolar, si hubiera estallado allí.

La policía aún no tiene evidencias de lo que dicho adolescente pensaba hacer con el peligroso artefacto, pero dijo que el muchacho puede enfrentar una pena máxima de 25 años en prisión.

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