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Reforma migratoria nos deja varios pasos atrás




A principios de 2007, varios activistas pensábamos que éste sería el año en que una reforma migratoria iba a ser posible. El sentido de oportunidad y victoria era tal que algunos debates eran sobre cómo obtener lo máximo y no ceder en lo mínimo. Para asegurarlo, surgían ideas tales como “boicots” a la economía y se desdeñaban posiciones más cautas que aceptaban conceptos legislativos de “legalización en fila india”.

El movimiento pro-inmigrante continuó embutido en la petición basada en que los trabajadores indocumentados merecen un trato humanitario; que aportamos mucho a la economía; que es una tradición judeo-cristiana de ayudar al extranjero entre nosotros y que Estados Unidos es una nación de inmigrantes. En algunos casos, se buscaba consenso bajo la premisa de la seguridad nacional: es mejor saber quién esta acá –legalizando a indocumentados-, que dejarlos en las sombras, sin saber lo que hacen.

La verdad es que aunque los indocumentados no tengan papeles su presencia es visible y pública. Diariamente salen a trabajar, usan el transporte público; viajan en automóviles por las calles y carreteras; dan su trabajo y reciben su cheque o dinero en efectivo de sus empleadores, consumen productos y pagan impuestos. No son las personas sin documentos las que están “en las sombras” sino sus derechos y responsabilidades. Ese el reto presente para los legisladores y candidatos presidenciales (demócratas y republicanos).

Los antiinmigrantes se enfocan en que hay que controlar las fronteras; que los inmigrantes aumentan los costos de los presupuestos públicos; que aumentan los crímenes; que afectan los valores de la propiedad (supuestamente por vivir muchos en las viviendas); que mantienen los salarios bajos para “otros americanos” y que no son un beneficio para la economía. Es más, últimamente impulsan el concepto de cerrar espacios a los indocumentados para que se autodeporten. Su discurso de control de las fronteras, lo unen al llamado de que Estados Unidos vuelva a ser un “país de respeto a las leyes”.

Es en este contexto que pasaremos al próximo año en que tanto los partidos políticos (ambos) y los candidatos presidenciales evitarán el tema de la reforma a las leyes de inmigración; y si lo mencionan, lo tomarán como una inconveniencia en vez de una responsabilidad que tienen para resolver el tema. Desde hace varios meses –después del fracaso de verano en el Senado-, se habla que en 2008 el tema no se tocará en el Congreso y si no se discute ahí nada pasará.

Entonces, en 2008 los inmigrantes documentados e indocumentados tenemos que ajustar nuestra presencia y acción a las actuales circunstancias. En caso que seamos ciudadanos o residentes permanentes; debemos de asegurar que mantenemos una voz clara para que se respeten nuestros derechos civiles y tengamos acceso igualitario a las leyes, beneficios y responsabilidades. Es más, si somos ciudadanos, debemos tener en cuenta que nuestro voto pesará mucho y muy probablemente es el bloque que decida la victoria del próximo presidente.

 

En caso de que estemos con permisos temporales o seamos indocumentados, debemos de tener claro que las cosas pesan más sobre nosotros. Pero también, saber y defender que, por un lado, las leyes de derechos civiles y laborales nos protegen de igual manera y que, por otro, las leyes criminales no hacen distinción basada en nuestro estatus. Cometer una infracción tan simple como manejar embriagado puede terminar en la deportación de un indocumentado, del que tenga el beneficio del TPS y a veces de los residentes permanentes.

El 2008, el código de conducta del indocumentado y de cualquier otro residente y ciudadano de este país, llama a un mejor comportamiento para evitar la aparición de la “migra” en nuestros barrios y vecindarios. La lista de infracciones comunes, reunidas de forma anecdótica y sin que sean la norma, incluyen: manejar sin licencia, manejar bajo la influencia del alcohol u otra sustancia prohibida, violencia familiar y/o pleitos en fiestas y celebraciones, asociaciones con pandillas, repetidas violaciones de tránsito, portar documentos de identidad falsos, usar documentación de otra persona, portar armas punzo-cortantes o de fuego, quedarse más tiempo después que vence la visa de turista y abuso de niños. Habrá que recordar que una o más de estas infracciones pueden ocasionar la pérdida del TPS, la residencia u ocasionar problemas cuando alguien aplica para la ciudadanía.

Hoy por hoy, dado que los antiinmigrantes han tomado control del discurso en los principales medios de comunicación y en posturas de candidatos presidenciales –con las consignas de “primero controlar las fronteras’ y de no “permitir que los indocumentados en el país se salten la línea de espera” en caso de beneficios futuros-, es conveniente asegurar que personas que califiquen por una petición basada en la relación familiar o nexo con los residentes y ciudadanos sean “metidos a la línea” llenando peticiones de residencia por ellos en vez de que lleguen sin documentos al país.

Recordemos que aunque habrá una oportunidad de legalización por familia, relación afectiva o empleo, muchas personas son descalificadas con la regla de los seis meses/un año aprobada en 1996, forzando a las personas a salir por uno o diez años por el tiempo que han estado sin documentación en Estados Unidos.

En un ambiente cargado de pequeños grupos anti-inmigrantes, con una posición férrea y fuerte voz, continuará el debate en 2008, sin acción y con una ciudadanía que en su mayoría pierde entusiasmo con el tema. Para avanzar en este tema fundamental de política pública, hace falta que surja ya sea un líder o grupo “campeón” en el Congreso que logre articular una propuesta que gane el consenso en ambas cámaras. Sabemos que los republicanos, con mayoría o en minoría, logran contener una reforma y, por otro lado, los demócratas no encuentran la forma efectiva de decir “ya basta”, tenemos que actuar y resolver. En lo que respecta al movimiento pro-inmigrante, nos toca rearticular la demanda, presionar por acción y lograr comunicar masivamente la necesidad de una reforma migratoria. ¿Se puede?

 

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Celulares vs. teléfonos fijos



En momentos en que muchos estadounidenses cancelan sus teléfonos fijos, probablemente 2007 sea el primer año en que las viviendas del país gasten más en celulares, indicaron autoridades gubernamentales y del sector de comunicaciones.
Los datos más recientes proporcionados por el gobierno muestran que los hogares gastaron 524 dólares, en promedio, en facturas de teléfonos celulares en 2006, en comparación con 542 dólares para servicios telefónicos residenciales y de monedas.

Sin embargo, para este mes de diciembre es casi seguro que los consumidores gasten más en sus celulares.
" Lo que estamos encontrando es que hay un enorme número de personas que cancelan totalmente su línea terrestre y

  sólo usan teléfonos celulares", afirmó Allyn Hall, director de investigaciones sobre el consumidor para la empresa In-Stat, especializada en investigación de mercados.

En 2001, las viviendas estadounidenses gastaron tres veces más en servicios telefónicos residenciales que lo que hicieron en celulares. Pero la expansión de las redes inalámbricas ha hecho que los celulares sean más convenientes, y un menú más amplio de servicios, incluyendo mensajes de texto, video y música, le ha facilitado a los consumidores gastar dinero en su celular.

Aunque hay aproximadamente 170 millones de líneas telefónicas terrestres en uso en todo el país, las autoridades del sector calculan que existen cerca de 250 millones de celulares (estas cifras incluyen uso residencial y corporativo).

 

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