Por:
Saúl Solorzano
A principios de 2007, varios activistas pensábamos
que éste sería el año en que
una reforma migratoria iba a ser posible. El sentido
de oportunidad y victoria era tal que algunos debates
eran sobre cómo obtener lo máximo
y no ceder en lo mínimo. Para asegurarlo,
surgían ideas tales como “boicots” a
la economía y se desdeñaban posiciones
más cautas que aceptaban conceptos legislativos
de “legalización en fila india”.
El movimiento pro-inmigrante continuó embutido
en la petición basada en que los trabajadores
indocumentados merecen un trato humanitario; que
aportamos mucho a la economía; que es una
tradición judeo-cristiana de ayudar al extranjero
entre nosotros y que Estados Unidos es una nación
de inmigrantes. En algunos casos, se buscaba consenso
bajo la premisa de la seguridad nacional: es mejor
saber quién esta acá –legalizando
a indocumentados-, que dejarlos en las sombras,
sin saber lo que hacen.
La verdad es que aunque los indocumentados no tengan papeles su presencia es
visible y pública. Diariamente salen a trabajar, usan el transporte público;
viajan en automóviles por las calles y carreteras; dan su trabajo y reciben
su cheque o dinero en efectivo de sus empleadores, consumen productos y pagan
impuestos. No son las personas sin documentos las que están “en
las sombras” sino sus derechos y responsabilidades. Ese el reto presente
para los legisladores y candidatos presidenciales (demócratas y republicanos).
Los antiinmigrantes se enfocan en que hay que controlar las fronteras; que los
inmigrantes aumentan los costos de los presupuestos públicos; que aumentan
los crímenes; que afectan los valores de la propiedad (supuestamente por
vivir muchos en las viviendas); que mantienen los salarios bajos para “otros
americanos” y que no son un beneficio para la economía. Es más, últimamente
impulsan el concepto de cerrar espacios a los indocumentados para que se autodeporten.
Su discurso de control de las fronteras, lo unen al llamado de que Estados Unidos
vuelva a ser un “país de respeto a las leyes”.
Es en este contexto que pasaremos al próximo año en que tanto los
partidos políticos (ambos) y los candidatos presidenciales evitarán
el tema de la reforma a las leyes de inmigración; y si lo mencionan, lo
tomarán como una inconveniencia en vez de una responsabilidad que tienen
para resolver el tema. Desde hace varios meses –después del fracaso
de verano en el Senado-, se habla que en 2008 el tema no se tocará en
el Congreso y si no se discute ahí nada pasará.
Entonces, en 2008 los inmigrantes documentados e indocumentados tenemos que ajustar
nuestra presencia y acción a las actuales circunstancias. En caso que
seamos ciudadanos o residentes permanentes; debemos de asegurar que mantenemos
una voz clara para que se respeten nuestros derechos civiles y tengamos acceso
igualitario a las leyes, beneficios y responsabilidades. Es más, si somos
ciudadanos, debemos tener en cuenta que nuestro voto pesará mucho y muy
probablemente es el bloque que decida la victoria del próximo presidente.
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En caso de que estemos con permisos temporales o seamos indocumentados, debemos
de tener claro que las cosas pesan más sobre nosotros. Pero también,
saber y defender que, por un lado, las leyes de derechos civiles y laborales
nos protegen de igual manera y que, por otro, las leyes criminales no hacen distinción
basada en nuestro estatus. Cometer una infracción tan simple como manejar
embriagado puede terminar en la deportación de un indocumentado, del que
tenga el beneficio del TPS y a veces de los residentes permanentes.
El 2008, el
código
de conducta del indocumentado y de cualquier
otro residente y ciudadano de este país,
llama a un mejor comportamiento para evitar la
aparición de la “migra” en
nuestros barrios y vecindarios. La lista de infracciones
comunes, reunidas de forma anecdótica
y sin que sean la norma, incluyen: manejar sin
licencia, manejar bajo la influencia del alcohol
u otra sustancia prohibida, violencia familiar
y/o pleitos en fiestas y celebraciones, asociaciones
con pandillas, repetidas violaciones de tránsito,
portar documentos de identidad falsos, usar documentación
de otra persona, portar armas punzo-cortantes
o de fuego, quedarse más tiempo después
que vence la visa de turista y abuso de niños.
Habrá que recordar que una o más
de estas infracciones pueden ocasionar la pérdida
del TPS, la residencia u ocasionar problemas
cuando alguien aplica para la ciudadanía.
Hoy por hoy, dado que los antiinmigrantes han
tomado control del discurso en los principales
medios de comunicación y en posturas de
candidatos presidenciales –con las consignas
de “primero controlar las fronteras’ y
de no “permitir que los indocumentados
en el país se salten la línea de
espera” en caso de beneficios futuros-,
es conveniente asegurar que personas que califiquen
por una petición basada en la relación
familiar o nexo con los residentes y ciudadanos
sean “metidos a la línea” llenando
peticiones de residencia por ellos en vez de
que lleguen sin documentos al país.
Recordemos que aunque habrá una oportunidad de legalización por
familia, relación afectiva o empleo, muchas personas son descalificadas
con la regla de los seis meses/un año aprobada en 1996, forzando a las
personas a salir por uno o diez años por el tiempo que han estado sin
documentación en Estados Unidos.
En un ambiente cargado de pequeños grupos anti-inmigrantes, con una posición
férrea y fuerte voz, continuará el debate en 2008, sin acción
y con una ciudadanía que en su mayoría pierde entusiasmo con el
tema. Para avanzar en este tema fundamental de política pública,
hace falta que surja ya sea un líder o grupo “campeón” en
el Congreso que logre articular una propuesta que gane el consenso en ambas cámaras.
Sabemos que los republicanos, con mayoría o en minoría, logran
contener una reforma y, por otro lado, los demócratas no encuentran la
forma efectiva de decir “ya basta”, tenemos que actuar y resolver.
En lo que respecta al movimiento pro-inmigrante, nos toca rearticular la demanda,
presionar por acción y lograr comunicar masivamente la necesidad de una
reforma migratoria. ¿Se puede?
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Celulares
vs. teléfonos fijos |
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Por:
Dibya Sarkar
En momentos en que muchos estadounidenses cancelan
sus teléfonos fijos, probablemente 2007
sea el primer año en que las viviendas
del país gasten más en celulares,
indicaron autoridades gubernamentales y del sector
de comunicaciones.
Los datos más recientes proporcionados
por el gobierno muestran que los hogares gastaron
524 dólares, en promedio, en facturas
de teléfonos celulares en 2006, en comparación
con 542 dólares para servicios telefónicos
residenciales y de monedas.
Sin embargo, para este mes de diciembre es casi
seguro que los consumidores gasten más
en sus celulares.
"
Lo que estamos encontrando es que hay un enorme
número de personas que cancelan totalmente
su línea terrestre y
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sólo
usan teléfonos celulares", afirmó Allyn
Hall, director de investigaciones sobre el consumidor
para la empresa In-Stat, especializada en investigación
de mercados.
En 2001, las viviendas estadounidenses gastaron
tres veces más en servicios telefónicos
residenciales que lo que hicieron en celulares.
Pero la expansión de las redes inalámbricas
ha hecho que los celulares sean más convenientes,
y un menú más amplio de servicios,
incluyendo mensajes de texto, video y música,
le ha facilitado a los consumidores gastar dinero
en su celular.
Aunque hay aproximadamente 170 millones de líneas
telefónicas terrestres en uso en todo
el país, las autoridades del sector calculan
que existen cerca de 250 millones de celulares
(estas cifras incluyen uso residencial y corporativo). |
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