| En vísperas
de la Navidad niños protestan
frente a la Casa Blanca |
Hijos
de indocumentados piden compasión |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
 |
| Una
delegación de 10 niños
acompañados por representantes
de organizaciones comunitarias en defensa
de los
inmigrantes llegó frente a la
Casa Blanca para pedirle al presidente
Bush un alto a las redadas. |
Una delegación de niños llegó hasta
la puerta de la Casa Blanca el jueves 21
de diciembre para armar un árbol de
Navidad, pero esta vez no estaría
decorado con bombillas, luces y estrellas
sino con los rostros de sus padres, quienes
esperan orden de deportación o ya
se encuentran en sus países de origen
separados de sus familias. Con este acto
la delegación de niños acompañados
por representantes de organizaciones comunitarias
en defensa de los inmigrantes como Pueblos
sin Fronteras viajaron desde Chicago para
pedirle al presidente George W. Bush compasión
en vísperas de la Navidad y que ponga
un alto a las redadas.
“
Me quitaron a mi papá y le pido al
presidente Bush que yo también tengo
derecho de pasar una Navidad en familia.
Mi papá se ha comunicado con mi mamá y
dice que lo tratan como a un criminal y no
lo es”, expresó la niña
Alejandra Barrios, cuyo padre será deportado
en los próximos días.
Saúl Arellano, el niño símbolo
de la defensa de los derechos de los pequeños
ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados,
también integró la delegación
que marchó hasta la Casa Blanca.
Durante la manifestación, Rosa Rosales,
presidenta de LULAC pidió al presidente
Bush “una moratoria a las redadas.
Suficiente daño ha sido causado destruyendo
familias. Este gran país no es conocido
por hacer esto”.
La manifestación también sirvió para
pedir al gobierno estadounidense que incluya
en su agenda de prioridades el debate sobre
la reforma migratoria porque la separación
repentina produce un daño sicológico
a las familias y a los niños que arrastrarán
de por vida alterando el desarrollo de la
sociedad estadounidense.
La iniciativa se realizó en respuesta
a la redada masiva ocurrida el pasado 12
de diciembre de manera simultánea
en seis estados. El saldo fue 1.282 detenidos
de los cuales 144 enfrentan cargos criminales
relacionados con el robo de identidad. El
operativo que responde al nombre de “Operación
vagón de tren” u “Operación
Carreta” fue realizada por la Oficina
de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)
en las plantas procesadoras de carne de la
empresa Swift.
Guatemala ofrece ayuda a compatriotas detenidos
De los 1.282 detenidos, se sabe que aproximadamente
536 son de origen guatemalteco. A pesar que
hasta el momento se desconoce el paradero
exacto de los trabajadores indocumentados
y no se han confirmado en números
las nacionalidades, el gobierno guatemalteco
ofreció de inmediato ayuda a sus compatriotas
que enfrentan esta terrible situación.
Para ello los abogados de los consulados
tratarán de ofrecer toda la ayuda
legal necesaria para evitar que sean deportados.
El canciller de Guatemala, Gert Rosenthal,
manifestó “que al parecer se
está manejando un doble discurso porque
nos hemos reunido con autoridades estadounidenses
para tratar el tema de los migrantes y ahora
están a punto de deportar a muchos
de nuestros compatriotas”.
Sobre este punto, el Procurador de Derechos
Humanos (PHD), Sergio Morales, lamentó no
sólo la actitud de las autoridades
estadounidenses sino también el que
en Guatemala no existan planes integrales
de atención para quienes puedan ser
deportados.
“
Estos connacionales podrían quedarse
sin nada, pues muchos vendieron todo lo que
tenían en busca de un futuro mejor.
Ellos no son delincuentes, sino personas
que lo arriesgaron todo para beneficio de
ellos y sus familias”, sostuvo Morales.
| Despedidos
versus The George Town Club |
La
Navidad trae una tregua a
denuncia por discriminación
|
Victor
Caycho
Washington Hispanic
 |
| Gilberto
Salamanca (izq.) y Melaku Teferra, dos
de los demandantes de The George Town
Club, muestran la documentación
presentada ante la Corte Superior del
Distrito de Columbia, el jueves 21. |
Las fiestas de Navidad y Año Nuevo
propiciaron una singular tregua en un caso
que ha remecido los cimientos de The George
Town Club, una institución social
de reconocido prestigio en el área
metropolitana de Washington, DC.
Se trata de tres denuncias por discriminación,
hostigamiento y represalia en el puesto de
trabajo, formuladas por igual número
de trabajadores, dos de ellos de origen latino
y etiope el restante, que fueron despedidos
por el club meses atrás.
Los protagonistas de este caso son Samuel
Romero, Gilberto Salamanca (ambos nacidos
en El Salvador) y Melaku Teferra. El primero
de ellos es residente legal en Estados Unidos
y el segundo es ciudadano estadounidense
por naturalización.
Por el otro lado está The George Town
Club, cuyo presidente de la Junta Directiva,
Steven Hayes, negó firmemente las
acusaciones de los demandantes. “En
este local no discriminamos a nadie, por
ningún concepto, eso no tiene ninguna
base”, declaró a Washington
Hispanic, y reveló que el mismo jueves
21 se logró que dos de los tres trabajadores
en cuestión “acepten entrar
a un arbitraje, y estamos seguros que el
tercero lo hará más adelante”.
Hayes expresó su esperanza de que
pasadas las fiestas de fin de año
los abogados de ambas partes concretarán
ese acuerdo.
Las denuncias
Romero, Salamanca y Teferra denunciaron a
Washington Hispanic ese mismo día,
en horas de la mañana, que se les
había despedido por razones sin fundamento.
“
Lo único que reclamamos es justicia
y que se nos reponga en nuestro centro de
trabajo pues no cometimos ninguna falta,
como ya lo hemos demostrado”, argumentó Romero,
en una conversación telefónica
pues tuvo una emergencia médica con
su hija.
Salamanca y Teferra, por su parte, dieron
a conocer su posición en uno de los
ambientes del gabinete de abogados Thompson
Hine, en el centro de DC, donde cuentan con
el patrocinio legal de los profesionales
Christopher “Kip” Schwartz y
Eric Heyer.
Salamanca, quien trabajaba como mesero hasta
antes de su despido, indicó que en
los últimos meses se le hostigó por
diversas causas, recortándosele las
horas de trabajo, suspendiéndolo por
motivos intrascendentes y discriminándolo
con relación a los trabajadores no
hispanos.
Por su parte, Tefarra, quien era Valet Manager
del Club, sostuvo que en cierta oportunidad
fue atacado físicamente por el maitre
del establecimiento, Laurent Lala, porque él
le informó que no podía trabajar
el 31 de diciembre de 2005.
Además, los tres despedidos dieron
a conocer que se les prohibió hablar
en español, en todos los ambientes
de la institución, inclusive con miembros
e invitados que hablaban ese idioma.
Como parte de la demanda, exigen el pago
de las sumas no percibidas y una compensación
por daños y perjuicios ascendente
a 200.000 dólares para cada uno de
ellos.
El presidente de la Junta Directiva de The
George Town Club, Steven Hayes, refutó la última
aseveración de los acusadores. “No
hay ninguna regla en el club según
la cual se prohíbe hablar español,
eso no es verdad”, insistió,
para añadir que la mayor parte de
los empleados son originarios de varios países “y
más del cincuenta por ciento de ellos
son hispanos”.
De acuerdo a las dos partes, habrás
que esperar los primeros días de 2007
para conocer las secuelas de este caso. Es
decir, si los demandantes y el club entran
a un arbitraje para encontrar una solución
salomónica o si nuevamente rompen
hostilidades.
| Estudio
de NCLR revela dramática situación |
Uno
de cada cinco latinos sufre de inseguridad
alimenticia
|
Felipe
Lagos
Washington Hispanic
 |
| La
presidenta de NCLR, Janet Murguía,
en la presentación del estudio “Sin
Provecho”, realizado en la cafetería
de la Carlos Rosario International School. |
Según
un estudio hecho por el Consejo Nacional
La Raza (NCLR), uno de cada cinco
latinos que vive legalmente en el país
sufre inseguridad alimenticia. El término
se aplica a las personas que no tienen acceso
a alimentos sanos o que pasan hambre.
Este problema puede tener nefastas consecuencias
en el rendimiento escolar de miles de estudiantes
hispanos.
El reporte llamado “Sin Provecho, La
Inseguridad Alimenticia y Los Latinos”,
también entrega recomendaciones acerca
de cómo solucionar la situación:
derribar las barreras legales que impiden
que más latinos puedan acceder al
programa de cupones de alimentos, realizar
más actividades de alcance de parte
de las organizaciones comunitarias para informar
a las personas elegibles que pueden postular
a ellos, mejorar las oportunidades para que
la gente pueda comprar alimentos sanos y
optimizar la recolección de datos
en general, entre otras sugerencias.
El estudio fue presentado en la cafetería
de la Carlos Rosario International School
por la presidenta de NCLR, Janet Murguía;
la analista de políticas de salud
de NCLR, Jennifer Ng’andu; Ellen Vollinger,
directora legal del Food Research and Action
Center y la directora ejecutiva del CentroNia,
Beatriz Otero.
Sin cupones
Una de las razones de tan alto número
de gente viviendo cotidianamente con este
problema, aparte de la pobreza, es una legislación
del año 1996, que dejó sin
beneficios de cupones para alimentos a un
millón de familias inmigrantes.
Luego, en 2002, el Congreso reautorizó el
beneficio para 400 mil familias inmigrantes.
Sin embargo, según Janet Murguía,
la totalidad de esa cifra no ha aprovechado
estos beneficios. “Muchas personas
no saben que son elegibles para estos programas.
Nosotros debemos hacer más para educarlos
y enseñarles que pueden acceder a
cupones de alimentos o al programa school
lunch (o almuerzo de escuela). Con este fin,
las organizaciones comunitarias como CentroNia
pueden ser un aporte, pero además
debemos derribar las barreras en la ley que
no permiten a más familias acceder
a una alimentación decente”.
Beatriz Otero, directora ejecutiva del CentroNia,
se centró en la falta de acceso a
alimentos sanos y nutritivos. “El hecho
que existan comunidades enteras sin mercados
o ferias donde la gente pueda comprar comida
sana y natural es grave. En DC, tenemos el
distrito 8, por ejemplo, que no posee ningún
mercado de este tipo. Entonces la gente compra
comida rápida y no vegetales, y lo
que vemos es el impacto de eso”.
Ellen Vollinger, directora legal del Food
Research and Action Center, dijo que si bien
el programa de cupones de alimentos es la
defensa principal contra el hambre, pocos
se benefician de él. “Sólo
un 51 por ciento de los latinos elegibles
participan del programa. Necesitamos hacer
más para garantizar que todas las
personas elegibles accedan al programa. En
este momento, el Congreso se prepara para
trabajar en el Farm Bill (proyecto de ley
de la agricultura), y es el momento para
atender este problema. Podemos reforzar el
programa de cupones de alimentos aumentando
los beneficios mensuales, apoyando los esfuerzos
de difusión sobre el programa y eliminando
barreras arbitrarias como criterios de elegibilidad”.
Es necesario mencionar también que
el programa de cupones de alimentos requiere
que las personas estén residiendo
legalmente en el país y, en el caso
de una familia de cuatro personas, que su
ingreso mensual no sea superior a 2.167 dólares.
Si desea saber más sobre el programa
de cupones para alimentos, puede llamar al
1-800 221-5689.
| Despedidos
versus The George Town Club |
Arrestan
a dueña de Leonor’s Travel
|
Victor
Caycho
Washington Hispanic
La propietaria de una
agencia de viajes internacional fue arrestada
por la policía y después salió en
libertad tras comprometerse a pagar a sus
clientes las sumas de las que se apropió en
los últimos meses, confirmaron las
autoridades.
Se trata de Leonor Hernández, de 44 años, quien fue detenida
el jueves 14, según reportó el Departamento de Policía
del Condado de Fairfax (Virginia), luego de conocerse varias denuncias contra
su agencia Leonor’s Travel, localizada en el 8332 de Richmond Highway,
VA.
Ella reside en una casa ubicada en el bloque 8001 de Pantano Place, también
en el área de Alexandria, y fue acusada por los cargos de falsificación,
apropiación ilícita y malversación.
En fuentes policiales y judiciales se dio a conocer que Leonor Hernández,
de origen salvadoreño, era investigada desde hace medio año,
aproximadamente, luego de una serie de quejas presentadas por varios clientes
de su agencia de viajes.
Las denuncias, que iban en aumento, indicaban que las víctimas adquirieron
por intermedio de la agencia sus boletos en líneas aéreas internacionales,
pero que cuando llegaban al aeropuerto el día fijado para viajar se
daban con la sorpresa de que los vuelos no estaban programados o que los tiques
simplemente no estaban en lista.
La policía estableció que Hernández retuvo para su provecho
personal el dinero entregado por los viajeros, a quienes generalmente atraía
con ofertas de descuentos. Sin embargo, el dinero no lo entregaba a las aerolíneas
para hacer las reservaciones de los pasajes, como lograron determinar los detectives.
De acuerdo a reportes de las autoridades judiciales, la empresaria reconoció su
culpa al presentarse ante la Corte de Fairfax y se comprometió ante
el juez a pagar las sumas que le entregaron los frustrados viajeros.
Leonor Hernández fue puesta en libertad luego de pagar una fianza cuyo
monto se mantiene en reserva.
Otras fuentes señalaron que ella ha decidido vender la agencia y retirarse
del negocio definitivamente.
Sin embargo, el caso contra Hernández continúa abierto, y la
policía se encarga de hacer un seguimiento del proceso de devolución
del dinero a las víctimas de este caso de fraude.
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