Mark Warner, Gobernador de Virginia, ordenó conmutar la pena de muerte decretada contra Robin Lovitt, por la de prisión perpetua.

Victor Caycho
washington Hispanic

Los familiares y amigos de Robin Lovitt, de 42 años de edad y sentenciado a la pena de muerte por homicidio, ya estaban perdiendo las esperanzas de salvarlo de la inyección letal que debía acabar con su vida a las 9:00 de la noche del miércoles 30 de noviembre pasado.

Era el martes 29 y sabían que Lovitt ya había salido del “corredor de la muerte”, y que el domingo 27 lo desvistieron y revisaron minuciosamente sus cavidades antes de ser trasladado a la celda rodeada de barrotes por los cuatro costados, donde esperaría el momento de la ejecución. Iba a ser “el ejecutado número 1.000” en Estados Unidos desde que se restauró la pena de muerte en 1976, hecho que había dado a su caso notoria celebridad, dentro y fuera del país.

Además, dichos allegados supieron que el condenado a la máxima pena se encontraba absolutamente solitario en un pequeño cuarto que sólo contenía un colchón, un inodoro, un lavatorio y una Biblia.

Por la vida de Lovitt habían intercedido organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y también la Iglesia, a través de la Conferencia Católica de Virginia representada por los arzobispos de Richmond, Francis X. DiLorenzo, y de Arlington, Paul S. Loverde.

En el último momento
Ahora, la cuenta regresiva del reloj corría inclemente y los allegados de ese hombre sólo esperaban un milagro. Hasta que éste se produjo el martes 29, la víspera de la ejecución, por decisión de la única persona que podía hacerlo, Mark R. Warner, el gobernador de Virginia.
Warner –quien es considerado un potencial candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2008-, reflexionó mucho para tomar esa determinación. Durante su mandato, que ya bordea los cuatro años, se registraron 11 ejecuciones, en ninguna de las cuales aceptó otorgar el indulto.

Pero al final puso su rúbrica en el documento mediante el cual conmutó la pena de muerte por la de prisión perpetua, sin ningún derecho a obtener el beneficio de la libertad condicional.
“ Luego de una concienzuda revisión, es mi decisión que Robin Lovitt pase el resto de su vida en prisión, sin ser elegible para libertad condicional”, afirmó Warner.

Razones de peso
El gobernador de Virginia argumentó que el “caso Lovitt” era muy especial, teniendo en cuenta que algunas evidencias que pudieron haber demostrado la culpabilidad o inocencia del acusado habían sido destruidas negligentemente antes de que el proceso hubiera concluido.
“ El Estado de Virginia está legalmente obligado a mantener evidencia física hasta que un acusado haya agotado todo recurso legal posterior al juicio”, manifestó Warner.
Asimismo, reiteró que la evidencia del juicio a Lovitt “ha sido impropiamente destruida, privando a la defensa de la oportunidad de someter ese material a un examen final de DNA”.

La acusación
El acusado fue declarado culpable del asesinato de Clayton Dicks, registrado en un salón de billar ubicado en Arlington, Virginia, en 1988. Durante el proceso se estableció que la víctima encontró a Lovitt tratando de abrir la caja registradora del establecimiento con un par de tijeras, que después habría utilizado en el crimen. El arma homicida fue encontrada en medio de unos arbustos, entre el salón de billar y la casa de un familiar de Lovitt. Este confesó que efectivamente intentó abrir la caja registradora, pero negó que él hubiera dado muerte a Dicks.
Un examen inicial de DNA practicado a las huellas encontradas en el par de tijeras no resultó concluyente.

Hasta que en 2001 un empleado de la corte destruyó la mayor parte de las evidencias recogidas por la policía, incluyendo el par de tijeras, con lo cual una posible repetición del examen del DNA quedó frustrada para siempre.

La situación se complicó porque precisamente unas semanas antes de dicha destrucción el Estado (Virginia) implementó una ley que hacía obligatoria la preservación de cualquier evidencia física en los casos de pena de muerte.

Eso sirvió a los abogados de Lovitt a sostener que un examen de DNA más sofisticado, gracias a las nuevas técnicas de la ciencia moderna, podrían haber probado la inocencia de su defendido en el homicidio.

La otra cara de la medalla
La reacción de los familiares de Lovitt fue de alegría, obviamente. Pero de manera distinta reaccionó la familia de la víctima. Michelle Dicks, de 35 años y residente en Washington, DC, sobrina del asesinado Clayton Dicks, quien reveló que su familia examina la posibilidad de hacer frente a la decisión del gobernador del Estado.
“ No estamos muy felices, por supuesto, pero esa decisión no hace ninguna diferencia porque nada podrá traer de regreso a mi tío”, dijo, en declaraciones que recogió la agencia Associated Press..

El número 1000 espera a su verdugo

Kenneth Boyd esperaba en la antesala de la muerte. Su ejecución estaba prevista para las 2:00 a.m. del viernes 2.

La pena de muerte en las cárceles estadounidenses se ha modernizado: no se utiliza la guillotina ni la horca. Tampoco hay un pelotón de fusilamiento. Mucho menos el tradicional verdugo que secciona la cabeza del acusado con una filuda hacha.
Pero la institución del verdugo se mantiene. Mientras al condenado se le amarra y se le clava agujas en ambos brazos, debe esperar que una persona, ubicada detrás de una gruesa cortina de cuero, libere el veneno que lo matará.

Los especialistas explican que bastan cinco a seis minutos para que el preso fallezca y sea declarado muerto por inyección letal.
Pero tal verdugo no está solo. En un cuarto adyacente, se ubican por regla general los familiares de la víctima del declarado culpable. Y también los familiares del condenado. A través de una ventana de vidrio pueden observar el cuerpo del sentenciado a muerte sobre una tabla, con los brazos apoyados sobre tablones recubiertos de algodón.
De acuerdo a los inspectores de cárceles, el condenado solo ve su reflejo en un espejo. Mientras tanto, separados del resto, asisten periodistas y voluntarios que se presentan como "testigos del Estado".

Este era el escenario que se disponía a albergar al “ejecutado número 1.000”, ya sea en una cárcel de Carolina del Norte o en otra de Carolina del Sur.

Ese podría ser Kenneth Boyd, que esperaba su ejecución, prevista para las 2 de la madrugada de este viernes 2, en la cárcel central de Raleigh, en Carolina del Norte. De 57 años de edad, Boyd fue condenado en 1994 por el asesinato de su esposa y su suegro.

Sin embargo, en cada rincón del cuarto de la muerte hay teléfonos de diferentes colores, que conectan directamente con la oficina del gobernador y la Corte Suprema, por lo que un eventual indulto de último momento puede ser anunciado de inmediato.

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