En
defensa de la “Acción Afirmativa” |
Reviven
lucha contra la discriminación
de
escolares frente a la Corte Suprema |
 |
Los abogados
de ambas partes se presentaron para declarar
ante la Corte Suprema de Justicia de Estados
Unidos.
Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic |
Mitzi Macias
Washington Hispanic
Han pasado más de 50 años desde
que se aprobó la llamada “Acción
afirmativa” que promueve la integración
en las escuelas y prohíbe la segregación
por raza o color de piel, pero todavía
se discute sobre la legalidad de prácticas
que en nombre de mantener un porcentaje equilibrado
de estudiantes dentro de una escuela según
el origen racial continúan practicando
la segregación.
Esta discusión responde a dos demandas
judiciales que actualmente se están evaluando
en la Corte Suprema. Estos son “Padre Involucrados
en las Escuelas Comunitarias” versus Las
Escuelas del Distrito de Seattle y la otra demanda
es Meredith versus Las Escuelas Públicas
de Jefferson.
En esta última demanda presentada en 2002
la señora Meredith no pudo transferir
a su hijo a otra escuela porque se le explicó que
la “cuota racial” se vería
afectada. Las escuelas públicas de dicha
jurisdicción pone en práctica ciertas
políticas para asegurar que exista un
balance racial. Según esta política
las escuelas públicas de Seattle deben
tener por lo menos un 15 por ciento de estudiantes
afroamericanos y no más de 50 por ciento.
Un caso parecido se produjo en Seattle y actualmente
cerca de 1.000 distritos escolares utilizan políticas
para asignar estudiantes basados en la raza.
El pasado lunes 4 de diciembre, la Corte Suprema
aceptó oír los argumentos de ambas
partes para poder tomar una decisión que “Reafirmaría” la
decisión “Brown versus Board of
Education” o marcaría un retroceso
en las leyes a favor de una educación
de calidad para todos.
En este contexto activistas por los derechos
civiles de todo el país se dieron cita
en Washington, DC., frente a las puertas de la
Corte Suprema para expresar su rechazo a las
políticas discriminatorias.
Las organizaciones que apoyan las políticas
basadas en la raza para designar a los alumnos
sustentan que esta práctica ayuda en el
desenvolvimiento académico de los niños
minoritarios, pero los jueces que se oponen a
esta medida citan un estudio realizado por la
Universidad George Mason donde no se encuentra
ninguna relación entre la segregación
racial y el rendimiento académico.
Se espera que la Corte Suprema dé su veredicto
final en junio de 2007 y sólo hasta esa
fecha se sabrá qué rol cumple la
raza en la educación de nuestros tiempos.
Al igual que en Seattle, en Kentucky se permite
una población afroamericana entre el 15
y 50 por ciento del total de la población
estudiantil. El 35 por ciento de un total de
97.000 estudiantes son afroamericanos y en 2004
el Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad
Harvard designó a las escuelas de Kentucky
entre las más integradas de la nación.
En un mensaje difundido por la Asociación
Nacional de Educación (NEA) hace un llamado
a la Corte Suprema para que tomen en cuenta el
valor de la diversidad. “La interacción
entre estudiantes de diversas razas con diferentes
habilidades y valores no sólo ayuda en
el desarrollo como ciudadanos de una sociedad
demócratica y multirracial, sino también
en su desarrollo intelectual.
| Juez
reabre proceso a Sasha Herrera de Thompson |
| Esposa
de senador no será deportada |
 |
El senador
estatal por Georgia, Kurt Thompson, llega
a la corte de inmigración en Atlanta
con su esposa, Sasha Herrera y el abogado
de ambos, Charles Chuck. Herrera se presentó ante
un juez que dictaminó la suspensión
de una orden de deportación en su
contra y la apertura de un proceso sobre
su caso.
Foto: Daniel LeClair / REUTERS |
Redacción
Washington Hispanic
Un importante fallo judicial se produjo esta
semana en el caso de la esposa de un senador
del estado de Atlanta, una inmigrante colombiana
sobre la que pesaba una orden de deportación,
dictamen que fue anulado por un juez de inmigración
en Georgia, que también convino en reabrir
su caso con vistas a una audiencia en los próximos
dos a cuatro meses para decidir su situación
en el país.
La beneficiaria del singular fallo fue la esposa
del senador estatal Kurt Thompson, Sasha Herrera,
colombiana, de 28 anos, quien permanecía
oculta de las autoridades a raíz de
una orden de deportación emitida previamente
por la Agencia de Inmigración y Aduanas,
una de las 23 agencias que maneja el Departamento
de Seguridad Nacional.
Herrera llegó a Estados Unidos con una
visa de visitante en el 2003 para reunirse
con sus padres, residentes legales en el país.
Ella solicitó, al vencerse su estadía,
una extensión de su visado por medio
de un notario, quien resultó inexperto
en el manejo de asuntos de inmigración,
por lo que la extensión del visado llegó a
manos de Herrera solo veinte días antes
de que expirara el plazo de estadía.
La joven colombiana, quien en su país
ha ejercido el periodismo y además fue
bailarina profesional del ballet de Colombia,
en el 2004 ingresó a la univeridad estatal
de Kennesaw, por medio de la cual obtuvo una
visa de estudiante. A la sazón, el notario
contratado por Hererra le sugirió a ésta
que solicitara asilo en Estados Unidos y ella
firmó tal peticion, tras lo cual cesaron
sus tratos con el inexperto profesional.
En el 2005, Sasha Herrera conoció al
senador Thomson y contrajeron matrimonio el
pasado abril, cuando el congresista solicitó oficialmente
que se le otorgara a ella la residencia permanente.
Otro notario, encargado de llevar el caso migratorio
de Herrera, también cometió equivocaciones
en el proceso, como incorrecciones en la dirección
de la solicitante, lo que provocó que
ella, inadvertidamente, dejara de acudir a
citas migratorias importantes. El resto es
una trama de persecución en la que agentes
federales se presentaron en su domicilio para
expulsarla del país, el pasado 28 de
noviembre, lo que provocó la decisión
de Herrera de esconderse, para evitar el cumplimiento
del dictado.
La semana pasada, el senador Thompson y su
esposa se presentaron ante una corte de inmigracion
en Georgia, frente a fiscales de inmigración
y el juez que decidió anular el fallo
inicial a favor de un proceso en el cual, si
no se ha eliminado la condición de deportable
para la acusada, tendrá oportunidad
de acudir con una represenacion de abogados
para ventilar su situación. El fallo
fortalece el criterio jurídico de que
un extranjero no sea deportado del territorio
estadounidense mientras estén pendientes
procesos migratorios iniciados por la persona.
| Con
especial atención en comunidades minoritarias |
| Presentan
modelos para reformar la justicia juvenil |
 |
Janet
Murguía, presidenta del Consejo
Nacional de La Raza participó como
panelista durante la conferencia “Modelos
para el cambio”.
Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic |
Mitzi Macias
Washington Hispanic
Reformas innovadoras basadas
en la premisa que duras leyes y prácticas
punitivas dentro del sistema juvenil judicial
no son efectivas y no protegen la seguridad
pública se aplican con éxito
en cuatro estados y según un nuevo reporte
presentado por el Instituto de Políticas
Judiciales podrían sentar las bases
para una reforma del sistema judicial juvenil
en todo el país. Así se dio a
conocer durante la conferencia “Modelos
para el cambio” organizada por la fundación
John D. y Catherine T. MacArthur, la cual entrega
fondos para desarrollar nuevas estrategias
para cambiar el sistema judicial juvenil basados
más en la rehabilitación que
en el castigo. Durante la conferencia se explicó los
logros alcanzados en los cuatro estados (Pensilvania,
Illinois, Luisiana y Washington) donde se han
puesto en marcha los nuevos modelos y se tomó especial
atención en cómo afecta el actual
sistema judicial en las comunidades minoritarias
y cuáles son las necesidades de salud
mental de estos jóvenes.
La Fundación anunció la entrega
adicional de 60 millones de dólares
para apoyar y acelerar el desarrollo de estos
modelos lo que constituye un total de 100 millones
de dólares. MacArthur proveerá 10
millones de dólares a cada uno de los
estados elegidos y también apoyará a
dos nuevas iniciativas que se aplicarán
dentro de comunidades minoritarias y las necesidades
de salud mental.
“
Un sistema de justicia juvenil que considere
a cada joven como un individuo y que ofrezca
alternativas a la encarcelación para
aquellos que no representen una amenaza a la
sociedad y haga énfasis en la rehabilitación
es sensible a las políticas públicas”,
señaló el presidente de la fundación
Jonathan Fanton.
Según el reporte presentado en el 2006,
en Illinois se creó un nuevo sistema
de justicia juvenil que reconoce que los jóvenes
deben ser tratados diferente en relación
con los adultos que faltan a la ley. Por su
parte Pensilvania redujo los índices
de crímenes significativamente asegurando
la continuidad de jóvenes que han infringido
la ley dentro de programas transicionales de
regreso a clases, trabajo o en tratamientos
de salud mental y uso de drogas.
Por otro lado, D.C. se ha convertido en líder
en promover programas basados en la evidencia
para reducir la reincidencia a través
de terapia familiar y reemplazo de actitudes
agresivas.
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