Por: María Elena Salinas

Para Felipe Calderón el convertirse en presidente de México no fue nada fácil. El nuevo mandatario tuvo que entrar a la sede del Congreso por la puerta trasera para tomar juramento y evitar que legisladores de la oposición boicotearan la ceremonia de posesión, el pasado primero de diciembre. Calderón demostró ser tenaz. Pero ese hecho no es nada, en comparación al desafío lanzado contra los grandes jefes del narcotráfico.

En el primer acto agresivo de su presidencia, Calderón lanzó el “Operativo Michoacán”, una estrategia para rescatar al país de los ‘barones’ de la droga. Comenzó en su estado natal de Michoacán, donde se han cometido el 50 por ciento de los crímenes relacionados con drogas en tiempos recientes. Siete mil agentes federales y militares fueron enviados para controlar la violencia en una operación calificada como un éxito por el ministro de Defensa de México. Durante 22 días la misión arrojó un saldo de 80 arrestos y la destrucción de casi 600 acres de plantaciones de marihuana.

La ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, se convirtió en el segundo frente de batalla con más de 3,000 soldados y agentes federales. Allí enfrentan otro tipo de
desafíos. Según la Procuraduría General los narcotraficantes se han “apoderado de Tijuana”. La ciudad es hoy en día uno de los destinos principales para las drogas que pasan de contrabando a través de la frontera hacia Estados Unidos provenientes de Centro y Sudamérica y otras partes de México.
El consumo de drogas también va en aumento. Las autoridades mexicanas dicen que han identificado tan sólo en Tijuana, por lo menos 8,000 “tienditas” o “picaderos” donde los narcóticos están disponibles fácilmente. Pero quizás lo más inquietante es el hecho de que los carteles de las drogas han penetrado exitosamente en instituciones públicas y privadas. Inquietante, pero no sorpresivo.

La corrupción relacionada con las drogas en México ha sido rampante por décadas. No es un secreto que los grandes capos de la droga han gozado de la protección de funcionarios en los niveles más altos del gobierno y del ejército.
En febrero de 1997, el entonces presidente Ernesto Zedillo fue puesto en una situación vergonzosa al tener que ordenar la detención de su propio zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, por sus conexiones con el cartel de Juárez. Zedillo también puso tras las rejas al capo Joaquín “Chapo” Guzmán, quien terminó escapándose de la cárcel en las primeras semanas de gobierno de su sucesor.
Aunque el presidente Vicente Fox presume del éxito en su guerra contra las drogas, la realidad es que la violencia se incrementó durante los seis años de su presidencia. Miles fueron arrestados, incluyendo a unos cuantos peces gordos, pero algunos siguieron controlando el negocio desde la cárcel y surgieron nuevos grupos más pequeños luchando por el control de las rutas de la droga que quedaron desatendidas.
El enviar a miles de tropas a Nuevo Laredo en el 2005 para luchar contra la violencia generada por las drogas en la llamada “madre de todas batallas” resultó contraproducente para Fox. No sólo porque la violencia continuó, sino porque la policía local terminó enfrentándose a los militares. La situación se agravó cuando un jefe policíaco fue asesinado siete horas después de asumir el cargo y unos días más tarde una casa fue atacada con cohetes y granadas.

Según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados ocurrieron unas 9.000 ejecuciones relacionadas con el tráfico de drogas durante el sexenio de Fox, un promedio de cuatro por día. A Fox parece habérsele ido de las manos la lucha contra las drogas.
Calderón advierte que su pelea contra las drogas será larga y costosa y podría resultar en pérdida de vidas. Tiene todo un plan de acción que incluye el uso del ejército y la armada para reforzar a policías locales y federales. Prometió aumentos de sueldo a las fuerzas armadas y sentencias más severas para narcos y secuestradores. Sin embargo, estará compitiendo con el largo brazo del narcotráfico y sus bolsillos profundos. Su desafío más grande será prevenir más corrupción en las agencias policíacas, persiguiendo a aquellos que se esconden detrás de sus credenciales para proteger a narcotraficantes y que se venden al mejor postor.

(*) Maria Elena Salinas es autora del libro "Yo soy la hija de mi padre: Una vida sin secretos". Distributed by King Features Syndicat.