El último mes de 2004 se despidió con pésimas noticias para muchos inmigrantes, no sólo por el polémico proyecto Sensenbrenner –que establece virtualmente la más dura persecución de inmigrantes en la historia de este país- sino por la peregrina propuesta que limitaba al máximo la posibilidad de compartir una propiedad inmueble con los miembros de una misma familia, en la ciudad de Manassas (Virginia).

Este hecho alarmó a muchos activistas, pues, como lo dijimos en Washington Hispanic, se trataba de una disposición considerada “racista” pues definía de modo particularmente discriminatorio el concepto de familia.

Una casa –de acuerdo a ese planteamiento-, sólo debería ser ocupada por parientes inmediatos o “directos”. Quedaban fuera de este rango los tíos y los primos de una misma familia. Un sobrino era considerado como pariente de segundo grado y sólo se permitía vivir a uno de ellos en una casa. Varios primos y sobrinos no deberían vivir bajo un mismo techo, de acuerdo a esa reglamentación.
Las organizaciones proinmigrantes denunciaron esta situación, que a todas luces buscaba expulsar del área a inmigrantes indocumentados, pero también a aquellos que teniendo documentos no llenaban la condición del parentesco directo.