Por: María Elena Salinas

José Padilla no es un santo, pero tampoco es un terrorista. Su madre, Estela Ortega Lebrón, lo ha dicho desde que su hijo fue arrestado en 2002 y ahora una jueza federal de un tribunal del distrito de Miami está de acuerdo con ella.

El llamado "Talibán Puertorriqueño" fue sentenciado a 17 años y cuatro meses en prisión, mucho menos de los 30 años a cadena perpetua que pedían fiscales federales. La sentencia representa un golpe para el gobierno de Estados Unidos y pone en duda si se sobrepasó o no de sus limites violando los derechos constitucionales de un ciudadano norteamericano en sus esfuerzos por ganar algunos puntos en su lucha contra el terrorismo.

Cuando Padilla fue arrestado en mayo de 2002 en el Aeropuerto O’Hare de Chicago, el entonces procurador general John Ashcroft anunció un gran golpe. Había sido arrestado un hombre que conspiraba para fabricar una bomba sucia radioactiva que sería detonada en una de las grandes ciudades estadounidenses con la intención de causar "muerte y heridas masivas".

Un ex pandillero con un amplio record criminal, Padilla, también conocido como Abdullah al-Muhajir o Muhajir Abdullah, fue señalado como un "combatiente enemigo" y fue encerrado en una prisión militar en Carolina del Sur y tratado como uno más de los centenares de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo. Ningún cargo de carácter oficial fue presentado contra él. Fue mantenido aislado, sin poder recibir visitas ni tener acceso a una representación legal.

Aun reaccionando al 9/11 el gobierno federal argumentó que tenía el derecho a mantener bajo esas condiciones a un sospechoso de terrorismo y llevarlo ante un tribunal militar en vez de a una corte civil. Pero Padilla no era un fundamentalista radical de Egipto, Arabia Saudita ni Afganistán como muchos de los detenidos en Guantánamo, sino un ciudadano estadounidense que había viajado a esos países.
En una rara entrevista el año pasado, Ortega Lebrón dijo que su hijo, quien fue criado como católico y se convirtió al Islam, había viajado al Oriente Medio para estudiar más su nueva religión, no para formar parte de ningún grupo terrorista. Los fiscales argumentan que él fue a la región realmente con la intención de vincularse a un campo de entrenamiento de al-Qaida.

Después de una prolongada batalla legal de tres años y medio, el gobierno fue forzado a renunciar a su lucha de tratar a Padilla como a un combatiente enemigo y lo transfirió a una cárcel de Miami donde enfrentaría a un juicio en una corte civil con otros dos co-acusados. Allí su madre pudo visitarlo finalmente y denunció que su hijo fue víctima de torturas y seguía siendo tratado como un terrorista.

Los cargos contra los tres hombres esta vez no tuvieron nada que ver con una "bomba sucia" sino con una conspiración para asesinar, raptar y mutilar a personas en el extranjero. Después de un juicio de tres meses de duración, un jurado federal encontró a los tres hombres culpables de todos los cargos en su contra.

Mientras enfatizaba la seriedad de los crímenes, la jueza del Tribunal de Distrito de Miami, Marcia Cooke, hizo notar que no existían evidencias de que Padilla y sus coacusados fueron parte de un complot para atacar a Estados Unidos. "No existe evidencia de que estos acusados personalmente mutilaron, secuestraron o asesinaron a nadie en Estados Unidos o en otra parte", dijo.

La jueza Cooke dijo que fueron personas como Zacarías Moussaoui, declarado culpable de cargos por haber sido parte de los atacantes suicidas de al-Qaida con bombas en septiembre 11 de 2001, y Terry Nichols, quien fue condenado por el ataque contra el edificio federal en la Ciudad de Oklahoma, quienes merecen pasar el resto de sus vidas tras las rejas. En su decisión ella tomó en cuenta los tres años y medio que Padilla pasó en una cárcel militar y lo que describió como "el duro trato que él recibió durante su detención".

La sentencia causó reacciones mixtas entre los abogados del gobierno federal y los de la defensa quienes prometieron apelar. Activistas de los derechos civiles se quejaron de que la manera como el caso fue manejado no hizo más seguro a Estados Unidos, pero sí un poco menos libre. Pero para Estela Ortega Lebrón fue suficiente para reclamar la victoria: "Estoy muy feliz", dijo. "Ahora ha quedado confirmado que mi hijo no es un terrorista", añadió.

Entre otras lecciones, la sentencia de la jueza Cooke envía el mensaje de que a un sospechoso se le debe hacer responsable por el daño potencial que podría causar, pero no por crímenes hipotéticos que no han sido cometidos.

(c) 2008 by Maria Elena Salinas