Por: María Elena Salinas

Karen llegó a Estados Unidos hace tres años. Ha solicitado permiso de trabajo cuatro veces pagando casi $300 cada vez, incluyendo el costo de todos los documentos requeridos. Su petición siempre ha sido negada. Trabaja –sin un permiso legal- como mesera en Miami ganando $300 a la semana. Si ella calificara para la ciudadanía no lo pensaría dos veces hacer el sacrificio, pedir dinero prestado, trabajar horas extras, cualquier cosa para pagar el alto costo de convertirse en estadounidense. Pero si su petición fuese negada no sólo afectaría sus finanzas, sino también su espíritu.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció su intención de aumentar de manera significativa las tarifas por sus servicios. Si son aprobadas por el Congreso, el costo de un permiso de trabajo aumentaría de $180 a $340. La residencia permanente casi se triplicaría de $325 a $905 y las solicitudes para ciudadanía subirían de $330 a $595.

El Servicio de Inmigración no recibe fondos del Congreso. Se sostiene casi ciento por ciento de sus entradas por las solicitudes. En el 2006, se registraron más de 823.000 peticiones para la ciudadanía y casi 806.000 para la residencia permanente. Existen aproximadamente 8 millones de residentes legales en el país elegibles para convertirse en ciudadanos. Eso significa que el Servicio de Inmigración recibirá una buena cantidad de dinero con sus nuevos potenciales clientes.

Antes de implementar los cambios, el USCIS abrió el proceso a la opinión publica durante 60 días. Pero no tuvo que esperar mucho para recibir una verdadera avalancha de críticas a su propuesta. Los abogados de inmigración se quejan porque la consideran excesiva e inaceptable. Será otro obstáculo para los inmigrantes que quieren legalizar su situación, dicen ellos. Podría además conducir a que muchos inmigrantes se abstengan de solicitar la ciudadanía y pierdan la oportunidad de votar en la próxima elección.

¿ Excesivo? Definitivamente. Una familia que apenas sobrevive con el salario mínimo no podría pagar esas cifras. Pero suponiendo por un minuto que una persona, como Karen la mesera, esté dispuesta a hacer lo que fuese necesario para convertirse en residente legal o ciudadana de EEUU, el nuevo aumento de tarifas no la beneficiaría de ninguna manera ni mejoraría sus posibilidades de lograr su propósito, por ahora.
La agencia de inmigración dice que las tarifas más altas ayudarán a dar un mejor servicio, mejor trato al usuario y a tener esperas más cortas para los solicitantes. Les permitiría emplear más personal y adquirir mejor tecnología y por consiguiente acelerar el proceso. Dice también que las solicitudes de ciudadanía serán procesadas en cinco meses en vez de siete y la residencia en cuatro meses en vez de seis. El problema es que el mejor servicio no se comenzaría a ofrecer hasta el 2009.

Jorge Rivera, un abogado de inmigración de Miami, dice que actualmente la espera promedio es mucho más larga que lo que dice el Servicio de Inmigración. “Usted tiene que agregar a esos seis o siete meses el tiempo que toma hacer un chequeo o revisión a fondo. Y si por casualidad su nombre se parece al de alguien con un pasado criminal, o vive en una ciudad con alto volumen de solicitudes, estamos hablando de años y años de espera para obtener la residencia legal o la ciudadanía”.

La Asociación Norteamericana de Abogados de Inmigración está horrorizada con la propuesta de aumentar las tarifas. Es inaceptable, dice, prometer una mejora del 20 por ciento en el tiempo de procesamiento para finales del año 2009 y exigir que los solicitantes paguen aproximadamente un 66 por ciento más por los servicios que probablemente no lleguen ni siquiera a recibir. “Le están cobrando a los inmigrantes no sólo por procesar las solicitudes sino también por los gastos operativos de la agencia y para actividades policíacas como investigaciones y controles de seguridad”, dijeron en una declaración escrita.

El Congreso necesita tomar pasos decisivos en este asunto. Las cuotas ya han sido incrementadas o “ajustadas” como les gusta decir, cuatro veces en la ultima década. Los inmigrantes de todas partes del mundo estarían dispuestos a pagar el alto costo de convertirse en estadounidenses, pero no tienen por qué mantener a una agencia gubernamental, especialmente cuando ya contribuyen bastante con su trabajo, impuestos y como consumidores. El gobierno federal debería subsidiar los gastos de inmigración en lugar de hacer a los inmigrantes pagar hoy por servicios que alguien más podría o no recibir en el futuro.

(*) Conéctese a www.mariaesalinas.com. (c) 2007 by Maria Elena Salinas