El Departamento de Seguridad Interior ha puesto en práctica un nuevo método para seguirle el rastro a los inmigrantes que han solicitado permanecer en Estados Unidos. Se trata de un dispositivo electrónico que éstos deben usar en su tobillo, las 24 horas del día, para que las autoridades puedan controlar sus movimientos.

El plan piloto, por ahora, que parece inspirado en una novela Orwelliana, se ha implementado en sólo ocho ciudades, y más que nada, se aplica a aquellos inmigrantes que han solicitado asilo político.

Pero sienta un precedente muy negativo y moralmente devastador. ¿Qué puede sentir una persona que por el sólo hecho de venir a Estados Unidos a buscar un futuro mejor, está condenado a vivir con un dispositivo que le recuerda a cada instante que está siendo vigilado por las autoridades?

Este tipo de dispositivos (conocidos en inglés como “ankle bracelets”) son los mismos que se les coloca a los violadores y a otro tipo de criminales cuando salen en libertad bajo palabra, o en libertad condicional.

Pero la medida pone los monitores a personas que nunca han cometido un delito, por el simple hecho de ser extranjeros que aspiran a vivir en Estados Unidos, muchos de los cuales, además, son perseguidos en sus países y están aquí por razones de fueraza mayor.

Es decir, ése es su delito, aspirar al llamado sueño americano, esa utopía que desde hace cinco siglos atrae a hombres y mujeres de todo el mundo a este país-continente y que ha ayudado a forjar la grandeza de esta nación.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Interior ha puesto dispositivos electrónicos en más 1.700 inmigrantes. El director de Detenciones y Operativos de Remoción del Departamento, Víctor Cerda, sostiene que los “ankle braceletes” ayudarán a evitar que los inmigrantes con orden de salida permanezcan en el país eludiendo la deportación.

Tal parece que tanto Cerda como sus superiores en el Departamento de Seguridad Interior han exagerado la naturaleza del problema.

La supuesta solución surgió a raíz de un estudio del Departamento de Justicia que cuestionaba la competencia de los funcionarios de Migración para seguirles el rastro a los extranjeros que residen en el país.

El informe —redactado en 2003 por funcionarios de contralor de esa dependencia— acusaba de plena negligencia los mecanismos empleados para expulsar extranjeros con procesos de deportación pendientes.

Fue a partir de ese reporte, entonces, que Cerda y otros altos jerarcas del Departamento de Seguridad Interior decidieron evitar ese tipo de crítica intergubernamental en el futuro. Y claro, los que pagan los platos rotos, como de costumbre, son los inmigrantes.

No es exagerado afirmar que ante un problema difícil las autoridades del Departamento de Seguridad Interior acuden a la vieja y cómoda estrategia de cortar por el lado más fino.