| Mueblería
usa como eslogan “La casa se está quemando” |
| Obligan
a “Casa Furniture” devolver
dinero a clientes |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
Mario Carrión, de
origen hondureño, compró una
cama en marzo del año pasado, la cual
canceló con dinero en efectivo y con
tarjeta de crédito, pero nunca recibió el
mueble, lo que legalmente se traduce como incumplimiento
de contrato. Así como Mario Carrión
aparecieron, en los últimos tres años
en el Condado de Montgomery, más de
20 quejas contra la mueblería Casa America
Furniture Inc., popularmente conocida por la
publicidad dirigida a la comunidad latina del área “La
casa se está quemando”. Por esta
razón la Oficina de Protección
al Consumidor del condado (OCP, por sus siglas
en inglés) realizó una investigación
que resultó en la firma de un acuerdo
con la compañía a través
del cual Casa Furniture o America Furniture,
nombres comerciales con los que operan 12 tiendas
en Washington, DC, Maryland y Virginia, se
compromete no sólo en reembolsar a los
clientes afectados sino también accedió a
ofrecer contratos en español donde se
estipule claramente todo lo relacionado con
la transacción, tiempo de entrega y
las garantías implicadas.
“
Las quejas de los consumidores alegaban que
el almacén no entregaba la mercadería
en la fecha acordada, se rehusaba a aceptar
la devolución de mercancías defectuosas
y no cumplía con las garantías
de los productos. Los consumidores también
se quejaron que mientras que la transacción
se llevó a cabo en español, los
contratos se hicieron en inglés, haciendo
difícil que el consumidor pueda verificar
que el contrato contenga todos los términos
acordados”, explica a Washington Hispanic,
Lorena Bailey investigadora de habla hispana
de la OCP.
Como resultado del acuerdo,
el comerciante ha pagado una multa civil por
un total
de 2.500 dólares y realizará un
reembolso en efectivo por 3.770,50 dólares
que se distribuirá entre cuatro
clientes que están a la espera de
que se solucione sus reclamos.
 |
| Casa America Furniture
Inc., tiene un total de 12 tiendas en toda
el área metropolitana en Montgomery,
hay una en el área de Wheaton y
otra en Long Branch. |
Empresa da la cara
Por su parte, la portavoz y asistenta administrativa de Casa America Furniture,
Judith Ccaccya, reconoció que sí se habían producido algunos “incidentes”,
pero en porcentajes mínimos.
“ Trabajamos en Montgomery por casi cinco años y lamentablemente
no siempre todo sale perfecto. Ahora con este acuerdo sólo queremos que
nuestros clientes se sientan más cómodos y queremos servirles de
la mejor manera”, aseguró Judith Ccaccya.
Según Ccaccya, la
OCP los ha tomado como ejemplo para implantar
este programa piloto y señaló que
tienen intenciones de extender el acuerdo a
sus demás tiendas que operan en el área metropolitana.
“ Creo que llamamos la atención del condado porque somos una cadena
grande y quieren llamar la atención de todos los negocios en especial
aquellos que trabajan con los hispanos. Desde un primer momento accedimos al
llamado de la OCP y hemos accedido a todas sus sugerencias para servir mejor
a la comunidad latina”, finalizó.
Del mismo modo, el director
interino de la OCP señaló que
este acuerdo envía un mensaje a todos
los comerciantes: “Que la Oficina
de Protección al Consumidor trabaja agresivamente para asegurar
que las leyes de protección al consumidor se cumplen en bien de
todos los residentes”.
Si desea expresar una queja
o más información puede llamar
al (240) 777-3636.
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| Anuncian
campañas, coaliciones y hasta un boicot |
| Activistas
realizan intenso cabildeo por la reforma
migratoria en Washington DC |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
Esta semana estuvo marcada
por una serie de actividades y manifestaciones
en Washington DC con el propósito de llegar
a los oídos de los legisladores y solicitar
de inmediato una reforma migratoria digna y justa
para los más de 11 millones de indocumentados
que viven en Estados Unidos. El miércoles
14 de marzo una delegación histórica
integrada por más de 500 líderes
y activistas comunitarios llegaron de distintas
partes del país para presentar sus recomendaciones
al Congreso para alcanzar una reforma migratoria
comprensiva. Incluso el jueves 15 de marzo otro
grupo de activistas convocaron a una reunión
para anunciar un “boicot” para el
próximo 1 de mayo.
 |
Una delegación
de más de 500 líderes y activistas
comunitarios provenientes de 23 estados llegaron
al Congreso para expresar sus propuestas
para una reforma migratoria.
Foto Álvaro Ortiz / Washington Hispanic |
Los participantes de la delegación
que llegó al Congreso pertenecen a tres
grandes redes que agrupan a importantes organizaciones
proinmigrantes: Alianza Comunitaria de la Frontera
por los Derechos Humanos, la Alianza Nacional
de Comunidades de Latinoamérica y el Caribe
y el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa
(FAIR)
“ Las comunidades inmigrantes conocen mejor que cualquier otra persona
en este país la urgente necesidad de una reforma migratoria comprensiva.
Estamos aquí en DC para presentar nuestras recomendaciones con son el
resultado de consultas con miles de inmigrantes que forman parte de nuestras
comunidades”, explica Fernando García de la Red Fronteriza por los
Derechos Humanos de Texas y Nuevo México.
La jornada de cabildeo durante
el cual se visitó a decenas de legisladores
culminó con una protesta frente al Departamento
de Seguridad Interna hasta donde llegaron integrantes
de familias que han sido impactadas por las constantes
redadas realizadas en los últimos meses.
Este fue el caso de Anthony
Cruz, un inmigrante que de la noche a la mañana
tuvo que convertirse en padre adoptivo de su
sobrina de 15 meses, luego de que su hermana
Sandra fuera detenida en su centro de trabajo,
la fábrica Michael Bianco. Según
expresó Cruz su hermana está detenida
en un centro de detenciones en Texas donde según
el testimonio de Sandra no cuenta con las condiciones
básicas de salubridad ni respeto a sus
derechos humanos. También señaló que
su sobrina ahora tiene que pasar más tiempo
sola o frente a un televisor a lo que muchos
activistas señalaron es la situación
de muchos niños que han perdido sus padres
a causa de las redadas lo que los condena a crecer
con resentimientos.
Entre las recomendaciones
presentadas para ser tomadas en cuenta en una
reforma migratoria están el proveer acceso
a la residencia permanente a los indocumentados
que ya se encuentran en el país, eliminar
los retrasos apara aquellos que están
a la espera de la aprobación de una solicitud
ante el Servicio de Inmigración, proveer
visas para futuros trabajadores temporales, proteger
los procesos y los derechos laborales y asegurarse
que el control de las fronteras sea registrado,
seguro y garantice los derechos humanos y civiles
de los inmigrantes detectados.
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| Para
entrenar a la policía |
| Herndon
autoriza acuerdo con Servicio de Inmigración |
Mitzi
Macias
Washington Hispanic
El concejo del pueblo de Herndon
votó unánimemente a favor para
autorizar al alcalde Stephen J. DeBenedittis
y al jefe de la policía Toussaint E. Summers
para que firmen el acuerdo de entendimiento con
el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
con el objetivo de que la policía de Rendón
reciba entrenamiento especializado para actuar
como oficiales de inmigración.
 |
Policía de
Herndon asegurá que se enfocará en
los criminales, pero medida genera preocupación
entre las comunidades inmigrantes.
Foto: Adrian Meshad / Washington Hispanic |
La votación se realizó durante
una audiencia pública el martes 13 de
marzo a donde asistieron los miembros del concejo,
el alcalde del pueblo, el jefe de la policía
y activistas y líderes comunitarios.
A pesar que el jefe de la
policía señaló que su principal
interés es “sacar de las calles
a los criminales” la resolución
de Herndon ha llamado la atención de los
activistas y defensores de los inmigrantes, quienes
no sólo ven peligrar la seguridad del
pueblo sino también temen que esta medida
afecte a las familias inmigrantes que viven y
trabajan en Herndon.
“ Las leyes estatales
en VA actualmente permite que la policía
arrese a los criminales y luego los refiera al
Sistema de Inmigración, así que
para nosotros la iniciativa de Herndon es completamente
racista y antiinmigrante”, expresó a
Washington Hispanic Juan Carlos Ruiz, activista
comunitario proinmigrante.
“ El problema es que
cuando entren a buscar a un criminal en camino
van a levantarse a inmigrantes inocentes y eso
causará un gran impacto dentro de nuestra
comunidad”, agregó Ruiz.
Otro aspecto fundamental es
que cuando esta medida provoca inseguridad entre
los miembros de la comunidad, quienes sentirán
temor de acercarse a un oficial de policía
ya sea para reportar un crimen o para servir
de testigo de una actividad criminal, haciendo
más difícil el trabajo real de
la policía.
Todavía no se han definido
los criterios que se emplearán para seleccionar
a los oficiales de policía que participarán
del entrenamiento y pese a que las autoridades
en Herndon aseguran que no representará ningún
gasto para el pueblo, los activistas proinmigrantes
señalan lo contrario.
“ Para empezar habrán
menos policías para cuidar nuestros vecindarios
por lo que se tendrá que pagar horas extras,
además se deberá financiar gastos
relacionados con el entrenamiento como el transporte
que no han quedado claramente definidos ante
el concejo de la ciudad”, explica Juan
Carlos Ruiz.
Por lo pronto los activistas
expresaron que iniciarán una campaña
para educar a las comunidades inmigrantes para
qué sepan cuáles son sus derechos
y cómo deben actuar si se convierten en
víctimas de una redada.
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