| Por
polémica destitución de ocho
fiscales |
En manos
de Bush ratificación o renuncia del
secretario de Justicia |
 |
| Alberto Gonzales,
secretario de Justicia y fiscal general de
Estados Unidos, declara a la prensa en la
sede del Departamento de Justicia, el martes
13. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS |
Redaccion
Washington Hispanic
La situación del secretario (ministro)
de Justicia, Alberto Gonzales, se tornaba crítica
conforme pasaban las horas, mientras desde sectores
vinculados al Partido Demócrata, y también
del Partido Republicano, crecían las voces
demandando su renuncia a raíz de conocerse
hechos irregulares producidos en la destitución
de ocho fiscales federales en 2006.
Al cierre de esta edición, jueves 14,
la Comisión de Asuntos Judiciales del
Senado aprobó el envío de citaciones
judiciales a cinco funcionarios del Departamento
de Justicia y seis de los fiscales federales
cesados, para que declaren con carácter
obligatorio en torno a la remoción de
dichas autoridades judiciales.
Pese a esta circunstancia, el presidente George
W. Bush renovó el miércoles 14
su confianza en Gonzales, un día después
de que el secretario de Justicia declaró que
había dado a los legisladores información
incompleta sobre esa radical medida.
El martes 13, Gonzales confirmó la renuncia
de su jefe de Gabinete, Kyle Sampson, por el
mismo caso, y ese mismo día, en una entrevista
a la cadena NBC se declaró “responsable” de
los errores cometidos y dijo que se mantendría
en el cargo si Bush así lo desea.
“
Finalmente, yo presto servicios si así lo
quiere el presidente de Estados Unidos”,
recalcó, para añadir que “esa
será una decisión que deberá tomar
el presidente.
El jueves 15, el senador republicano de Nuevo
Hampshire, John Sununu, se sumó a los
numerosos líderes demócratas que
demandan la renuncia de Gonzales, a quien acusan
de “pobre manejo” en la destitución
de los ocho fiscales federales.
En un comunicado que se entregó a la prensa,
Sununu señaló que el presidente “debería
despedir al secretario y reemplazarlo cuanto
antes con alguien que pueda proveer un liderazgo
fuerte y agresivo”.
Posteriormente, Sununu declaró que Gonzales
ha perdido credibilidad, refiriéndose
no sólo al despido de los fiscales sino
a otro informe según el cual el FBI ocultó información
sobre el espionaje de ciudadanos estadounidenses.
Renacen protestas
El escándalo se reavivó en los últimos
días cuando algunos de los fiscales destituidos
demostraron haber sufrido presiones de legisladores
republicanos, y cuando documentos revelaron que
altos responsables de la Casa Blanca estuvieron
implicados en la decisión.
“
Nunca señalé un caso en particular,
y nunca le di (a Gonzales) instrucciones”,
declaró el miércoles Bush en una
conferencia de prensa en México, donde
concluyó una gira de una semana por cinco
países de América Latina.
“
Tengo confianza en el secretario de Justicia
Al Gonzales”, añadió, aunque
reconoció que “se cometieron errores” principalmente
en la comunicación al Congreso sobre el
tema “y francamente eso no me agrada”,
dijo Bush.
Colaborador fiel y discreto de Bush desde más
de 10 años, Alberto Gonzales, antiguo
responsable de los servicios jurídicos
de la Casa Blanca nombrado al mando de la cartera
de Justicia en 2004, ya fue objeto de críticas,
especialmente en relación a los excesos
de las políticas antiterroristas.
Hillary Clinton, la candidata a la investidura
demócrata para la elección presidencial
de 2008 se había sumado antes a los reclamos
de su competidor John Edwards, de su colega Harry
Reid, jefe de la mayoría del Senado, de
Edward Kennedy, y la dirección del partido
demócrata.
“
Ya es hora que el secretario de Justicia, que
aseguró sin razón que las destituciones
habían sido fundadas en el desempeño,
se vaya. Todo indica que olvidó la diferencia
entre su trabajo actual, como primer responsable
de la aplicación de las leyes en Estados
Unidos, con su antiguo trabajo de abogado personal
del presidente Bush”, declaró Clinton
en un comunicado.
En Estados Unidos, la destitución de fiscales
federales no es ilegal, pero poco común.
El ex presidente Bill Clinton destituyó a
los 93 al asumir la presidencia en 1993.
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| Wall
Street se desploma por crisis en sector inmobiliario |
Récord
de morosidad en hipotecas de “alto
riesgo”
|
Redaccion
Agencias
 |
| La venta de viviendas
a través de créditos hipotecarios
de “alto riesgo” está ahora
bajo la lupa de las autoridades. |
Wall Street –al igual que las bolsas asiáticas
y latinoamericanas- registró una fuerte
caída el martes 13, siguiendo la tendencia
de la plazas europeas, pero afectada especialmente
por temores de que la crisis del sector inmobiliario
se extienda al resto de la economía de
la nación.
Los índices aceleraron el desplome de
las acciones en más de 240 puntos –su
segunda gran caída del año-, luego
de la publicación de un estudio de la
asociación de banqueros hipotecarios (“Mortgage
Bankers Association”), que aumentó las
inquietudes de los inversores, que temen que
las dificultades del sector de préstamos
de “alto” riesgo alcancen a otras
empresas financieras.
Según el informe, los préstamos
morosos alcanzaron 4,95 por ciento de los créditos
inmobiliarios en el cuarto trimestre 2006, en
alza de 0,28 punto porcentual en relación
al trimestre anterior.
Los préstamos hipotecarios de alto riesgo
(“subprime”) en mora, están
en su nivel más alto en cuatro años
en Estados Unidos, señaló Al Goldman,
analista de AG Edwards.
Además, la asociación dio a conocer
que los embargos subieron al índice más
alto de todos los tiempos en el último
trimestre de 2006 (0,5 por ciento, un récord
histórico), determinado por la ejecución
de las hipotecas, que supone la pérdida
de la vivienda por parte del propietario.
Una de las principales firmas de crédito
inmobiliario a riesgo, New Century, al borde
de la quiebra, fue oficialmente suspendida el
mismo martes para cotizar en el New York Stock
Exchange (Nyse Group), administrador de la bolsa
de Nueva York.
El fiscal federal de California inició por
su parte una investigación penal sobre
New Century.
Alerta nacional
La grave crisis que sufre el mercado hipotecario
puso en alerta a Estados Unidos por la posible
repercusión en la economía del
país, pero sobre todo porque reveló el
deficiente sistema de control de las entidades
financieras en los últimos años.
Las alarmas saltaron tras conocerse el incremento
de la morosidad y la falta de pago de los créditos
para las viviendas. Varias financieras, especialmente
New Century Financial Corp., Accredited Home
Lenders Holding Co. y la unidad residencial de
General Motors Acceptance Corp., atraviesan graves
crisis de liquidez.
En términos más sencillos, la Asociación
Hipotecaria reveló que en estos momentos
hay seis millones de hipotecas de “alto
riesgo”, con un índice de morosidad
del ocho por ciento, casi el doble que el resto
de los préstamos.
Crece la “burbuja”
Especialistas en el tema precisaron que el auge
de los créditos “de alto riesgo” precipitó la
inmensa “burbuja inmobiliaria” que
se registra en el país en los últimos
años, la que evidentemente ha empezado
a desinflarse.
Otros analistas señalan que la actual
crisis del mercado inmobiliario destapó las
prácticas deficientes desarrolladas por
ciertas entidades financieras, en especial las
que se dedican a entregar hipotecas de “alto
riesgo”.
Entre esas prácticas está el hecho
de que no solicitaban a sus clientes la documentación
sobre sus ingresos o activos y tampoco exigían
entrada para el crédito o el aporte de
garantías adicionales. Asimismo, la evaluación
del historial crediticio de los potenciales clientes
es considerada muy deficiente.
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| Son
juzgados en Corte de Greenbelt por una serie
de asesinatos |
Ley
antimafia aplican a otros tres cabecillas
de la Mara Salvatrucha
|
Victor Caycho
Washington Hispanic
 |
| Sede de
la Corte de Greenbelt, donde un tribunal
examina el caso
de tres miembros de la Mara Salvatrucha. Foto:
Adrián Meshad / Washington Hispanic |
Tres hombres de un grupo de 17 acusados como
cabecillas de la llamada Mara Salvatrucha MS-13
son procesados actualmente por la Corte de Greenbelt
(Maryland), acusados de una serie de sangrientos
crímenes que se registraron en los últimos
años en los Condados de Prince George
y Montgomery, en Maryland, y en Fairfax (Virginia).
Todos ellos son juzgados mediante la ley RICO
(Racketeer Influenced and Corrupt Organization),
más conocida como Ley antimafia, dirigida
precisamente a combatir las organizaciones mafiosas
y del crimen organizado.
Los protagonistas de este caso son Omar Antonio “Duke” Vásquez,
de 28 años; José Hipólito “Piraña” Cruz
Díaz, de 27 años, y Henry S. “Homeboy” Zelaya,
de 20 años.
Ellos comparecieron desde el lunes 12 ante la
corte presidida por la jueza Deborah Chasanows,
y ante un jurado conformado por 16 miembros.
De acuerdo a los fiscales, Vásquez había
reconocido en una confesión hecha a detectives
del FBI que él se reunió con líderes
de la MS-13 en una prisión de El Salvador,
en las que solicitó la “autorización” para
asesinar a su hermano, quien también pertenecía
a la misma pandilla.
Los acusadores indicaron que los tres mencionados
cabecillas participaron en una serie de hechos
vinculados con violaciones, homicidios y otros
hechos de violencia criminal.
Al respecto, indicaron que la banda utilizó pistolas,
cuchillos y machetes para ejecutar sus crímenes.
El fiscal asistente, James M. Trusty, afirmó durante
el juicio que los pandilleros de esta organización
actúan no sólo localmente y en
diversos estados de la nación, sino también
a nivel internacional, por lo que se ajustan
para aplicárseles la ley RICO, lanzada
desde 2005 por las autoridades locales, estatales
y federales.
De acuerdo a las investigaciones, este grupo
de miembros de la “mara” asesinaron
al menos a seis personas e intentaron matar a
otros cuatro. Sus ataques se produjeron entre
abril de 2003 y junio de 2005, en las mencionadas
jurisdicciones.
Trusty dijo que Zelaya dio muerte de un balazo
a Noel Gudiel, miembro de una pandilla rival,
en Langley Park, Prince George, el 20 de abril
de 2003. Varios sujetos lo emboscaron, y luego
golpearon antes de rematarlo con un proyectil.
También asesinaron a Randy Calderón
y Eliuth Madrigal, el 22 de noviembre en Montgomery,
y a Anthony Campos, el 21 de enero de 2005, en
Fairfax.
El equipo de fiscales cuenta con el apoyo del
gobernador de Maryland, Martin O’Malley,
quien declaró a la prensa que pondrá todas
las facilidades a disposición del Ministerio
Público, para combatir a las pandillas.
El juicio, según los abogados defensores,
podría extenderse por un mes, debido a
las decenas de testigos que se llamará a
declarar.
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