Patricia Guadalupe Columnista

Una decisión este pasado lunes de la Corte Suprema del país que afecta a más de 3 millones de residentes de Puerto Rico pasó desapercibida por la gran mayoría del público estadounidense. Los jueces del Supremo rechazaron una petición de un grupo de puertorriqueños que buscaba que se le concediera a los residentes de la isla el derecho a votar en elecciones presidenciales. Como territorio estadounidense, los residentes de la isla son ciudadanos estadounidenses pero no votan en elecciones presidenciales y su representante en el congreso federal no tiene voto legislativo. Ante la rechazo del Supremo, los que abogan por el voto presidencial dicen que llevarán su caso a la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta cuidad para denunciar que el negarle el voto a tantos ciudadanos del país atenta contra sus derechos civiles.

Y hablando de Puerto Rico, el martes que viene los congresistas demócratas John Conyers de Michigan y Charles Rangel de Nueva York auspician una audiencia informal sobre unas denuncias de abuso que varios periodistas puertorriqueños hayan hecho contra el FBI. Los periodistas alegan que fueron maltratados por agentes del FBI cuando los acompañaron a cubrir una serie de redadas en los hogares de varios integrantes de grupos independentistas en la isla.
El congresista Conyers indicó que en la audiencia examinará el historial “delicado” del FBI en Puerto Rico y si la conducta de agentes fue “razonable y justificada”. La sesión informativa en el Congreso se llevará a cabo de manera informal, ya que Conyers, Rangel y otros legisladores no consiguieron el apoyo de la mayoría republicana del comité judicial, el cuerpo legislativo encargado de investigar asuntos jurídicos y policíacos.

A la vez que grupos conservadores denuncian a los que abogan por los derechos de los inmigrantes y mientras se debate en el Congreso el tema de la inmigración, el Departamento federal del Censo dio a conocer unas impresionantes cifras de empresas latinas. Señalan que la cantidad de compañías hispanas creció un 31 por ciento en los últimos cinco años, tres veces más rápido que cualquier otro grupo étnico. Los casi dos millones de empresas latinas en el país representan más de $220.000 millones en ingresos. Las cifras del censo también indican que la mayoría de los negocios latinos están en los campos de construcción, mantenimiento y ventas, y la mayoría de los empresarios latinos son de origen mexicano. Entre los estados de mayor crecimiento para negocios latinos están Nueva York, Georgia, Carolina del Sur y el área metropolitana de Washington.

Mientras tanto, el presidente Bush dijo esta semana que los indocumentados “no deben pasar al frente de la fila” para conseguir residencia legal ni que obtengan una “ciudadanía automática”, aunque se trate de personas que ya llevan años en el país. El primer mandatario hizo los comentarios durante una rueda de prensa en la Casa Blanca al responder si aceptaría la legalización de los indocumentados que llevan en Estados Unidos mucho tiempo, por ejemplo desde 1987, un año después de la amnistía que el entonces presidente Reagan otorgara en 1986.

Por otra parte, grupos que abogan por los inmigrantes estudian la posibilidad de boicotear empresas que destinen contribuciones a legisladores que voten por propuestas en contra de la comunidad migratoria.

Ya se habla de un boicot contra la cervecería Miller por contribuciones que la compañía hiciera al congresista republicano James Sensenbrenner de Wisconsin, auspiciador de legislación que, entre otras cosas, hace el estar en el país ilegalmente un crimen mayor y destina fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera EE.UU.-México. “Si nos van a tratar mal, les vamos a decir que no vamos a comprar sus productos y de esa manera nos harán caso”, dijo Jaime Contreras, del Comité Nacional de Inmigración (NCIC, en inglés).

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