Patricia Guadalupe Columnista

A la vez que el pleno del Senado federal comienza a discutir el tema de reforma migratoria, un grupo de congresistas demócratas auspició una sesión informativa para ventilar las quejas del gobierno de Puerto Rico y de otros sectores por la presunta falta de cooperación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en unas pesquisas sobre la muerte de un líder del movimiento independentista en la Isla y agresiones contra periodistas por parte de agentes federales.

Como parte de la llamada lucha contra el terrorismo, el FBI y otras autoridades federales han estado llevando a cabo operativos en la Isla que muchos alegan se hacen simplemente para tratar de sofocar intentos de ampliar el movimiento independentista en la Isla.

En un enfrentamiento con agentes del FBI en su hogar el pasado 23 de septiembre, el líder independentista Filiberto Ojeda Ríos murió desangrado, y en la sesión congresional el Secretario de Justicia de Puerto Rico le dijo a los legisladores que no tenía que haber pasado de esa manera. “La información que tenemos es que si él hubiera sido atendido, no hubiera muerto”, declaró Roberto Sánchez Ramos. El FBI bloqueó el acceso a Ojeda Ríos por varios días.
Por otra parte, periodistas dicen haber sido víctimas de maltrato a manos del FBI durante un operativo el mes pasado en el hogar de una mujer supuestamente vinculada al movimiento por la independencia isleña. Dos periodistas, Oscar Serrano, presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y el camarógrafo Normando Valentín, presentaron un video grabado en las afueras de un apartamento en la ciudad capitalina de San Juan donde se llevó a cabo el operativo del FBI y donde se ve el enfrentamiento con los agentes federales.

Durante la presentación del video, varios de los congresistas se veían visiblemente conmocionados.
“ Queda muy claro que aquí hay suficiente evidencia para exigir una respuesta del FBI”, dijo el congresista Bobby Scott, de Virginia.
Indignado, el congresista José Serrano, de Nueva York, dijo que a la mayoría republicana, ausente de la sesión, “solamente le importa hablar de indocumentados e ir detrás de indocumentados, pero no le hacen caso a una situación que afecta sus propios ciudadanos”. Como territorio estadounidense, los más de 4 millones de residentes de la Isla son ciudadanos de nacimiento.
Ni el FBI ni el departamento federal de Justicia enviaron representantes a la sesión congresional.

En una reciente audiencia privada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, representantes del FBI dijeron que no habían avisado de antemano a las autoridades puertorriqueñas del operativo contra Ojeda Ríos porque “no confiaban” en ellos.
La legisladora neoyorquina Nydia Velázquez comentó sentirse “avergonzada” como congresista. “Se supone que el FBI guarde el orden y no esté atentando contra los derechos civiles de la gente. Como puertorriqueña, tengo un interés personal en que a los residentes de Puerto Rico se les trate como ciudadanos estadounidenses que son y no como ciudadanos de segunda clase”.
Serrano añadió que la ausencia del FBI en la sesión apunta a un “patrón de falta de respeto” hacia Puerto Rico. “Imagínense que esto hubiera ocurrido en una ciudad en Estados Unidos. Hubiera provocado una enorme indignación”.

La sesión congresional no pudo ser calificada como audiencia formal porque no obtuvieron la cooperación de la mayoría republicana en el comité judicial, algo que los congresistas calificaron como “lamentable”. No obstante, el legislador Charles Rangel, de Nueva York, sostuvo que la sesión se llevó a cabo para recopilar información con miras a llevar a cabo audiencias en la Isla en una fecha por determinar, y prometió darle seguimiento.

“Cuando no hacemos nada, somos parte del problema”, dijo Rangel.

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