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Arrestan a seis estudiantes y tres serán juzgados como adultos

“Disparo pone al descubierto venta de armas en escuela de MD




La detonación de un arma de fuego en uno de los baños del segundo piso de la escuela secundaria Albert Einstein, en Wheaton (Maryland), hecho que fue reportado a las autoridades por un alumno, provocó la inmediata intervención policial al mediodía del miércoles 9.

Al final de la jornada, cinco estudiantes –una mujer entre ellos- fueron arrestados, otro está bajo investigación y un séptimo sospechoso, de 20 años, quien no es alumno de dicha escuela, fue detenido al día siguiente en su domicilio.

La investigación determinó que tres pistolas que habían sido llevadas al interior de la escuela, así como una cuarta arma de fuego que fue recuperada en la residencia del joven de 20 años, fueron robadas de la casa de la alumna implicada en este caso.

Se estableció que esta última estudiante, de 15 años, junto con su “novio” y compañero de la escuela, de la misma edad, conspiraron para robar las pistolas y otros artículos desde su casa, con el propósito “de venderlos para hacer dinero”.
Las armas estaban bajo llave en su domicilio, pero ella sabía cómo abrir el gabinete donde estaban guardadas.

En Código Rojo
Cometido el robo, el novio llevó tres pistolas al baño de hombres del segundo piso de la Albert Einstein, para mostrárselo a eventuales compradores, según confirmó Blanca Kling, portavoz de la policía de Montgomery.
Una de las armas fue tomada por un escolar de 14 años, con el propósito de examinarla, pero accidentalmente accionó el gatillo.

Un estudiante escuchó la detonación y avisó al administrador del plantel. Poco después se encontró un orificio en la pared del baño y entonces el sistema educativo activó el “código azul”, el cual requiere que el alumnado y el personal sea contabilizado y puesto bajo supervisión mientras se confirma el reporte del incidente.

Al comprobarse que se había producido el disparo de un proyectil, se activó el “código rojo”, que es el máximo en situaciones de emergencia, mediante el cual se cierran todas las puertas y ventanas y no se permite el ingreso y salida de ninguna persona.

Mientras tanto, la policía desplegó una exhaustiva investigación en todo el local escolar, localizado en el 11135 de la calle Newport Mill Road, en el área de Wheaton.

Una revisión minuciosa en los diferentes ambientes de la escuela, con el apoyo del personal de seguridad y administrativo de la escuela Albert Einstein logró ubicar tres armas de fuego en el casillero de uno de los alumnos.

Como estaba en vigencia el “código rojo”, el alumnado y el personal educativo no salieron a sus casas a las 2:15 p.m., como es habitual. Los padres de familia fueron avisados desde un primer momento que sus hijos no podrían salir de la escuela hasta nuevo aviso, pero no se les informó las razones, lo que originó mucha inquietud y nerviosismo.

Sin embargo, todo se normalizó poco después de las 4:10 p.m., al abrirse las puertas de la Albert Einstein y darse a conocer que el incidente no causó heridos, según informó Kate Harrison, portavoz de las escuelas públicas de Montgomery.

Bajo custodia
El jueves 10, la policía informó que tres alumnos, dos varones de 14 años y una adolescente de 15 años, fueron acusados como delincuentes juveniles. El escolar de 15 años recibió varios cargos, entre ellos el de robo en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego con su respectiva munición. Junto con el menor de 14 años fueron internados en el Centro Alfred D. Noyes. La alumna de 15 años fue acusada por complicidad en el robo.

Además, se dieron a conocer las identidades de otros dos escolares, que fueron acusados como adultos. Ellos son: José Ramos, de 16 años, y Geovani Lazabara, de 17 años. Ambos residen en Silver Spring y fueron acusados por tres cargos de posesión y venta ilegal de armas de fuego y de tenerlos en una propiedad escolar, entre otros cargos. Se fijó una fianza de 100.000 dólares por cada uno de ellos.

Asimismo, Raúl García, de 20 años, también de Silver Spring, recibió los mismos cargos que los dos anteriores y al cierre de esta edición todavía no se le había fijado una fianza. En su casa se recuperó una cuarta pistola, quien la tomó pues, según dijo, estaba considerando comprarla.

 

 

Arrestan a 59 inmigrantes por usar documentos falsos

ICE arresta a indocumentados en complejo turístico de VA


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Varios trabajadores indocumentados son agrupados en un local del ICE el martes 8, luego de sufrir arresto en el complejo turístico Lansdowne Resort, en el condado de Loudoun (Virginia). Foto: Cortesía ICE

Una nueva redada de trabajadores indocumentados, esta vez en un vasto y lujoso complejo residencial turístico de Virginia, se produjo el martes 8, sembrando el miedo y el desconcierte entre decenas de familias. La operación concluyó con el arresto de 59 inmigrantes de siete nacionalidades, todos los cuales encaran ahora el proceso de deportación.

Entre los detenidos hay 33 salvadoreños, según confirmó la cónsul general de El Salvador en Washington, DC, Ana Margarita Chávez. También hay siete peruanos, entre ellos dos mujeres, reportó por su parte el cónsul general de Perú, Fernando Quirós. También hay inmigrantes indocumentados que proceden de Guatemala, México, Honduras, Bolivia y Argentina.

Los hechos sucedieron en las primeras horas de la mañana del martes 8, en las instalaciones del Lansdowne Resort, con la participación de gran número de oficiales federales de inmigración. Dicho complejo está ubicado en Woodbridge Parkway, en el condado de Loudoun del Norte de Virginia.

De acuerdo a un reporte de la agencia de inmigración y aduanas (ICE), los agentes interrogaron a unos 100 empleados, al cabo de lo cual se arrestó a 53 trabajadores, a los que se acusó de violaciones del estatus migratorio. Otras seis personas fueron aprehendidas en la zona exterior del enorme complejo turístico, que cuenta con ambientes para grandes convenciones y extensos campos de golf, y donde también se ofrece paseos a establecimientos productores de vino cercanos.
Dos mujeres fueron puestas en libertad “por razones humanitarias”, informó el ICE, aunque sin identificarlas.
La investigación sobre este caso se inició en los primeros días de 2007, después de una inspección rutinaria de todas las solicitudes de empleo entregadas al Lansdowne Resort, según dio cuenta el ICE.

El análisis de los expertos identificí información que los condujo a sospechas que muchos de los empleados estaban usando documentos fraudulentos o que se había producido robo de identidad para obtener el empleo en el complejo.
“ La intervención de hoy es parte de un trabajo agresivo del ICE a nivel nacional, contra trabajadores no autorizados y empleadores que violan la ley”, dijo Mark McGraw, agente especial a cargo de la oficina de investigaciones del ICE en Washington, DC, en una declaración.

Añadió que todos los “violadores del estatus de inmigración arrestados” serán interrogados por personal del ICE y de los servicios de Salud de la División de Inmigración y se les ofrecerá acceso a servicios sociales para determinar su estado de salud y otras situaciones humanitarias.

Los salvadoreños
La cónsul salvadoreña Ana Margarita Chávez indicó que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) les proporcionó el número telefónico 1-866-341-3858, para consultar los nombres de los detenidos en la redada en el complejo Landsdowne Resort.

“ Pero nuestro consulado de Woodbridge, que ve los casos de Virginia, encontró que esos trabajadores ya habían sido trasladados a tres centros de detención, ubicados en las áreas de Pierrmont, Hampton y Riverside.

Tras confirmar que son 33 los salvadoreños detenidos, dijo que ha logrado hablar con algunos de ellos, varios de los cuales no gozan del estatus de protección temporal (TPS). Citó los casos de Rina Estela Morales, “que tenía seis años viviendo acá pero sin TPS”, y el de Armira Guadalupe Contreras Morales, “que ya tenía una orden de deportación y tampoco tenía TPS”.
Otras fuentes diplomáticas indicaron su seguridad de que las autoridades del país “continuarán con estas operaciones anitiinmigrantes que se están dando más que todo en el estado de Maryland”.

 

 

 

Dan 150 días para iniciar embargo

Maryland da el ejemplo para salvar casas

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Martin O’Malley, gobernador de Maryland firmó una legislación de emergencia para enfrentar de inmediato el aumento de los embargos hipotecarios en la región. Foto Washington Hispanic.

El gobernador de Maryland, Martin O’Malley comprendió que urgía tomar acciones concretas para ofrecer una estabilidad al mercado inmobiliario entre prestamistas y prestatarios –quien recibe el préstamo- y firmó el jueves 3 de abril una legislación de emergencia que ayudará a miles de residentes del estado que están en este momento en riesgo de perder sus propiedades y evitará que se produzcan futuras crisis debido a prácticas de prestamistas inescrupulosos.
“ La seguridad financiera de nuestras familias, así como la fortaleza y salud de nuestras comunidades depende de nuestra habilidad para ayudar a preservar y sostener a los propietarios en nuestro estado”, señaló el gobernador O’Malley.
A diferencia de las propuestas que se han barajado a nivel federal y a las medidas económicas, como la disminución de la tasa de interés que no reflejan resultados concretos, el estado de Maryland da el ejemplo al aprobar de inmediato una legislación que incluye medidas específicas que benefician directamente al residente que está en riesgo de perder su casa y toma acciones inmediatas para penalizar a aquellos prestamistas que realicen transacciones poco confiables.
La legislación incluye tres puntos importantes y necesarios para lograr el balance necesario entre el prestamista y el que debe el préstamo.
Primero, la ley extiende el proceso para dar inicio a un juicio hipotecario o embargo hipotecario de 15 días a aproximadamente 150. De esta manera se actúa de una manera más justa frente al dueño de casa, quien tendrá más tiempo y el derecho a recibir una notificación antes de que su propiedad sea embargada. Esto significa que el prestamista deberá esperar 90 días después que el propietario incumpla con el pago del préstamo hipotecario para iniciar una acción de embargo y deberá enviar una notificación 45 días antes de iniciar el proceso en mención. El prestamista deberá demostrar prueba de la propiedad cuando inicie el proceso de embargo. La legislación también considera el derecho para remediar el haberse atrasado en el pago del préstamo, lo cual le permite al propietario a frenar el embargo siempre y cuando pague lo adeudado hasta un día antes que se cumpla el plazo para el embargo.
Segundo, la legislación aprobada por la legislatura de Maryland incluye protecciones contra el fraude y convierte en crimen cualquier transacción fraudulenta relacionada con el préstamo. Incluso estipula multas y hasta el encarcelamiento para los que cometan estos crímenes.
En este sentido la legislación también obliga a cumplir a los prestamistas ciertos requisitos en el proceso para otorgar un préstamo como verificar si realmente su cliente gana lo que dice que gana y si tiene los años de antigüedad en el trabajo que la persona declara tener. Esto como resultado de los múltiples casos de fraude que se han detectado en cuanto a los requisitos que presentan los que solicitaban un préstamo hipotecario.
Como tercer punto, la legislación que ya entró en vigencia de forma automática después de ser firmada por O’Malley prohíbe las llamadas transacciones de rescate de un embargo que deja a las personas sin casa y sin el dinero que podrían haber obtenido por el valor ganado de su propiedad equity.
“ Por ejemplo muchas veces los prestamistas hacen refinanciar a los dueños de propiedades generalmente a personas mayores que han ganado cierto porcentaje en el valor de su casa, le compran el llamado equity y después resultan debiendo tanto que no pueden pagar y quedan en la calle”, explica la legisladora Ana Sol Gutiérrez.
“ Sobre la propuesta presentada por el gobernador nosotros hemos incluido el incremento de las penalidades criminales enfocándonos en la defensa del consumidor, en este caso los propietarios de vivienda”, agregó la legisladora.
Por su parte el vice gobernador, Anthony Brown manifestó que la legislación establece el balance entre la responsabilidad de ambos, de prestamista y prestatario para asegurar que ambas parte trabajen juntas para evitar los embargos hipotecarios. “Cuando un propietario es forzado a ingresar en un proceso de embargo hipotecario daña a todos: prestatario, prestamista y la comunidad donde se localiza la vivienda”, afirmó Brown.

 



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