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Establece 11,30 dólares por hora de trabajo

Maryland: primero en fijar salario justo

La nueva ley establece un salario justo y uniforme para todos los empleados que trabajan para un contratista que ofrece servicios al gobierno estatal. En este sentido beneficiará a los trabajadores latinos, quienes desempeñan las tareas de limpieza y de jardinería para el estado. Foto: Adrían Meshad / washington hispanic

Maryland pasó a la historia, al final de la última sesión legislativa, al convertirse en el primer estado en establecer un salario justo y uniforme, muy por encima del salario mínimo, que comprenderá a todos los contratistas que ofrecen servicios al gobierno estatal.

La nueva ley establece un salario de 11,30 dólares por hora de trabajo en jurisdicciones con una economía mejor que en las zonas rurales como son en los condado de Prince George, Montgomery, Howard, Baltimore y la ciudad de Baltimore. En las zonas más pobres del estado el salario justo se estableció en 8,50 dólares por hora.

Antes que se aprobará esta ley a nivel estatal, Prince George, Montgomery y Baltimore ya habían determinado un salario justo, pero ahora la medida se deberá adoptar en todo el estado y de manera uniforme.

Montgomery pagaba 11,60, Prince George, 11,25 y Baltimore 9,62 dólares al momento de entrar en vigencia el nuevo salario.

“ Aunque este salario aplica sólo a los contratos que se hacen con el gobierno, va beneficiar a un buen número de trabajadores latinos porque en la mayoría estos contratistas ofrecen servicios de limpieza y jardinería, trabajos que son realizados por los latinos”, señaló a Washington Hispanic, la delegada de Maryland, Ana Sol Gutiérrez.
El proyecto de ley del Salario Justo fue aprobado en el Senado por 31 votos a favor y 16 en contra y en la Casa de Delegados pasó por 91 frente a 49.

Una propuesta parecida se aprobó en la Asamblea Legislativa en el 2004, pero fue vetada por el gobernador Robert L. Ehrlich Jr., quien argumentó que la medida subiría el costo de los contratos estatales.

En esta oportunidad, los argumentos de los que estaban en contra del establecimiento oficial de un sueldo justo no se diferenciaron en gran medida al señalar que no era una buena política al enfrentar el presupuesto estatal un déficit de 1,5 billones de dólares.

“ Con el aumento y establecimiento del salario justo buscamos elevar la calidad de vida de los trabajadores y es uno de los primeros pasos para ir abandonando los niveles de pobreza en la región”, estableció Gutiérrez.
No hay que confundir el salario justo en mención con el salario mínimo que actualmente asciende en Maryland a 6,15 la hora.

Este nuevo salario justo no aplica a los trabajadores de construcción cuyos salarios están regulados por una ley federal que establece un “sueldo prevalente”, que, en la gran mayoría de los casos, está muy por encima del salario justo.

La delegada Gutiérrez también remarcó que, de la mano del establecimiento del nuevo salario justo, debe venir una campaña educativa dirigida a los trabajadores porque muchas veces ellos trabajan para una determinada compañía, pero desconocen que “su empresa tiene un contrato con el gobierno”.

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Desea expandir servicios a VA y MD

CARECEN cumple 25 años


Saúl Solórzano, director ejecutivo de CARECEN, señala que uno de sus principales retos es lograr una mayor participación y liderazgo de la comunidad inmigrante. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

El dos de mayo de 1982 un grupo de voluntarios se unieron para ofrecer servicios legales a un alto número de centroamericanos que llegaron al Distrito de Columbia huyendo de la guerrilla y consecuentemente de una serie de violaciones a los derechos humanos. Han pasado 25 años y CARECEN se ha convertido en una organización sólida en la ciudad capital con un equipo integrado por 15 empleados que ofrecen servicios a más de 10,000 residentes.

no sólo en el área legal sino también el campo de la educación y vivienda.

El trabajo realizado en todo este tiempo es la mejor carta de presentación con la que cuenta CARECEN y se enorgullece de haber sido testigo y protagonista de decisiones políticas que han beneficiado a la comunidad inmigrante.

A CARECEN se le acredita el haber luchado por conseguir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses y de que se haya reconocido la controversial Ley Nacara. De la misma manera la organización se ha convertido en uno de los principales bastiones del Distrito en asumir la defensa de los inmigrantes indocumentados, gestión que es reconocida por el gobierno federal.

“ Hemos jugado un papel fundamental en la lucha por los derechos de los inmigrantes, pero aún falta mucho por hacer. Deseamos reforzar nuestros servicios y estamos estudiando la manera de poder expandir nuestros servicios al área de Virginia y Maryland. Con la celebración de los 25 años de la organización no sólo queremos celebrar los logros sino imponernos nuevos retos”, señaló el director ejecutivo de CARECEN, Saúl Solorzano.

Actualmente CARECEN ofrece servicios de inmigración, asesoría legal, clases de ciudadanía y en el año 2000 dieron los primeros pasos en la defensa de los inquilinos.

“ Bajo la administración del alcalde Anthony Williams se impuso una política para desplazar a los inquilinos latinos bajo el nombre de la revitalización de los vecindarios. Nosotros logramos frenar esta iniciativa y demandamos a la ciudad por realizar potenciales violaciones a los derechos civiles y logramos que se de marcha atrás. Desde ese momento se originó un movimiento en el Distrito para preservar las viviendas a bajo costo y evitar así el desplazamiento masivo de la población", cuenta Solorzano.

A nivel nacional existen cinco organizaciones con el nombre de CARECEN que operan en Houston, Nueva York, Los Angeles y Washington DC, pero como explica Solorzano todas son independientes y forman parte de una red colaborativa. Solorzano reconoce que existen muchas cosas que pueden mejorar dentro de la organización, pero al mismo tiempo reconoce el trabajo realizado por su equipo de trabajo y la junta directiva. “Definitivamente necesitamos construir más apoyo comunitario y lograr una mayor participación. Somos conscientes que la falta de un estatus legal para miles de inmigrantes es una gran barrera, pero debemos agotar todos los esfuerzos para promover el liderazgo”, finaliza Solorzano.

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Organizaciones piden al Congreso

Moratoria para salvar viviendas del embargo



Una moratoria de seis meses a las ejecuciones hipotecarias (embargos) de las viviendas compradas con préstamos “de alto riesgo” solicitaron al Congreso varias organizaciones de derechos civiles de nivel nacional.

El pedido lo hicieron en Washington, DC, en vista de la avalancha de embargos que amenaza a cientos de miles de familias de todo el país, en su mayor parte de las comunidades latina y afroamericana, según sustentaron.

En esta tarea se unieron la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles, la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color (NACCP, por sus siglas en inglés), la Alianza Nacional por una Vivienda Justa y el Consejo Nacional de La Raza, entre otros grupos, los que urgieron al Congreso a aprobar la referida legislación.

“ Si los prestamistas, los prestatarios, Wall Street y los políticos permiten que la inundación de ejecuciones de alto riesgo continúe sin ser verificada, años de progreso económico desarrollado por dichas comunidades serán borradas, y la riqueza racial y la brecha de equidad seguirán abriéndose aún más”, advirtió Hillary O. Shelton, directora del buró de Washington de la NAACP.

Dio a conocer que un 46 por ciento de los hispanos y un 55 por ciento de los afroamericanos hicieron prestamos con altos intereses en 2005, comparado con el 17,2 por ciento de los blancos y el 16,6 por ciento de los asiáticos.
Uno de cada doce personas que tiene este problema a escala nacional es de origen hispano, resaltó.

Objetivo:
salvar la casa
Al respecto, Walkiria Pool, especialista en bienes comunitarios del Consejo Nacional de la Raza, dijo a Washington Hispanic que la petición de una moratoria por seis meses “nos podrá dar un tiempo para ayudar tanto a los dueños de viviendas como a los inversionistas y también a los que dieron el préstamos (la institución financiera o el banco)”.
Dijo que ese periodo podrá ser aprovechado para tomar en consideración diferentes opciones “y lograr el objetivo final, que las familias afectadas puedan salvar su casa”.

Pool aconsejó a estas personas “a que no se sientan intimidadas o avergonzadas por enfrentar esas situaciones, pues deben tomar en cuenta que recibirán asesoramiento profesional”.
“ Lo peor que pueden hacer es quedarse sentados y con los brazos cruzados”, sentenció.
“ Tenemos una red de agencias que está trabajando particularmente en esta área de DC-Maryland y Virginia, para ayudarlos en este proceso de ejecución y tratar de conseguir un mejor financiamiento o préstamos a intereses más bajos”, mencionó la especialista.

Recalcó que muchas de las familias latinas y afroamericanas entraron a ese tipo de préstamo al acudir a compañías usureras, “las que sólo buscaban el lucro y no un préstamo sostenible”.
Tras recomendar a los afectados que acudan a las agencias comunitarias “en busca de una solución”, Pool dijo que allí se les ayuda “a salvar el préstamo de ser posible, y si está muy avanzado el proceso de ejecución podemos entrar a un tipo de préstamo o fondo de rescate para la familia, o ayudarlo a pagar lo que está perdido y llevarlo a un nivel al alcance de su economía”.

En ese sentido, indicó que se han unido 45 organizaciones para enfrentar este problema, “donde cada caso es diferente”.

Dónde encontrar ayuda

Los actuales prestatarios de viviendas sometidas a ejecuciones hipotecarias pueden acudir a la oficina de CARECEN, que cubre el Distrito de Columbia y Maryland.

En Virginia, la organización que se encarga de esta tarea es el Comité Hispano de Virginia (HCV).

Las personas del resto del país pueden encontrar la agencia de ayuda correspondiente en el sitio web del Consejo Nacional de La Raza, nclr.org, donde debe entrar el nombre de la ciudad y del estado.

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Al Qaeda reivindica ataques terroristas con kamikazes

Sangriento “11 de abril” estremece Argelia

Brigadas de rescate y agentes policiales inspeccionan el lugar donde estalló uno de los coches bomba accionados por un kamikaze, cerca de la sede central del primer ministro de Argelia, el miércoles 11. Foto: Louafi Larbi / REUTERS

 



Al menos 33 personas murieron y 222 resultaron heridas en dos atentados casi simultáneos el miércoles 11 en Argel, uno de ellos contra la sede del Gobierno, en pleno centro de la ciudad, que fueron reivindicados por Al Qaeda.
Al Qaeda en Magreb, como se rebautizó recientemente el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, afirmó que habían sido perpetrados por tres kamikazes, cuyas fotografías publicó en una Web islamista.

Según la información de esa página de Internet, utilizada habitualmente por la red terrorista liderada por Osama Bin Laden, en el ataque murieron 53 personas.
El atentado más sangriento, el del Palacio de Gobierno en Argel, sede del primer ministro y otros departamentos –entre ellos Interior-, fue perpetrado por Muadh Ben Jabel al volante de un vehículo cargado con 700 kilos de explosivos, y “causó 45 muertos”, siempre según ese texto.

Bomberos evacuan a una de las víctimas del estallido de coches bomba en el centro de Argel. Los ataques fueron reivindicados por el grupo terrorista Al Qaeda. Foto: Louafi Larbi / REUTERS

Zubeir Abu Sajida, atentó con otros 700 kg de explosivos contra “la sede de INTERPOL” en Bab Ezzouar, en la periferia este de la capital, y dejó “ocho muertos”, sigue la nota.

Y un tercer atentado con coche bomba, éste con 500 kg, perpetrado por Abu Dajjana, tuvo como blanco “la sede de las fuerzas especiales de la policía”, también en Bab Ezzouar, en la carretera que lleva al aeropuerto, siempre según ese comunicado, que en este caso no ofrece un balance de víctimas.

Confirman atentados

Las autoridades argelinas, por su parte, dieron cuenta de 24 muertos y 222 heridos en su balance, todavía provisional.
La versión dada la tarde del miércoles 11 por estas fuentes coincide con la anterior: los atentados fueron obra de kamizakes con coches bomba, uno contra el Palacio de Gobierno, cuya fachada se derrumbó, y otros dos contra la policía en Bab Ezzouar, que dañaron mucho sus dependencias.

El jefe del gobierno, Abdelaziz Belkhadem, condenó inmediatamente estos actos “criminales y viles”.
Desde inicios de abril, al menos 33 personas, entre ellas 15 miembros de las fuerzas de seguridad, murieron en ataques atribuidos a los islamistas.

Argel se reencuentra así con los atentados que los últimos años habían sido frenados por el despliegue de fuerzas de seguridad en la ciudad. El 31 de enero de 1995, la capital ya fue testigo de un atentado suicida contra la comisaría central, que causó al menos 42 muertos y 50 heridos. Además, los ataques de este miércoles se producen al día siguiente de otras acciones terroristas en Casablanca, la capital económica de Marruecos, donde tres kamikazes murieron al hacer estallar las cargas que llevaban encima y otro fue abatido por la policía, uno de cuyos agentes también perdió la vida.

El mundo condena cobardes atentados
La comunidad internacional condenó de manera enérgica el doble atentado perpetrado en Argelia y las acciones kamikazes en Marruecos.

En nombre de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon insistió inmediatamente en la necesidad de “una acción internacional concertada” contra el terrorismo.

En Washington, DC, la Casa Blanca denunció los ataques y dijo que no le sorprendería que la red terrorista Al Qaeda estuviera involucrada. Estados Unidos está colaborando con los gobiernos de Marruecos y Argelia para capturar a los responsables, indicó la portavoz presidencial Dana Perino.

“ Con la mayor firmeza” el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, condenó los sangrientos ataques. “Fueron unos actos odiosos y cobardes”, dijo Solana, quien presentó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Según el presidente ruso Vladimir Putin, este acto "criminal" prueba nuevamente "que el terrorismo no tiene nacionalidad ni religión y constituye uno de los principales desafíos de toda la comunidad internacional".

En El Cairo, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Mussa, condenó firmemente los "actos terroristas" cometidos en Argelia y en Marruecos, "lo que representan y sus objetivos".

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