Patricia Guadalupe Columnista

A raíz de las multitudinarias manifestaciones que se llevaran a cabo la semana pasada aquí en Washington y a través de todo el país, varios grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes han querido aprovechar el entusiasmo que los mítines rindieron haciendo un llamado a un boicot nacional para el primero de mayo –el día internacional del trabajador- que denominarían “Un Día Sin Inmigrantes,” donde piden a las personas que no acudan al trabajo, que no vayan a la escuela y que no gasten dinero ese día.

Pero si estaban contando con el apoyo de varios grupos en Washington, como la Coalición Nacional Capitalina de Inmigrantes (NCIC, por sus siglas en inglés) y Casa de Maryland, que no se vistan, que no van. Estos dos grupos, junto con el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) y la Coalición de Derechos Humanos en Los Ángeles (CHRLA) auspiciaron una conferencia de prensa esta semana para anunciar que no necesariamente están en contra de un boicot, pero que en este momento no sería “lo más prudente”.

Jaime Contreras, presidente del NCIC, dijo no saber quiénes son las personas que hacían el llamado, a pesar de ser un tema en todos los medios –incluso los en inglés esta semana.
“ Francamente, nunca los he visto, no sé quiénes son, no sé como se llaman. Honestamente no los conozco. Nuestra decisión de no tener un boicot fue específicamente hecha basada en conversaciones con grupos aquí en Washington y no en lo que otras ciudades están haciendo”, dijo Contreras. “No rechazamos la idea de un boicot, pero diferimos en cómo y cuándo. Falta ver lo que haga el Senado federal, y dejemos que hagan lo que hagan, y luego veremos”.

Okay, el decir vamos a esperar a lo que haga el Senado, con su mayoría republicana –y basado en lo que ya pasó en la cámara baja- es como si dijéramos primero vamos a recibir una paliza y luego nos defenderemos. Pero bueno, cada loco con su tema.
Los que apoyan un boicot, añade Angélica Salas de CHRLA, deberían ser más responsables en decirle a la gente las posibles consecuencias de participar en la misma.

“ Queremos tener a inmigrantes que tomen una decisión informada, que entiendan qué va a ser la consecuencia a su bienestar económico. Para mí, sería irresponsable no informarle a la gente lo que las consecuencias son. El llamar a un paro nacional implica responsabilidad por las personas que van a participar, responsabilidad como organizadores”.

CHRLA, Casa de Maryland, NCIC y otros buscan que mejor la gente participe en otras actividades planificadas para ese día, como vigilias, pequeñas manifestaciones y el enviar correos electrónicos a los legisladores pidiendo que aprueben una reforma migratoria integral y justa.

Las organizaciones que abogan por el boicot, como la Asociación Política México Americana (MAPA), reiteran que no entienden por qué se circula que no han informado a la gente sobre qué pudiera pasar a consecuencia de participar en un boicot, o huelga, además indicando que quienes los critican “no están bien informados”.

Mientras tanto, en el país vecino, algunos activistas han llamado a los habitantes de México a sumarse al boicot en solidaridad con la comunidad migratoria en EE.UU., y varias organizaciones civiles y sindicalistas ya han dicho que participarán. La Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, por ejemplo, convoca grupos laborales a que participen e incorporen el tema en sus mítines durante ese día dedicado al trabajador.

Pero que no se presente ningún funcionario gubernamental aquí.

El gobierno de México está prohibiendo a los funcionarios de la embajada en Washington y de los consulados mexicanos que participen en un boicot. “Hacerlo implicaría violar la soberanía de otro país, mantener una actitud de injerencia que no queremos que nadie la tenga con nosotros", dijo Rubén Aguilar, el portavoz presidencial, en una rueda de prensa en la Cuidad de México. Aguilar añadió que aunque el gobierno mexicano “respeta las manifestaciones de la sociedad civil”, también está conciente de la soberanía de otros países.

De los aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país, más de la mitad son mexicanos.

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