Por: María Elena Salinas

Chiquita Brands International, mejor conocida entre los consumidores por los plátanos que compran en el supermercado, tendrá que pagar una multa de 25 millones de dólares como parte de un acuerdo judicial en Estados Unidos por sus tratos financieros con un grupo terrorista de Colombia. Tendrán que vender muchos plátanos para cubrir esa multa. Pero cuando consideramos lo que esas acciones implican, la sanción monetaria es apenas una llamada de atención.

Casi 2 millones de dólares fueron pagados por ejecutivos de Banadex, una filial de Chiquita Brands en Colombia, a las Autodefensas Unidas de Colombia, nombre oficial de los paramilitares. Los ejecutivos de la compañía admitieron haber hecho más de 100 pagos entre 1997 y 2004 al grupo para “protección”, primero a una compañía de seguridad ficticia y después directamente a Carlos Castaño, ex líder de los “paras”.

Los ejecutivos aseguran que fue necesario para poder operar en la región y proteger a sus empleados. Es común que empresas multinacionales que operan en América Latina o en otros países paguen altas cuotas para “protección” en áreas de conflicto cuando el gobierno no está en capacidad de defenderlos. Ese es el caso de Colombia, donde el gobierno y los militares están de por sí saturados.

Aun así, la oficina del fiscal general de Colombia dice que el argumento de Chiquita de que entregó el dinero para proteger a sus empleados no tiene peso ya que no se trató de “una relación entre extorsionador y extorsionado, sino una relación criminal”. La compañía a sabiendas amparó a un grupo cuyo propósito, entre otros, es el de matar, dicen.

Los problemas legales de Chiquita se presentan en dos frentes. Ha violado las normas colombianas que prohíben pagos por rescate y ha violado las políticas estadounidenses que prohíben hacer negocios o tener tratos financieros con terroristas. Tanto los paramilitares como los grupos guerrilleros izquierdistas de las FARC y el ELN están en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado.
En Colombia ambos bandos, de izquierda y derecha, están en el negocio del secuestro, extorsión y asesinato, y los dos están enfrascados en una cruenta batalla para controlar el lucrativo negocio de las drogas. Pero últimamente ha habido un mayor escrutinio de aquellos con vínculos a los paramilitares, incluyendo a varios legisladores allegados al gobierno del presidente Álvaro Uribe, al igual que altos mandos militares.

Según informes de prensa, durante los años en que Chiquita pagó dinero por protección a los paramilitares hubo 62 masacres en la región de Urabá cobrando la vida de 430 personas, la mayoría de ellos campesinos pobres, muchos que incluso trabajaban en las plantaciones de banano. A los paramilitares se les responsabiliza de tres cuartas partes de los asesinatos en 20 años, y están acusados de asesinar a más de 20.000 personas.

Años antes de hacer pagos a los paramilitares, Chiquita le pagaba “vacuna” a las FARC que controlaban la región de Urabá, pero no fue multada por esos pagos porque las reglas que permitieron el castigo fueron establecidas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Algunos líderes políticos de oposición en Colombia se quejan de que las grandes compañías multinacionales no sólo explotan los recursos naturales de su país para obtener ganancias económicas, sino que en el proceso se convierten en cómplices de las atrocidades cometidas contra personas inocentes financiando los grupos al margen de la ley.

El gobierno colombiano está pidiendo que Estados Unidos extradite a los principales directivos de la empresa que tiene su base en Cincinnati, y que aprobaron los pagos ilegales. Es dudoso que lo haga, pero el pedido pone al país en una posición delicada con su más cercano aliado en Sudamérica. Y es que Colombia ha extraditado hacia Estados Unidos a docenas de sospechosos buscados mayormente en este país por crímenes relacionados con el narcotráfico. La gran pregunta es si el gobierno del presidente Bush estará dispuesto a entregar a empresarios estadounidenses acusados de hacer negocios con un grupo terrorista a un gobierno que tiene vínculos con esa misma organización.

(*) Conéctese a www.mariaesalinas.com. (c) 2007 by Maria Elena Salinas