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| Patricia Guadalupe |
| Columnista |
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Luego
de semanas de reuniones a puertas cerradas, legisladores
de ambos partidos en el Senado federal llegaron a
un acuerdo sobre reforma migratoria que legalizaría
a millones de indocumentados actualmente en el país.
El plan propone que los inmigrantes indocumentados
obtengan una llamada visa “Z”, tras pagar
costos y una multa de $5.000. La espera para la residencia
pudiera tardar entre 8 a 13 años, y en algunos
casos los inmigrantes tendrían que regresar
a sus países natales para tramitar la solicitud.
Los legisladores dicen reconocer que no todos estarán
contentos con lo acordado, pero aseveran que por
lo menos esto es un primer paso hacia cambios fundamentales
en el sistema migratorio porque el actual no está funcionando.
¿
Cómo es posible que una legislación
que impone altas multas –un promedio de $5.000– a
indocumentados que soliciten la ciudadanía
vaya a tener el visto bueno de la comunidad migratoria?
La legislación le prestaría mayor importancia
al nivel educativo y destrezas particulares de los
inmigrantes, y el mero hecho de que un inmigrante
tenga familiares ya en Estados Unidos no contaría
bajo la nueva propuesta. O sea, la familia inmediata
tendría mayor éxito si fueron catedráticos
y no campesinos. ¿Cómo beneficiaría
a la gran mayoría de la comunidad de inmigrantes
que suelen tener antecedentes humildes?
Hay que apuntar que ya hay un programa para los adinerados
del extranjero que quieran establecerse en Estados
Unidos, y obviamente ellos no forman parte de la
gran mayoría de inmigrantes indocumentados.
Además, ¿en qué cabeza cabe
que un indocumentado ya viviendo y trabajando aquí vaya
a participar entusiasmadamente en un programa que
lo obliga a salir del país para tramitar su
solicitud? La propuesta de llamados trabajadores
huéspedes solamente ayudaría a unos
10.000 trabajadores anuales, y éstos no podrían
solicitar una residencia legal. En otras palabras,
trabaja y vete.
Todo esto pasa mientras un grupito de ultra-conservadores
hace las rondas en el Congreso, presionando a que
los legisladores no aprueben nada que pudiera parecer
como si fuera una amnistía. Ya dicen estar
listos para derrotar la medida cuando el Senado comience
a debatirlo la semana que viene. Lo mismo que pasó el
año pasado cuando se echó todo a perder.
Esto ya va cuesta arriba y apenas empezamos la caminata.
Y otra cosa antes que se me olvide. Ojo a los que
quizás no sepan lo decente que es la comunidad
hispana en general. Dudo que hayan muchos en nuestra
comunidad que vayan a hacer lo que aparentemente
hizo el procurador general Alberto Gonzáles
cuando en su función de asesor legal de la
Casa Blanca fue al hospital donde estaba el entonces
procurador general John Ashcroft hospedado con un
caso grave de gastritis, buscando su firma en un
documento aprobando un programa de rastreo secreto
de llamadas. El programa ya lo había descartado
el sub procurador, pero Gonzáles fue al hospital
buscando al jefe mayor, quien, con todo y anestesia
encima, le dijo que se fuera. Por si acaso, dejemos
muy claro que esa conducta de Gonzáles es
cosa de cínicos y no representa como se comportaría
la gran cantidad de hispanos. Lo digo por si las
dudas.
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