Por:
Lee Hamilton (*)
Con
su promesa de poner nueva energía en el
Capitolio, las elecciones legislativas siempre
son una época de esperanza. Las luchas
de este año van a ser especialmente importantes,
porque el Congreso está en desequilibrio
y la nación desesperadamente necesita
que se arregle. El problema no es de un solo
tema, es el Congreso en sí. Los legisladores
a quienes elegiremos en noviembre para llenar
los escaños de la Cámara de Representantes
y el Senado desde el próximo enero van
a tener que arreglar no sólo los problemas
de la gente, sino también la institución
para que puedan arreglar los problemas de la
gente.
De alguna manera, los estadounidenses entienden
esto. Los resultados de las encuestas mostradas
recientemente, en su esencia totalmente negativas
para el Congreso, pueden ser en parte a causa de
temas como Irak y la economía, pero también
reflejan la amplia desilusión y la escasa
confianza en las instituciones del gobierno. La
gente está desanimada por la falta del progreso
de los grandes temas que enfrentamos como nación.
Está cansada de las alianzas excesivas.
Y están especialmente consternados por los
líderes políticos que parecen, por
cualquier razón, incapaces o poco dispuestos
de guiar a los estadounidenses.
El Congreso está bajo mucha presión
en sus tratos internos, en sus relaciones con la
rama ejecutiva y su nivel de confianza ante los
ojos del público. Necesita reformas.
Su primera tarea debe de ser reafirmarse como una
institución robusta y enérgica, comparable
en poder e iniciativa al Presidente. Nuestro sistema
depende de la tensión creativa entre un
Congreso fuerte y un Presidente fuerte, por la
simple razón de que las opiniones y los
enfoques diferentes, dichos con franqueza y resueltos
creativamente, producen la mejor política.
Por eso, la buena voluntad del Congreso de ceder
al Presidente la autoridad de ir a guerra no ha
servido al país; los temas de vida, muerte
y conflictos en el extranjero necesitan un debate
profundo, sin ceder las decisiones al Presidente
en nombre del patriotismo.
Asimismo, la costumbre del Congreso en los últimos
años de permitir al Presidente que establezca
el presupuesto le ha permitido evitar la responsabilidad
de presentar y evaluar el mapa básico del
gobierno.
Ú
ltimamente, el Congreso ha progresado en su vigilancia
a la rama ejecutiva y en hacerlo responsable de
sus actos. Esto es prometedor, porque la vigilancia
es la mejor manera de determinar si los programas
federales funcionan como fueron previstos o si
hay mala conducta de parte de los burócratas
y los políticos asignados.
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Pero el Congreso tiene que
ponerse más firme. La vigilancia eficaz
no es sólo mirar algunos programas; necesita
ser una parte integral de las actividades del
Congreso, especialmente en el proceso rutinario
de reautorización que el Congreso ha abandonado.
Las resoluciones continuas y los enormes proyectos
de ley de gasto “general” de los
que el Congreso depende no ofrecen la oportunidad
de mirar cuidadosamente a las agencias federales;
dejan que la rama ejecutiva escape a la vigilancia
y debilitan no sólo al Congreso sino también
al Presidente y a la nación.
É sta es una razón
por la que es crucial volver a lo que los veteranos
del Capitolio llaman el “orden normal”:
tomando uno por uno los proyectos para el presupuesto
de egresos, tener una audiencia que investigue
los temas cuidadosamente, permitiendo escuchar
las voces diversas representadas en el Congreso,
manteniendo un pleno y justo debate sobre los
temas más controvertidos, y votando sobre
todos los temas importantes. Este proceso tradicional
y deliberativo puede parecer pesado, pero es
así como el Congreso asegura su propia
credibilidad ante los ojos de los estadounidenses
corrientes, quienes se preocupan, muchas veces
correctamente, que los atajos o las puertas cerradas
esconden las decisiones que no aguantarán
la vigilancia pública.
Sin duda, un proceso abierto puede ser controlado
por el partidismo. No hay una respuesta fácil
a esto. En parte, la solución recae en
los votantes, que necesitan demostrar en las
urnas que valoran una buena voluntad de trabajar
poniendo en práctica el sentido común
y el bien común.
En parte recae en la reforma ética exhaustiva:
el Congreso la ha iniciado en el último
año, pero muchos de sus miembros todavía
son incapaces de entender cómo el escaso
prestigio institucional proviene de la desconfianza
pública. El Congreso debe insistir que
todos sus miembros reflejen la credibilidad de
la institución, como exige el básico
código de conducta.
Pero al final, quizás la respuesta más
importante está en el reconocimiento de
que, en este punto de nuestra historia, con el
país dividido políticamente y frente
a las amenazas fundamentales a su bienestar y
su prestigio en el mundo, corresponde al Congreso
fraguar el consenso y la unidad nacional para
dar solución a los problemas. Quizás
al final no van a poder reunir un consenso sobre
Irak o reformar la regulación financiera
o combatir el calentamiento global. Aun así,
la gente quieren que lo intenten, y cuando vayan
a las urnas este noviembre esa esperanza estará con
ellos.
(*) Ex miembro de la Cámara de Representantes
por 34 años y actual Director del Centro
del Congreso de la Universidad de Indiana.
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