Por: María Elena Salinas

Con la economía convertida en el tema de mayor importancia en la mente de los votantes, la inmigración ha pasado a segundo plano. Sin embargo, el problema de inmigración se mantiene. Nuestro sistema de inmigración continúa resquebrajado y las tácticas utilizadas por nuestras autoridades de inmigración para perseguir a los trabajadores indocumentados todavía son cuestionadas.

Sin ninguna reforma migratoria a la vista, el Departamento de Seguridad Interna DHS (por sus siglas en inglés), se ha concentrado en la seguridad fronteriza y en programas de verificación del estatus legal de los trabajadores. Pero han ocurrido algunas cosas que ponen en entredicho la efectividad de algunas de esas tácticas.

Un claro ejemplo es la cancelación del muro virtual. El programa piloto de 20 millones de dólares tuvo que ser abandonado por ineficaz. La tecnología debería haber sido capaz de detectar movimientos en la frontera y transmitir la información a los agentes de la patrulla fronteriza para que ellos se movilizaran hasta el lugar y tomaran la acción que consideraran necesaria. Pero se dieron cuenta que transcurría mucho tiempo desde el momento en que el movimiento era detectado hasta que los agentes recibían la información en sus computadoras. Entonces esa idea, junto a millones de dólares de los contribuyentes, fue desechada.

La construcción del muro físico fronterizo también se ha topado con varios tropiezos. Existen demandas legales pendientes entre aquellos que se han rehusado a que el gobierno federal tenga acceso a sus tierras privadas para construir el muro.

Aparte de tratar de evitar que los inmigrantes crucen la frontera, Seguridad Interna trata de agarrarlos dondequiera que se encuentren, los detienen y los envían hacia sus países de origen. Pero en ese esfuerzo también han tenido que encarar algunos obstáculos. El plan de comprobación del Seguro Social para tratar de identificar a trabajadores cuyos números no coinciden con sus nombres, ha sido bloqueado en los tribunales. Y ahora un nuevo estudio sugiere que el plan podría ser muy costoso para los empleadores al igual que para los trabajadores legales.

El estudio encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos concluyó que forzando a las compañías a despedir a trabajadores que no pueden clarificar las discrepancias en sus números del Seguro Social, le podría costar a los empleadores más de mil millones de dólares al año. Además, los trabajadores legales podrían perder hasta 37 mil millones de dólares en sueldos. Eso se debe a que la incompatibilidad en el nombre y en el número de Seguro Social de un individuo no es necesariamente por robo de identidad, sino que podría ser resultado de una falta de ortografía, un cambio de nombre por matrimonio o simplemente un error administrativo o de computadora. El estudio calcula que algo así como 137.000 trabajadores legales podrían terminar desempleados.

Hasta ahora miles de inmigrantes sospechosos de permanecer aquí ilegalmente han sido arrestados en redadas en todo el país. Son recogidos en sus casas, estando parados en una esquina buscando trabajo o en sus lugares de trabajo. Las redadas no sólo han provocado protestas y marchas sino también demandas por parte de residentes legales y ciudadanos de Estados Unidos, que reclaman haber sido víctimas de discriminación racial o de no haber podido demostrar su condición de ciudadanos ya que no se les exige cargar documentos consigo para demostrar su ciudadanía.

Y para echarle más leña al fuego, un fiscal federal de Nueva Jersey alborotó el debate migratorio diciendo que estar en el país sin la documentación apropiada no era un crimen sino una ofensa civil. El fiscal Christopher Christie hizo la declaración en respuesta a una pregunta sobre inmigración en un foro de votantes organizado por la Alianza Latina de Liderazgo de Nueva Jersey. Según Christie, carecer de documentos de inmigración no es un crimen a menos que la persona hubiese sido deportada anteriormente. Aunque existen muchos delincuentes reincidentes, la mayoría de los arrestados en las redadas son trabajadores que tratan de ganarse la vida honestamente. Si recordamos, los esfuerzos del representante James Sensenbrenner en 2005 para criminalizar la inmigración ilegal en el país fallaron y tan sólo condujeron a protestas masivas en toda la nación.

Muchos de esos intentos por arreglar el problema de la inmigración a través de soluciones graduales son como poner una curita en una pierna rota. No se va a sanar. Nuestro resquebrajado sistema migratorio requiere de una reforma integral para que funcione de manera apropiada. Lo que logran las tácticas del Departamento de Seguridad Interna es continuar polarizando al país, aterrorizar a los inmigrantes y afectar aún más una economía ya en declive. Por eso, si los estadounidenses están tan preocupados con su economía, deben dar una nueva mirada a cómo están enfrentando sus asuntos migratorios.
(c) 2008 by María Elena Salinas