Patricia Guadalupe Columnista

Cuando el Congreso regrese de su receso este lunes 4, se espera vuelvan a tomar el tema de una reforma migratoria, en particular el proyecto de ley que se presentó hace unas semanas en el Senado federal. Pero se espera sea nada fácil. El presidente Bush y otros que apoyan la propuesta han llevado a cabo fuerte cabildeo a favor de que se apruebe la medida, con el primer mandatario incluso diciendo que los legisladores que no están a favor no tienen el coraje para implementar un plan. Pero el cabildeo en contra es más fuerte, y los que se oponen han aprovechado el receso para criticar a los legisladores en sus propios distritos congresionales. Uno de los senadores republicanos coautores de la medida, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, recientemente fue criticado fuertemente en su estado, con todo y abucheos, por apoyar una “amnistía”.

Entre otras cosas, la medida ofrece pasos hacia la legalización a millones de indocumentados, pero es un proceso que pudiera tardar muchos años. Una amnistía verdadera sería casi inmediata, dicen los que apoyan esta medida, pero el cabildeo en contra no tiene tregua.

Entonces entre el primer mandatario, una persona con un nivel de apoyo por el piso, para presionar por la aprobación de algo controversial y poco querido dentro de su propio partido. ¿Quiénes entre los que no quieren una reforma migratoria le harán caso al presidente y cambiarán su opinión sobre el tema? Hasta el momento, no parece que sean muchos. Circula una encuesta que dice que la mayoría del público estadounidense apoya una reforma migratoria que incluya pasos hacia una legalización de millones de indocumentados, pero al investigarse más a fondo, la aprobación se basa en una pregunta sobre inmigración que incluye legalización de “los inmigrantes con buenos trabajos y sin antecedentes criminales”. Disminuye el apoyo cuando se pregunta de una forma más general.

Además, el problema de la aprobación de una reforma migratoria nunca ha sido apoyado en el Senado federal. Fue el Senado que lo aprobó el año pasado, pero la legislación se trancó en la Cámara de Representantes, y hay indicios que de nuevo ahí está el problema, incluso con algunos legisladores demócratas que fueron elegidos el año pasado bajo una plataforma que incluía una negativa hacia una reforma migratoria.

Los legisladores también tomarán cuando regresen el tema de un voto de no confianza hacia el procurador general Alberto Gonzáles, quien es acusado de politizar el Departamento federal de Justicia. Senadores demócratas –y algunos republicanos- dicen que Gonzáles debería retirarse de su cargo, por su supuesto papel en el despido de varios fiscales federales y otros asuntos controversiales. Y los grupos hispanos que apoyaban a Gonzáles ahora se esconden, asustados por las posibles consecuencias de apoyar a alguien políticamente radioactivo. Con “amigos” así, ¿quién necesita enemigos?

El voto no tiene peso de ley, pero los legisladores esperan presionar al presidente Bush para que despida a su amigo, acusado de serle más fiel a él que al país. El primer mandatario, por su parte, mantiene su apoyo hacia Gonzáles, pero un creciente número de legisladores de su propio partido extraoficialmente le dicen que mejor sería que se fuera para que la controversia desaparezca y se concentren en otras controversias, como Irak.

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