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Busca ser reelecta para la Asamblea Legislativa
Delegada de Montgomery lanza su
campaña de la mano con los latinos
Sheila E. Hixson ha impulsado importantes proyectos de ley en defensa de la comunidad inmigrante.
Foto: Cortesía Gobierno de Maryland.




El condado de Montgomery se ha caracterizado por celebrar la diversidad y recibir con los brazos abiertos a la comunidad inmigrante, esto ha sido posible gracias a la activa participación de legisladores que se han jugado la camiseta por defender los derechos de los inmigrantes. Este es el caso de la delegada demócrata del distrito 20 del condado de Montgomery, Sheila E. Hixson, quien busca ser reelecta en las próximas elecciones.

El sábado 24 de junio, Sheila E. Hixson, presentó oficialmente su candidatura de la mano con la comunidad hispana, con quienes se comprometió a seguir por el sendero que conlleva a la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes, que constituyen gran parte de la población del condado.

El distrito 20 corresponde a las áreas de Silver Spring y Takoma Park.
La delegada y ahora candidata en busca de la reelección, se ha caracterizado por patrocinar y apoyar importantes legislaciones que benefician a los inmigrantes.

Por ejemplo, ha trabajado en alianza con Casa de Maryland para aprobar leyes que garantizan el trato justo hacia la comunidad latina en temas como el acceso a la educación para adultos, mejorar el nivel académico en las escuelas públicas, así como garantizar la matrícula estatal para los estudiantes inmigrantes que viven en el estado y quieren estudiar en el college o la universidad. Del mismo modo también ha apoyado las iniciativas para promover un trato justo para aquellos que solicitan licencias de conducir en el estado de Maryland.

“ Creo que en la Asamblea General del Estado de Maryland, tenemos que trabajar para asegurar la igualdad y equidad para nuestros inmigrantes en la comunidad. Trabajar para que los niños tengan el derecho a recibir una buena educación y poder realizar sus aspiraciones académicas; para aquellos que buscan trabajar y fortalecer nuestra economía”, dijo Hixson.

Entre los proyectos concretos que ha patrocinado, Hixson ha sostenido por varios años la legislación que otorga fondos para el programa de enseñanza del idioma inglés conocido como ESOL. Esto significa que para este fin el condado de Montgomery recibirá un presupuesto de 28.3 millones de dólares para el año académico 2006-2007.

Hixson también patrocinó la ley que hará posible que el gobernador Ehrlich incremente el presupuesto destinado para la educación para adultos y aprendizaje del idioma inglés. Actualmente existen largas listas de espera para tener acceso a este tipo de instrucción. El fondo asignado será de 5.4 millones de dólares, lo que significa un incremento de 1.4 millones de dólares. Bajo el mismo rubro, Hixson propondrá para el próximo año un proyecto de ley que otorgue incentivos a las compañías que inviertan en cursos y talleres de capacitación y clases de inglés a sus trabajadores. En el área médica, Hixson propuso el proyecto de ley que devolvería el derecho a recibir atención médicas a las familias inmigrantes legales con hijos menores de 18 años y mujeres embarazadas que residen en el país desde agosto de 1996. El gobernador quitó este derecho por ahorro de presupuesto afectando a muchas familias inmigrantes que se beneficiaban de estos servicios médicos.





Nueva medida requiere demostrar ciudadanía para recibir beneficios
Demandan al Medicaid por implementación de nueva ley




Eddie Mae Binion tiene 72 años y vive en St Louis Missouri. Ella fue criada por su abuela en Mississipi y no tiene parientes vivos que le puedan decir dónde nació como para solicitar una partida de nacimiento. Eddie se encuentra muy enferma y recibe los beneficios del Medicaid para su tratamiento, pero después del 1 de julio tendrá que demostrar su ciudadanía para seguir recibiendo atención médica. “Me hacen diálisis, he sufrido varios pre infartos y no tengo la energía, ni el tiempo para buscar alguna evidencia que demuestre que nací en Estados Unidos”, expresó en una declaración jurada Eddie Mae Binion.

La señorita Binion, es una de las nueve personas que decidieron presentar una demanda colectiva acusando al Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Mike Leavitt y le pide al Congreso que de marcha atrás en la nueva ley del Medicaid que entrará en vigencia el 1 de julio.

Bajo esta nueva disposición, toda persona que recibe el beneficio del Medicaid, deberá presentar una prueba que demuestre su ciudadanía. Este documento puede ser un pasaporte, una partida de nacimiento, entre otros documentos específicos, de lo contrario perderían sus coberturas. Esta nueva medida, lejos de asegurar que personas que no califican se beneficien del Medicaid, afecta a millones de ciudadanos estadounidenses que conforman una comunidad vulnerable. como son las personas con enfermedades mentales, aquellas recluidas en casas de reposo e incluso aquellas que por desastres naturales han perdido toda su documentación.

La demanda, que fue presentada ante la corte del Distrito Federal de Chicago, busca declarar esta nueva ley del Medicaid inconstitucional y evitar que la administración del Medicaid la ponga en práctica. “Bajo la nueva ley, ciudadanos estadounidenses perderían su cobertura de salud por razones inconstitucionales”, dijo John Bouman, uno de los abogados que representan a los demandantes.

“ La nueva ley ocasionará un enorme daño a las personas que no puedan obtener los documentos que solicitan a pesar que no exista duda de que son ciudadanos de este país”, agregó el abogado.

“ Este es un tipo de caso donde los nueve demandantes representan a todas las personas que se verían afectadas. La Corte Federal de Chicago tiene la facultad de parar la implementación de la ley y solicitar al Congreso que revisen la ley más a fondo”, dijo a Washington Hispanic Geraldine Henrich-Koenis, portavoz de Families USA, una organización sin fines de lucro, que trabaja para mejorar las políticas de salud y que está trabajando directamente con los demandantes y los abogados.

El Medicaid es un beneficio de servicios de salud que pueden solicitar los ciudadanos estadounidenses y residentes legales con más de cinco años de vivir en Estados Unidos que carecen de seguro médico.

Con esta nueva ley, los más afectados serían las personas de la tercera edad de la comunidad hispana.

“ Creemos que esta ley se aprobó con un tinte político contra los inmigrantes indocumentados. No existe evidencia de que los inmigrantes que no califican se estén beneficiando del Medicaid, así que esta ley no tiene razón de ser. Lo que sí podría afectarlos es la falta o errada información que reciben”, explica Geraldine Henrich-Koenis. Y, es que con la aplicación de esta nueva ley, muchas personas creen que también afecta al llamado Medicaid de emergencia, que permite a cualquier persona recibir atención médica gratuita en los hospitales, independientemente de su estatus legal, y no es así.

“ La cobertura del Medicaid de emergencia no ha cambiado en nada, los afectados son aquellas personas que están cubiertas por el Medicaid, quienes tendrán que demostrar que son ciudadanos estadounidenses”, finalizó la portavoz de Families USA.

 

Por falsificar documentos
Arrestan “miqueros” en Adams Morgan
Documentos fraudulentos.
Ilustración: Archivo Washington Hispanic

Ocho hombres fueron arrestados por agentes especiales de las Fuerzas de Inmigración y Aduana (ICE, por su siglas en inglés) por crear documentos fraudulentos de identidad, en el 3636 de la calle 16 del área de Adam's Morgan.

Los agentes confiscaron más de 100 documentos falsos, entre estos, tarjetas de seguro social, tarjetas de autorización de empleo y, también, parafernalia para la producción de los documentos. Además, confiscaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y mas de $14 mil en efectivo.

De los individuos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 50 años, Carlos V. Medina de 33 se mantiene bajo custodia de ICE. Mientras, los otros individuos: Luis Ángel Méndez Hernández de 21; Andrés Ángel Vázquez Soriano, 41; Eladio Espinoza Cuevas, 50; Alberto Martín Vázquez Soriano, 40; Juan Antonio Pacheco Vázquez, 24; César Cuevas Méndez, 24 y Luiz Vásquez, 33 están bajo custodia administrativa de ICE.
La pena por documentos fraudulentos es de hasta 10 años en prisión y/o una multa de $250 mil.

La unidad especial, ICE, pertenece al Departamento de Seguridad de Estados Unidos y, desde mayo de 2002 lleva a cabo la operación Tiburón de Tarjetas (Card Shark), que ha identificado y desmantelado a varias organizaciones dedicadas a la falsificación de documentos. Varias agencias cooperaron en la operación entre estas la Oficina de Fiscalía de Washington, la División Uniformada del Servicio Secreto y los Agentes de Servicios Callejeros.

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