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“Inconstitucional” es
la palabra clave que utilizó un juez federal
para rechazar una medida que pretendía satanizar
a los indocumentados porque no sólo negaría
el acceso a la vivienda sino también a solicitar
empleo al castigar severamente a los empleadores.
Si bien hace un mes se recibió con tristeza
la aprobación de la resolución por
el concejo de la ciudad de Hazleton, la decisión
de un juez federal esta semana fue celebrada y
aplaudida no sólo por activistas y la comunidad
de esa pequeña ciudad de Pensilvania, sino
también por líderes en todo el país,
porque sin lugar a dudas la decisión será tomada
como un precedente para luchar frente a medidas
similares adoptadas en otras localidades.
Sin ir muy lejos, organizaciones pro inmigrantes
en el área metropolitana –específicamente
en el estado de Virginia- utilizarán la
resolución del juez de Pensilvania como
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herramienta
y sólido sustento para presentar
una demanda contra el condado de Prince William,
que pretende negar servicios a los indocumentados
y autoriza a la policía a actuar como agentes
de inmigración.
Uno de los aspectos más importantes es que
un juez federal dictaminó que los gobiernos
locales no tienen autoridad para ejecutar el trabajo
de agentes de inmigración y aceptar medidas
locales en este sentido no es más que una
violación a los derechos civiles y constitucionales
del ser humano, independientemente del estatus
legal.
Washington Hispanic aplaude y registra esta victoria
como histórica para que a partir de ella
se cuente con una verdadera base legal para continuar
la lucha por los derechos de los inmigrantes indocumentados
cuyo único pecado es haber venido a trabajar. |
