Patricia Guadalupe Columnista

Amnistía para uno y no para millones. En esta semana del feriado del Día de la Independencia, a la vez que millones de indocumentados se quedan esperando en las sombras por falta de voluntad política, el presidente Bush declaró que un asesor que le había mentido a agentes federales y ayudó a circular el nombre de una agente secreta de la CIA ya había sufrido suficiente y le concedió un indulto. Lewis “Scooter” Libby estaba a punto de ir a la cárcel por dos años –ya le tenían asignado un número de reo–, pero el primer mandatario dijo que la sentencia era excesiva y lo dejó en libertad. Libby aún tiene que pagar una multa de $250.000, pero para los pocos que le tienen pena ya varios grupos conservadores han recaudado esa cantidad y más, incluyendo lo que le debe a su equipo legal.

Lo que es excesivo es que una comunidad con el mínimo de poder y ninguna de las conexiones del señor Libby sostiene una espera sin tregua, para ver qué rayos harán los políticos sobre el asunto de la reforma migratoria. Lo que es aparentemente más urgente es la situación particular de un ex asesor –y según un jurado y la corte federal, un criminal– de la Casa Blanca, que ayudó a poner en peligro no solamente la vida de la agente de la CIA sino también los de varios colaboradores. Y todo porque el esposo de la espía, un diplomático con experiencia en el Medio Oriente, había criticado abiertamente la política de la administración Bush hacia Irak. Ciertamente, Libby es el chivo expiatorio en un aparentemente enorme operativo para callar a los críticos de esta administración, que por cierto está enfrascada en una de las peores situaciones políticas y militares en decenas de años. ¿Pero merecía ese mentiroso un indulto presidencial? Y para que sepan, hay unos 3.000 casos de personas que piden indultos presidenciales. Varios llevan mucho tiempo esperando una respuesta de la Casa Blanca. Como la comunidad migratoria, seguirán esperando.

Mientras tanto, en otra corte federal de Washington se llevan a cabo varios juicios en contra de ex integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, por narcotráfico. Varios fueron extraditados en 2005 para enfrentar cargos en Estados Unidos, a la vez que el gobierno colombiano se hace de la vista gorda de acusaciones que tiene vínculos con las FARC y otros grupos paramilitares. Pero en este tema la mayoría demócrata en este Congreso sí sirve para algo, y amenaza con recortar fondos de asistencia a Colombia. Menos mal.

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