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La
decisión presidencial de perdonar la pena
de prisión a la que había sido sentenciado
el ex asesor de la Casa Blanca, Lewis Libby, ha
sorprendido a muchos y ha encontrado duras críticas
de parte de los sectores de la oposición
demócrata y también en la prensa.
El principal argumento de los críticos es
que el ideal de justicia queda “en el segundo
lugar de las prioridades cuando se trata de proteger
los secretos de su círculo cercano”,
tal como resume el New York Times en uno de sus
editoriales.
Los adjetivos de los líderes demócratas
son más fuertes y hasta hirientes, pues
se califica el perdón presidencial como
una actitud “clínicamente incapaz” o “política
de cinismo y división”. Los más
serios, como es el caso de la candidata demócrata
Hillary Clinton, hablan de “una prueba más
de que esta administración se considera
por encima de las leyes”.
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Pero
el fondo del asunto es simplemente que la decisión
de George W. Bush se enmarca dentro de sus facultades
constitucionales como mandatario de la nación.
Ni más ni menos.
La discusión se torna entonces entre si
la conmutación de la pena aplicada a Libby
es justa o no. “Creo que el castigo fue severo”,
sostuvo esta semana el presidente.
Sin embargo, nadie se refiere a la legalidad de
la decisión. En primer lugar, creemos que
dicho perdón se encuentra dentro del marco
de su derecho.
Mas sería bueno que así como ha hecho
uso de sus facultades, también las utilice
para solucionar el problema de millones de indocumentados,
que todavía mantienen la esperanza viva
de que el primer mandatario de este país,
en un gesto de humanismo, les conceda un perdón
a su estado de ilegalidad. |
