Patricia Guadalupe Columnista

Aparentemente inconformes con que el Congreso federal haya dejado a un lado la legislación sobre una reforma migratoria, el gobierno federal –en específico el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS, por sus siglas en inglés)- anuncia esta semana que aumentará el número de redadas que realizarán en busca de inmigrantes indocumentados. Autoridades federales indican que siempre hubo planes, no solamente de seguir con las redadas sino de aumentar su número, pero que no lo habían dado a conocer porque estaban esperando a ver qué pasaría con la legislación de la reforma migratoria. Ahora que eso fracasó, regresa el gobierno federal a meterle miedo a la gente.

Curiosamente, el anuncio se da la misma semana en que la Agencia de Control de Drogas (DEA) ventila un reporte donde dice que extremistas islámicos tienen relaciones estrechas con carteles del narcotráfico en México y pasan desapercibidos en Estados Unidos porque “se disfrazan como latinos”. El reporte no explica a qué exactamente se parece una persona de pinta latina, pero se lo podrán imaginar.

Y luego está la noticia de que varios senadores republicanos impulsan un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza para que se discutará tan pronto regresen del receso el mes que viene. Ya algunos senadores han dicho que tienen intenciones de discutir en el pleno del Senado el proyecto de seguridad fronteriza, una medida que destinaría millones de dólares a programas para reforzar la frontera. De nuevo tendremos que preguntar, ¿cómo ayudaría a los millones de inmigrantes indocumentados que ya viven en el país? ¿O es que esperan que el gobierno federal, como este anuncio de nuevas redadas, retire de una vez por todas a la gran mayoría?

Antes de terminar con esta sesión legislativa para tomar el mes libre, ambas cámaras de Congreso aprobaron un proyecto de ley que la administración Bush dice ayudará en la llamada contra el terrorismo. Se trata de la ley de escuchas sin el aval de las cortes. La Casa Blanca dice estar interesada sólo en el rastreo de llamadas de personas con posibles vínculos terroristas, pero la ley que el Congreso aprobó –y el presidente firmó esta semana– le da más amplios derechos, incluyendo la capacidad de rastrear cualquier llamada originaria de Estados Unidos al extranjero (esto incluye Latinoamérica, por supuesto), y viceversa. Los grupos de libertades civiles naturalmente están en contra, diciendo que atenta contra los derechos de los residentes del país al tener cierta privacidad.

Mientras tanto, en la contienda presidencial tenemos la postura casi esquizofrénica del precandidato Mitt Romney, quien recientemente comentó ante un grupo de residentes en el estado de Iowa que el gobierno federal debería retirar todos los fondos a ciudades que sirvan de “santuario” para los inmigrantes indocumentados. Eso, luego de asegurar ante un grupo de hispanos republicanos que la comunidad migratoria aporta mucho y deberíamos tener un gobierno federal que estuviera a favor de una política de mayor inclusión de la comunidad latina.

Y ustedes se creían que nunca pasaba nada en agosto.

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