| Incluye
los “delitos menores” y las
infracciones de tránsito |
Policía
de Prince William plantea nuevas
normas para averiguar estado migratorio |
Victor
Caycho
Washington Hispanic
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La
comunidad de Prince William (Virginia)
se ha movilizado en numerosas oportunidades
contra las medidas antiinmigrantes
puestas en marcha por el gobierno del
Condado. Foto: Miguel Alvarez
|
“
Los oficiales tienen el mandato para investigar
el estado de ciudadanía o inmigración
de cualquier persona que está legalmente
detenida por una violación de la ley
del Estado o de un reglamento del Condado,
si existe causa probable para creer que tal
persona infringe las leyes de inmigración
federal, y la investigación no se
ampliará más de lo que dure
la detención”.
Así reza una de las partes más
destacadas de la Nueva Orden General para
la aplicación de las leyes que sancionan
a los infractores de las leyes de inmigración,
presentada el martes 18 por el jefe de la
Policía de Prince William, Charlie
T. Deane.
La entrega y explicación de la ordenanza
se hizo ante los miembros de la Junta de
Supervisores del Condado, el nivel administrativo
más alto en dicha jurisdicción
del Norte de Virginia.
En su informe, Deane se comprometió a
poner en marcha la resolución aprobada
por el Condado el 10 de julio, la que es
considerada “antiinmigrante” por
diversas organizaciones defensoras de la
comunidad en la región.
Enfoque principal
Para ello, dijo que se castigará a
los infractores de manera “justa y
legal”, y que la labor de la policía
en tal sentido se enfocará “principalmente
en aquellos que sean inmigrantes criminales
y que puedan haber violado la ley de inmigración
federal”.
La propuesta del mismo Deane definió como “inmigrantes
criminales” a “los inmigrantes
que han cometido crímenes que los
hagan idóneos para ser deportados
de Estados Unidos”.
Entre los factores para proceder al arresto
y preguntar por el estatus migratorio se
encuentran infringir las reglas de tránsito
vehicular u otros “delitos menores” como
llevarse prendas de un establecimiento comercial,
así sean por pequeños montos,
agredir a alguien o apoderarse de alguna
suma de dinero menor de 150 dólares,
por ejemplo, según adelantó un
efectivo policial del área.
Las infracciones de tránsito pueden
ser los delitos más comunes para que
cada uno de los 514 miembros de la policía
de Prince William puede arrestar y preguntar
por el estado migratorio de cualquier persona
sobre la que tenga “una sospecha razonable” de
que es un inmigrante indocumentado.
Su “interpretación”
Al respecto, deja a la discreción
y al criterio del policía la “interpretación” para
decidir si debe preguntar por el estado migratorio
del sospechoso.
De proceder así, de inmediato lo reportarán
a la Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE) para que chequeen sus antecedentes
y ver si tienen órdenes de deportación
e inclusive si se encuentran ilegalmente
en el país por haber excedido el límite
de permanencia establecido en su visa de
turista.
Sin embargo, la ordenanza protege “a
las víctimas y a los testigos” de
crímenes, para quienes la investigación
correspondiente “se llevará a
efecto independientemente del estatus migratorio”
Por otro lado, el plan presentado por el
jefe policial requiere de un presupuesto
de 14,2 millones de dólares por cinco
años, para la ampliación de
plazas en el departamento de policía
y también en las prisiones.
Dicha suma será considerada en la
próxima reunión de la Junta
de Supervisores del Condado, programada para
el 2 de octubre.
Mientras tanto, organizaciones como Mexicanos
Sin Fronteras consideró como “absurdo
e ilógico” que el Condado gaste
tanto dinero “para expulsar a familias,
trabajadores, empresarios, consumidores y
contribuyentes que han ayudado a construir
esta nación”.
Arlington emite Resolución
de apoyo a los inmigrantes
Como una prueba más de que las autoridades
del Norte de Virginia se encuentran polarizadas
en el tema de la inmigración, la Junta
del Condado de Arlington adoptó el martes
18 una Resolución, en la que no sólo
expresa su apoyo a los inmigrantes sino que
exhorta “a las autoridades estatales
y federales a adaptar normas que promuevan
su integración a la sociedad”.
Walter Tejada, miembro de dicha Junta, consideró que
el acuerdo está en dirección
opuesta a las emitidas en otros Condados –específicamente
en Prince William-, a las que definió como “irresponsables,
punitivas e inspiradas políticamente”.
La Resolución de Arlington aclara que
dicho Condado “ha cumplido y seguirá cumpliendo
con las leyes estatales y federales relativas
a inmigración, incluyendo aquellas que
tienen que ver con el empleo y la elegibilidad
para los programas estatales y federales”.
Sin embargo, “no nos interesa crear una
cultura de temor”, según dijo
el presidente de la Junta del Condado, Paul
Ferguson.
“
La desconfianza en las autoridades policiales
crea una comunidad menos segura. Arlington
es una comunidad segura y unida y tenemos la
intención de mantenerla así”,
explicó.
La Resolución precisa que Arlington “rechaza
normas y prácticas que promueven discriminación,
hostilidad, abuso, explotación y temor
al gobierno”
Asimismo, indica que los servicios se implementarán “de
una manera que sea inclusiva, incluyendo el
suministro de materiales por escrito en diferentes
idiomas cuando se considere apropiado, el uso
de intérpretes en reuniones públicas,
la seguridad policial comunitaria que proporcione
protección por igual a todos y un acercamiento
proactivo así como la celebración
de las múltiples culturas que residen
en Arlington”.
| Fracasa
intento en el Senado |
Distrito
de Columbia con voz, pero sin voto
|
Victor
Caycho
Washington Hispanic
Apenas tres votos, todos republicanos, impidieron
el martes 18 que el Senado alcanzara los
60 votos necesarios para debatir una ley
que podría otorgar el derecho al voto
a los legisladores del Distrito de Columbia
(DC) en el Capitolio.
La decisión contrarió a numerosos
grupos de activistas que desde hace décadas
se encuentran en campaña para conseguir
la representación plena en el Congreso.
Actualmente, DC sólo cuenta con representantes,
quienes tienen derecho a voz pero no al voto.
El alcalde de la ciudad, Adrian Fenty --uno
de los principales promotores del derecho
al voto para DC junto a la representante
Eleanor Holmes--, se comprometió a
seguir batallando por esa iniciativa.
“
Por más de 200 años ha sido
denegado a los washingtonianos uno de nuestros
más básicos derechos como ciudadanos
estadounidenses y hoy el Senado fracasó cometiendo
un error mayúsculo”, expresó Fenty
en los pasillos del Senado.
Añadió que “no me detendré en
esta campaña hasta que los residentes
del Distrito de Columbia tengan la misma
voz en la Cámara de Representantes
como lo tienen todos los ciudadanos estadounidenses”.
Como alcalde de DC, Fenty tiene algunos privilegios
en el Senado, los cuales ejerció durante
el debate y el voto, dialogando con los miembros
de esa rama legislativa en busca de su apoyo
a la ley. Los analistas recordaron que se
trata de la primera ocasión en que
un alcalde usa dichos privilegios para respaldar
la legislación sobre el derecho al
voto.
En una declaración, Fenty agradeció públicamente
el apoyo que consiguió de parte de
los senadores Joseph Lieberman (Independiente,
de Connecticut) y Orrin Hatch (Republicano,
de Utah).
“
Ellos merecen un gran crédito por
toda su labor despegada sobre esta legislación
y continuaré trabajando de cerca con
ellos para asegurar que se apruebe la Ley
de Derecho al Voto en la Cámara de
Representantes para el Distrito de Columbia”,
sentenció.
A pesar de esta derrota, los analistas destacaron
los avances logrados para convencer a los
legisladores sobre la necesidad de conseguir
el voto para DC.
Hasta dos días antes de la votación
ya se había conseguido el apoyo de
61 miembros del Senado, según reveló Eleanor
Holmes.
Sin embargo, momentos antes de la decisiva
votación, el líder de la minoría
republicana en la Cámara Alta, Mitch
McConnell (Republicano de Kentucky), presionó a
los miembros de su bancada para votar en
contra, bajo el argumento de que dicha ley
es “claramente anticonstitucional”.
Se espera que la iniciativa sea reactivada
en los próximos meses, aunque una
eventual aprobación recién
podría darse en la legislatura de
2008.
| Abolió segregación
racial en escuelas |
Presentan
estampilla en honor a caso Méndez
|
Mitizi
Macias
Washington Hispanic
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Sylvia
Méndez (der.) develó la
estampilla en honor al caso Méndez
vs. Westminster. Foto Alvaro Ortiz/Washington
Hispanic.
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Poco conocido es el caso
de cuatro personas de origen mexicano que
se convirtieron en
los protagonistas del inicio de la lucha
por abolir la segregación racial en
las escuelas. Por tal razón, la Asociación
Nacional de Padres y Maestros (PTA, por sus
siglas en inglés), la Fundación
de la Herencia Hispana y la Oficina del Correo
Postal decidieron rendir tributo al conmemorarse
el 60 aniversario del caso Méndez
vs. Westminster, que terminó con la
segregación racial en las escuelas
en el estado de California. Este caso precedió al
caso Brown vs Junta de Educación que
puso punto final a las disparidades
educativas
en las escuelas en todo el país.
Los protagonistas del caso fueron Gonzalo
Méndez, William Guzmán, Frank
Palomino, Thomas Estrada y Lorenzo Ramírez,
quienes demandaron en marzo de 1945 a cuatro
distritos escolares por no permitir a sus
hijos asistir a las mismas escuelas que asistían
los anglos.
Tras el fallo a favor de las familias latinas
en 1946, el distrito escolar apeló,
pero el 14 de abril de 1947, el Tribunal
de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el
dictamen. Dos meses después, el gobernador
republicano Earl Warren, quien fuera posteriormente
presidente de la Suprema Corte de Justicia
de Estados Unidos cuando en 1954 se tomó la
decisión en el caso Brown vs. Junta
de Educación, aprobó el decreto
de ley que ratificó la abolición
de la segregación racial en las escuelas
de California.
Durante la ceremonia para rendir homenaje
a este primer paso en la lucha por los derechos
civiles de los inmigrantes hispanos estuvo
presente Sylvia Méndez que, en ese
entonces, era una niña que asistía
a tercer grado cuando junto a sus hermanos
fueron rechazados de la escuela. Ella fue
la encargada de develar la estampilla que
presentó en honor al caso el Correo
Postal de EEUU.
“
Estas cinco familias son reconocidas por
su contribución al movimiento de los
derechos civiles. Esta estampilla demuestra
la importancia que tiene la igualdad en la
educación”, expresó Sylvia
Méndez.
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