Treinta años después de la histórica decisión de la Corte Suprema, conocida como Plyler, la cual abrió los centros educativos de la nación a todos los niños sin importar su estatus de inmigración, hay todavía muchos menores en edad escolar que continúan encarando barreras para enrolarse y asistir a las escuelas, denunció el fiscal general de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Tom Pérez.

El fiscal pronunció el discurso central en un acto conmemorativo por el 30 aniversario de la Decisión Plyler, la tarde del lunes 11 en la sede de ACLU (American Civil Liberties Union), en Washington, DC.

Allí explicó que a lo largo de tres décadas “Plyler ha mantenido abiertas las puertas a la oportunidad para millones de niños a través de los Estados Unidos”.

“Plyler –continuó Pérez-, determina que todas las escuelas sirven a todos los niños en el país y representa la promesa de que el Sueño Americano debería ser accesible para todos”.

Acto seguido, Pérez puso en tela de juicio la ley de inmigración de Alabama, conocida como HB 56, a la que consideró “una locura”, porque, según explicó, “pone directamente en la mira a los estudiantes, al obligar a las escuelas a verificar el estado migratorio de los niños matriculados y de sus padres”.

Reveló que después de dialogar personalmente con padres, alumnos y maestros en una escuela de Alabama poco después de que la ley fuera puesta en vigencia, pudo compartir con ellos “el profundo e inmediato impacto que la HB 56 tiene en sus vidas”, dado que más de un 13 por ciento de los escolares hispanos del estado se retiró de las aulas desde el inicio del año escolar hasta febrero del 2012.

“Las ausencias de los estudiantes hispanos se triplicó después que la ley entró en efecto”, indicó.

Sin embargo, recordó que desde hace un año, conjuntamente con el Departamento de Educación, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia aprobó “una guía sobre el derecho de todos los estudiantes para matricularse en las escuelas sin importar el estado migratorio de sus padres”.

“Nosotros aprobamos la guía Plyler para ayudar a las escuelas a cumplir sus obligaciones, porque esa es la ley y porque mucho está en juego”, destacó Tom Pérez, quien añadió: “No hay ningún beneficio cuando un niño es puesto fuera del salón de clases; el costo para ese niño y para todos nosotros es demasiado grande”.