Como una victoria a medias ha sido catalogada la reciente resolución de la Corte Suprema sobre la controversial Ley de Arizona SB1070 al anular tres de sus provisiones antiinmigrantes, pero al considerar constitucional uno de los puntos más candentes de la legislación, que permite a la policía indagar por el estatus legal de una persona detenida por cualquier otro motivo y se tenga la “sospecha razonable” que carece de estatus legal.

Según abogados y organizaciones pro inmigrantes, que empezaron a interpretar los alcances de la decisión de la Corte Suprema, expresan que al implementarse esta porción de la ley se pueden cometer actos de discriminación por perfil racial, por lo que se debería definir con mayor exactitud en qué casos específicos la policía podrá indagar por el estatus migratorio de una persona. El gobierno habilitó una línea telefónica y correo electrónico para denunciar abusos. Por su parte la policía de Arizona ha manifestado su preocupación por la implementación de la ley, mientras la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) canceló el programa 287 (g) en esa jurisdicción.

La esperada resolución de la Corte Suprema con respecto a la constitucionalidad de la polémica Ley de Arizona SB1070 dejó un sabor agridulce a la comunidad inmigrante. El lunes 25 de junio por una decisión de 5 votos a favor y 3 en contra el más alto tribunal de justicia limitó el rol del estado en cuanto a la implementación de leyes para regular la inmigración ilegal, pero mantuvo viva una de las provisiones más importantes, considerada el corazón de la SB 1070, que permite a la policía local preguntar por el estatus migratorio de una persona detenida o en custodia. Esta provisión de la Ley de Arizona denominada “Muéstrame tus papeles” generó gran preocupación entre la comunidad inmigrante, en especial los residentes de Arizona y hasta del propio presidente Barack Obama porque podría dar paso a una persecución racial.

“Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses”, expresó el mandatario luego de conocer la resolución de la Corte Suprema.

Por su parte la gobernadora de Arizona Jan Brewer también salió al frente para cantar victoria, pero sus opositores señalaron que su declaración no es consistente con la decisión de la Suprema. Si analizamos los alcances de la ahora polémica cláusula 2b de la Ley de Arizona respaldada por la Suprema, que autoriza a la policía preguntar por el estatus legal de una persona detenida podemos ver que es muy similar a los programas conocidos como 287 (g) y Comunidades Seguras implementados en varios estados del país.

Las preguntas no se hicieron esperar y según los abogados y especialistas entrevistados la porción de la ley que entrará en vigencia el próximo 20 de julio no significa que la policía va pedir papeles bajo cualquier circunstancia a un inmigrante en la calle sino que sólo podrá preguntar por una prueba del estatus legal de una persona que haya sido detenida previamente por algún delito y tengan la “sospecha razonable” que el individuo carece de estatus legal.

“Esta decisión es en balance alentadora particularmente porque por un lado condena la interferencia de los estados en la implementación de las leyes de inmigración, pero por el otro, mantiene la puerta abierta para futuros retos bajo la provisión que cuestiona la persecución racial”, comentó el abogado Raymond Lahoud del bufete Baurkot Immigration Law & Deportation Defense Attorney. “En todo el país estos parches a las leyes estatales están creando más confusión en el marco de un caótico sistema de inmigración y arrastrando comunidades con costos legales como estas leyes discriminatorias que serán enfrentadas en Corte”, agregó el abogado.

La decisión de la Corte Suprema también hizo imperante la necesidad de aprobar en el Congreso una reforma migratoria integral para que finalmente se pueda cantar victoria en defensa de los derechos de la comunidad inmigrante indocumentada que vive en Estados Unidos.

Legislación entrará en vigencia el 20 de julio.

Para evitar los abusos
Debido a la gran controversia generada por la porción de la Ley de Arizona que avaló la Corte Suprema, el Departamento de Justicia activó de inmediato un número telefónico y un correo electrónico para que las personas denuncien posibles casos donde se produzca una violación a los derechos civiles de los implicados. Esta línea trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana. El número es 1-855-353-1010 y el correo electrónico donde se pueden reportar quejas es SB1070@usdoj.gov
Cabe resaltar que un fallo de la Corte Suprema es inapelable salvo que el caso vuelva a llegar a la Corte a través de una demanda. Según los abogados eso sería posible si se logran identificar casos de perfil racial.

Policía preocupada, mientras ICE cancela acuerdos
Los jefes de policía de Arizona y otros estados expresaron su preocupación porque consideran que les toca hacer cumplir una parte de la ley que realmente corresponde a un campo “inexplorado” por ellos.

Ellos argumentan que la ley no define por ejemplo en qué circunstancias se debe considerar “sospecha razonable” para creer que una persona está indocumentada.

“Es territorio desconocido”, dijo Tony Estrada, alguacil del condado de Santa Cruz, frontera con México. “Va a ser un reto. Es un tema complicado y no lo va a resolver esta decisión en particular”.

“Nos van a demandar si lo hacemos, argumentando persecución racial y nos van a demandar los ciudadanos si no lo hacemos, por considerar que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo de hacer cumplir la ley. Esta es una situación terrible para un policía”, dijo el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik.

Paralelamente, el mismo día que la Suprema emitió su fallo, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a los departamentos locales y estatales de la policía de Arizona que rescindía los acuerdos bajo el programa 287 (g) que les autorizaba a actuar como agentes de inmigración. ICE dijo que al igual que en Arizona rescindirá por separado los contratos de este tipo con otros estados del país.

Corte Suprema desestima provisiones
-Que convierte en criminal a un inmigrante indocumentado que no lleve consigo un documento federal para probar estatus legal.

-Tampoco es crimen que un inmigrante sin papeles trabaje o solicite trabajo. Esta medida favorece en gran medida a los jornaleros.

-La policía sólo podrá arrestar a un inmigrante indocumentado cuando exista una causa probable que cometió una ofensa pública que lo convierta en candidato para ser expulsado del país, es decir no puede detener a una persona por el simple hecho de considerar que está ilegalmente en el país.