La administración del presidente Donald Trump amenaza con retener parte de los fondos federales a los estados que no modifiquen las prácticas de votación y advierte a los funcionarios electorales estatales que se enfrentan a la detención si no eliminan a los no ciudadanos de los censos electorales.
Las cartas dirigidas a los estados y los detalles de las solicitudes de subvención son lo último en una serie de acciones emprendidas por la administración Trump para influir en los detalles de la organización de elecciones, que durante mucho tiempo han sido responsabilidad de los estados.
Los tribunales han rechazado en gran medida los intentos previos de la administración, que reflejan afirmaciones falsas sobre un fraude electoral generalizado y se producen a menos de cuatro meses de unas cruciales elecciones de mitad de mandato en las que los demócratas buscan tomar el control de una o ambas cámaras del Congreso y frenar el poder de Trump.
“En resumen, Trump está intentando utilizar todos los recursos a su alcance para interferir en la forma en que los estados y las localidades llevarán a cabo las elecciones de 2026”, afirmó Rick Hasen, profesor de derecho de la UCLA y director del Proyecto para la Protección de la Democracia. “Parte de esto busca modificar las reglas del proceso. Otra parte parece estar dirigida a socavar la confianza de los votantes en la integridad del proceso electoral”.
El Departamento de Justicia advierte a los funcionarios electorales sobre posibles enjuiciamientos.
En cartas enviadas el martes a los funcionarios electorales de los 50 estados y del Distrito de Columbia —a menudo secretarios de estado—, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia afirmó que ellos y otros administradores electorales podrían enfrentarse a cargos penales si, a sabiendas, permiten que personas que no votan ejerzan su derecho al voto o permanezcan en los padrones electorales.
También instó a los estados a que informaran al gobierno federal en un plazo de cinco días sobre cómo piensan cumplir con la ley.
Derek Muller, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame, especializado en derecho electoral, dijo que no está claro que la carta de los 50 estados signifique algo más que reiterar algunas partes de la ley, con una solicitud de seguimiento, "que estoy seguro de que muchos estados ignorarán".
La carta también advierte que cualquier persona que, a sabiendas y deliberadamente, proporcione información falsa al registrarse para votar o al votar, se enfrentará a un proceso penal.
Robert Weiner, director del proyecto de derechos electorales del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, afirmó que la tasa de participación electoral de los no ciudadanos es "infinitesimalmente pequeña" y sugirió que las acciones del gobierno están motivadas por factores distintos a la garantía de las elecciones.
“Preveo que el presidente está tratando de crear caos y luego usar ese caos para tomar medidas drásticas en los estados que se oponen a sus políticas o para negarse a reconocer los resultados de las elecciones en esos estados”, dijo Weiner.
Las subvenciones antiterroristas incluyen requisitos electorales.
Un anuncio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sobre subvenciones antiterroristas en junio incluye una lista de requisitos relacionados con las elecciones, indicando que el 20% de las subvenciones para los estados y las áreas urbanas se retendrían hasta que los cumplieran.
El programa incluye más de mil millones de dólares para estados y gobiernos locales y tribales destinados a diversos programas para prevenir el terrorismo en lugares concurridos, en línea, mediante la seguridad fronteriza y en torno a las elecciones. La FEMA prevé otorgar 56 subvenciones.
“Los beneficiarios pueden garantizar que sus esfuerzos contribuyan a un proceso electoral seguro, transparente y resiliente, reforzando así la confianza pública y la integridad de las instituciones democráticas”, indica el anuncio de la subvención, señalando que garantizar la seguridad de la infraestructura electoral es una prioridad de seguridad nacional.
La lista de requisitos para los estados incluye verificar la ciudadanía de todos los votantes registrados y de los trabajadores electorales.
Los lugares que utilizan sistemas de votación electrónica con códigos de barras o códigos QR para el recuento de votos tendrían que presentar planes para la transición a papeletas de voto impresas y marcadas a mano. Cada jurisdicción tendría que demostrar que realiza auditorías de los resultados.
Hasen, de la UCLA, afirmó que podría resultar difícil incluso para los estados que desean cumplir con la normativa. Según explicó, faltan muy pocos días para realizar algunos de los cambios, y otros requerirían que las legislaturas estatales aprobaran nuevas leyes.
La Casa Blanca remitió el miércoles las preguntas a la FEMA, que no respondió de inmediato a la solicitud de entrevista.
La respuesta de los estados parece ser partidista.
Algunos estados están oponiéndose, mientras que otros defienden las últimas medidas.
Parece que se están dividiendo según las líneas partidistas.
El secretario de Estado de Oregón, el demócrata Tobias Read, acusó al Departamento de Justicia de "volver a llamar a nuestra puerta con más amenazas y sin ninguna prueba que respalde sus delirios sobre un fraude electoral inexistente".
Las elecciones de Oregón son seguras, precisas y justas, afirmó, y añadió que no se siente "intimidado por amenazas políticas ni por controversias fabricadas".
La oficina de la secretaria de Estado de Michigan, encabezada por la demócrata Jocelyn Benson, afirmó haber discutido su trabajo repetidamente con el Departamento de Justicia y en declaraciones públicas, audiencias del Congreso y testimonios judiciales; información que, según indicó, "está en posesión del Departamento de Justicia o es de fácil acceso".
“Estaremos encantados de proporcionarlo de nuevo para ayudar a aclarar cualquier confusión”, dijo la oficina en un comunicado.
En un comunicado, el secretario de Estado republicano de Ohio, Frank LaRose, defendió la carta del Departamento de Justicia a los estados, afirmando que les recuerda su obligación legal respecto a la integridad electoral. Muchos estados no se lo toman en serio, dijo sin dar ejemplos ni presentar pruebas. Añadió que Ohio ha colaborado con el gobierno federal para garantizar la exactitud de sus registros electorales y que solo voten ciudadanos estadounidenses.
La oficina del secretario de estado de Georgia afirma que el estado ya ha tomado muchas de las medidas requeridas en la subvención de FEMA, incluida una auditoría de ciudadanía de los registros de votantes.
Varias de las medidas electorales de Trump han enfrentado resistencia.
Trump ha afirmado repetidamente y de forma errónea que el fraude le costó la reelección en 2020, y su administración ha presentado una serie de políticas y medidas destinadas a modificar la forma en que se llevan a cabo las elecciones.
En los últimos días, los tribunales han rechazado la solicitud del Departamento de Justicia para recopilar los nombres y la información de contacto de todos los trabajadores electorales de Georgia en las elecciones de 2020, así como otros intentos de obligar a Nuevo Hampshire y Pensilvania a entregar información detallada sobre los votantes registrados. Con estos fallos, el gobierno federal ha perdido más de diez casos similares relacionados con sus solicitudes de información a 30 estados y al Distrito de Columbia.
La semana pasada, un grupo de gobernadores demócratas solicitó al Servicio Postal de Estados Unidos que retirara su propuesta de norma para implementar una orden de Trump que buscaba crear una lista de votantes elegibles y, potencialmente, limitar quiénes pueden recibir una boleta electoral por correo. Un tribunal había suspendido previamente la orden , declarándola inconstitucional.
Asimismo, la semana pasada, la Corte Suprema reprendió a Trump y dictaminó que los estados pueden contar las papeletas enviadas por correo que lleguen después del día de las elecciones.
