Cuando la administración del presidente Donald Trump anunció la semana pasada que exigiría a los solicitantes de la tarjeta verde que presentaran su solicitud desde sus países de origen en lugar de hacerlo en Estados Unidos, el teléfono de la abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd no paraba de sonar con clientes preocupados por las implicaciones para ellos.
Lloyd no estaba segura de qué decirles, pero sabía que la nueva y confusa política ralentizaría las solicitudes.
“Tiene un efecto disuasorio porque tenemos algunos casos que íbamos a seguir adelante y ya puedo decir que deberíamos esperar a ver qué pasa”, dijo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el viernes que los extranjeros que se encuentren en el país y deseen obtener la residencia permanente deberán abandonar su país de origen y solicitarla allí, salvo algunas excepciones no especificadas.
El anuncio, que podría afectar a cientos de miles de solicitantes de la tarjeta de residencia cada año, fue la última política migratoria presentada por la administración republicana de Trump, que ha sorprendido y desconcertado a abogados , defensores y inmigrantes. También forma parte de un cambio de rumbo de la administración para centrarse en las vías legales de inmigración, tras haber enfocado desde el año pasado principalmente a los migrantes indocumentados en Estados Unidos.
“Esto es simplemente un intento de limitar y disuadir a la gente del proceso de inmigración legal”, declaró el abogado de inmigración Charles Kuck, añadiendo que preveía acciones legales contra el cambio. “Es una táctica para infundir miedo”.
Mientras los inmigrantes preocupados y sus empleadores inundan las oficinas de abogados de inmigración con preguntas, no está claro cuál será el efecto, qué excepciones podrían permitirse y cómo se aplicará la política en la práctica.
Algunos solicitantes de la tarjeta verde ya se enfrentaban a preguntas sobre por qué se les debería permitir presentar la solicitud desde Estados Unidos.
Un despliegue confuso para la nueva política.
Durante más de medio siglo, los extranjeros con estatus legal han podido solicitar y completar el proceso para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, incluidas las personas casadas con ciudadanos estadounidenses, los titulares de visas de trabajo y de estudiante, los refugiados y los solicitantes de asilo político, entre otros.
Eso pareció cambiar repentinamente el viernes, cuando el USCIS anunció el cambio en su sitio web.
“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en los EE. UU. y desee obtener una Tarjeta Verde deberá regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, dijo la agencia. En respuesta a preguntas de The Associated Press, el USCIS dijo que solo las personas que aporten un “beneficio económico” o un “interés nacional” podrían solicitarla desde los EE. UU.
El comunicado indicaba que los no inmigrantes, como los estudiantes o los trabajadores temporales, se encuentran en Estados Unidos de forma temporal y deberían marcharse cuando finalice ese plazo.
El USCIS también emitió un memorando de política más detallado, diseñado como guía para su personal encargado de resolver estos casos. Expertos en inmigración que intentaban descifrar la noticia señalaron que el memorando era más matizado, lo que generó confusión sobre el alcance real del cambio.
Un bufete de abogados de inmigración, Boundless Immigration, en una publicación de blog en su sitio web donde expone su interpretación de la política, dijo que se les estaba instruyendo a los funcionarios para que "aplicaran los estándares discrecionales existentes con mayor rigor", pero supuso que la política no detiene por completo el proceso de ajuste de estatus para los "solicitantes elegibles" dependiendo de la categoría de visa que tengan.
La empresa citó memorandos normativos anteriores sobre la adquisición de la ciudadanía que no habían dado lugar a medidas más severas en la práctica.
Las empresas de inmigración y los abogados se preguntan quiénes se verán afectados.
Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que la guía podría estar dirigida a personas que permanecieron en el país más tiempo del permitido por sus visas, como el padre de un ciudadano estadounidense que permaneció allí después de que expirara su visa, un empleado de una empresa que se trasladó a los EE. UU. o personas que se encuentran en el país con visas específicas para el clero y otros trabajadores religiosos.
“Parece que quizás su objetivo sean aquellos cuyo período de estadía expiró mientras estaban aquí”, dijo.
Kevin Miner, socio del bufete de abogados de inmigración Fragomen, declaró que preveía que las personas con visas de trabajo, como las H-1B , estarían exentas. Conocidas como visas de doble intención, estas permiten a quienes tienen visas de no inmigrante en Estados Unidos solicitar la residencia permanente. Dichas visas de doble intención se mencionaron específicamente en el memorando como posibles excepciones.
“Probablemente se trate de casos que seguirán su curso normal y en los que no veremos un impacto significativo”, dijo Miner, quien afirmó que el anuncio del viernes tomó a la gente por sorpresa.
Matthew Soerens, director de movilización de iglesias en Estados Unidos para World Relief, una organización que ayuda a reasentar refugiados en EE. UU., dijo que el lenguaje del memorando que se refiere a los casos en los que los inmigrantes tienen que ajustar su estatus en EE. UU. da a la organización "esperanza" y "expectativa" de que la guía no se aplica a los refugiados.
Los refugiados son personas que huyen de su país de origen y que cumplen con una serie de criterios específicos para ser admitidos en Estados Unidos tras un exhaustivo proceso de verificación. Deben completar el trámite de la tarjeta de residencia permanente un año después de su llegada a Estados Unidos y no pueden regresar a su país debido a los riesgos que correrían allí, explicó Soerens.
La administración Trump ha recortado drásticamente el número de refugiados admitidos en Estados Unidos este año y los ha limitado a sudafricanos blancos.
Según Soerens, las personas que ingresaron al país bajo un permiso humanitario, que permite a los presidentes admitir personas por razones humanitarias y que la administración demócrata del presidente Joe Biden amplió drásticamente, también podrían verse afectadas.
Es posible que muchas de esas personas ya tuvieran familiares en los EE. UU. o se hubieran casado con un ciudadano estadounidense, lo que potencialmente les ofrece vías para solicitar la residencia permanente, un proceso que ahora podría resultar complicado.
Según Dalal-Dheini, todos estos matices dificultan brindar asesoramiento legal general a las personas.
“Será algo que se analizará caso por caso”, dijo.
Un grupo afirma que los inmigrantes se enfrentan a preguntas sobre sus solicitudes.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración afirmó que varias personas que participaron en entrevistas para obtener la tarjeta de residencia permanente bajo las nuevas directrices se enfrentaron el martes a preguntas que no se habían formulado anteriormente a los solicitantes.
A una persona que solicitaba la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense se le preguntó por qué había solicitado el ajuste de estatus en Estados Unidos en lugar de regresar a su país de origen y presentar la solicitud en la embajada. Se le preguntó si existía algún factor que le impidiera presentar la solicitud en su país y si aún tenía familiares allí.
A otra persona se le pidió que presentara un formulario demostrando por qué se le debería permitir solicitar la residencia desde los EE. UU., y se le indicó que las pruebas debían demostrar que no representaría una carga financiera ni una "carga pública" para los EE. UU., y que podían incluir su declaración de impuestos de 2025, una carta de un empleador que indicara su salario y extractos bancarios.
Lloyd, la abogada de inmigración, dijo que ha enviado correos electrónicos a sus clientes corporativos y no corporativos informándoles que está monitoreando la situación y que se pondrá en contacto con ellos tan pronto como tenga más orientación y aplicaciones prácticas.
Dijo que cree que esta política disuadirá a algunas empresas de tramitar tarjetas de residencia para sus clientes.
“No quiero que la gente entre en pánico”, dijo. “Mi consejo es que esperen y vean”.
